Luego de que la Justicia le otorgara esta semana la libertad a Cacho Garay (71), comenzará ahora la etapa de audiencias donde se establecerá si humorista debe ser juzgado. Pero lo más importante no pasará por la elevación a juicio del expediente, sino cuáles de los 10 delitos por los que está imputado deben llegar a debate, es decir, si es juzgado por todos o sólo por algunos.
La jueza Natacha Cabeza había programado una audiencia donde se iba a tratar la oposición a la elevación a juicio que hizo la fiscal de Violencia de Género, Mónica Fernández Poblet, y que fue apoyada por los querellantes Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena en septiembre pasado.
Pues bien, Daniel Romero se opuso a esta medida y la jueza deberá tratar ese aspecto, que finalmente se tratará en una audiencia pautada para el 19 de mayo. Romero podría solicitar allí el sobreseimiento de alguna de las acusaciones o de todas.
De esta forma, tanto el defensor como los abogados querellantes ya están sacando cuentas en relación a la cantidad de delitos que podrían llegar a juicio. Sobre todo, a las acusaciones que tienen mayores penas, es decir, abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas en un número indeterminado de hechos y privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra una persona a quien se debe respeto particular en un número indeterminado de hechos.
Por estos delitos más graves, el comediante podría recibir una pena de hasta 8 años. En estos casos, se deberá considerar que nunca se logró conocer el contenido de teléfono que se le secuestró a Garay a pesar de haber sido peritado varias veces. Por lo tanto, nunca se encontraron videos o otros elementos que podrían probar este tipo de delitos. Aunque sí deben considerarse otras pruebas como, por ejemplo, las pericias psicológicas de ambos.
En cambio, se estima que sí podrían llegar a juicio delitos como amenazas simples y agravadas, coacciones simples y agravadas, robo simple, tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil (tres hechos) y desobediencia a una orden judicial, todo ello en concurso real y en contexto de violencia de género". Por estos delitos podría recibir una pena menor a los 3 años de prisión, por lo que quedaría libre, teniendo en cuenta que ya cumplió dos años de prisión (entre la efectiva y la domiciliaria).
Las partes creen que el juicio podría celebrarse antes de fin de año, pero el hecho de que el miércoles pasado la jueza Cabeza dictara el cese de prisión preventiva y, por lo tanto, la libertad del acusado, el juicio podría demorarse en beneficios de causas que tengan personas detenidas.
Como la estableció la magistrada, tras pagar una fianza de total de $ 7 millones (ya le habían fijado $5 millones con anterioridad), Garay deberá cumplir las siguientes reglas de conducta: prohibición de salir de Mendoza y de Argentina, entrega del pasaporte, presentarse a firmar semanalmente en la unidad fiscal interviniente.
Además, deberá continuar con tratamiento psicológico y psiquiátrico, debiendo presentar cada mes el certificado correspondiente. Sigue vigente la prohibición de acercamiento a menos de 700 metros de la denunciante, su ex pareja, quien ahora reside en Córdoba.
También tiene prohibición de contacto o acercamiento a los peritos y testigos, no debe el consumir alcohol ni drogas y no cometer delitos para que la medida se mantenga.