A pedido de la Justicia Federal, la Policía realizó hoy 25 allanamientos en Guaymallén y en la cárcel de Almafuerte para buscar teléfonos y profundizar la causa por lavado de activos contra 20 personas lideradas por Pedro “Peter” Morales Anisco.
Operativo en el barrio Grilli de Guaymallén. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.
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A raíz de una investigación que realiza la Justicia Federal por lavado de activos provenientes del narcotráfico y por una serie de estafas virtuales —ambos delitos realizados dentro de la cárcel de Almafuerte por una suma superior a los $500 millones—, la Policía contra el Narcotráfico (PCN) realizó 25 allanamientos en Guaymallén y en la cárcel de Cacheuta.
La medida no buscaba en este caso detener a personas relacionadas con la investigación liderada por las fiscales federales María Gloria André y María Eugenia Abihaggle, sino decomisar teléfonos y dispositivos electrónicos que puedan servir para confirmar el entramado de la investigación.
Y es que, según explicó una fuente judicial que trabaja en el caso, están bajo investigación más de 20 personas —algunas detenidas en la cárcel de Cacheuta y otras en libertad— que manejaron importantes sumas de dinero a través de billeteras virtuales cuyo origen no estarían en condiciones de demostrar.
Esta organización, según los investigadores, sería comandada por un preso cuyo nombre ha aparecido repetidas veces en las crónicas policiales de los últimos meses: Pedro Morales Anisco, conocido en el ambiente carcelario como “Peter”.
De hecho, mientras esta mañana la policía realizaba los allanamientos en distintas viviendas del barrio Grilli de Guaymallén y zonas aledañas, se realizó una requisa en el pabellón donde se encuentra detenido Morales, quien cumple una condena por homicidio y es considerado por las autoridades penitenciarias como un preso de “muy alto perfil” en la escala que clasifica a los reclusos por su peligrosidad y poder dentro del sistema penitenciario.
“Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en distintos domicilios, módulos penitenciarios y también incluyeron procedimientos vinculados a dos integrantes del personal penitenciario”, explicó esta mañana, desde el barrio Grilli, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.
La nueva investigación por lavado de dinero que pesa sobre la organización liderada por Morales es un desprendimiento de otra causa que comenzó en agosto de 2025, cuando Morales fue imputado por venta y distribución de droga dentro del penal, junto a otros internos.
En mayo pasado, el Tribunal Oral Federal N.º 2, durante un juicio abreviado, condenó a Morales a 6 años de prisión junto a Ángel Kevin Maximiliano Fernández, Juan Cruz Arregui y Marcelo Agüero Delclaux, quienes recibieron la misma pena.
Este último condenado es el padre de una niña de 12 años que fue baleada en la puerta de su casa, en Godoy Cruz en marzo pasado. El violento ataque es investigado por la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, quien concluyó que los negocios de Agüero y Morales dentro del penal de Almafuerte fueron el origen del ataque a la nena.
El 10 de abril pasado, la fiscal imputó a un joven de 17 años como presunto autor del ataque a la nena, por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real por dos hechos”, delito que tiene penas que van de los 12 a los 15 años de prisión.
El 20 de abril, por el brutal ataque, también imputó a Pedro “Peter” Morales Anisco por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en calidad de autor intelectual”.
El violento ataque a la niña de 12 años ocurrió cerca de las 19:20 del sábado 21 de marzo en la intersección de las calles Martín Coronado y El Carrizal, del barrio Los Cerrillos, cuando los vecinos alertaron al 911 tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego y ver a un hombre escapar corriendo del lugar.
Según los testigos, alguien golpeó la puerta de su vivienda y la menor salió a atender. En ese momento se produjeron los disparos y la menor resultó herida en una mano y en una pierna.
La niña recibió cuatro impactos de bala calibre 9 milímetros: dos en la pierna izquierda, uno en la derecha y otro en la mano derecha; mientras tanto, el tirador, que logró llegar a un patio interno de la vivienda, escapó por la calle El Carrizal y luego se habría subido a un auto que lo esperaba.
En la escena trabajó la Policía de Mendoza junto a peritos que secuestraron vainas servidas calibre 9 milímetros. También se investigó un tiroteo ocurrido días antes en la calle Renato Della Santa, un lugar que tendría relación con la tía de la niña.
Tras la internación de la nena, Johana, la madre, contó que reconstruyó el momento con crudeza: “Yo entré al baño y ella fue y abrió la puerta. La vi porque tengo un antepatio. Golpearon la segunda vez más fuerte y le tiraron. Ella cayó al piso. Había niños jugando. No hay detenidos. No se sabe, está todo bajo investigación”.
Tras el ataque a la menor, la desesperación fue inmediata: “Mi hija se estaba desangrando y los vecinos empezaron a ayudarme para asistirla. Un vecino la subió a la camioneta, la llevamos al hospital Lencinas y de ahí nos trajeron al Notti. De inmediato la pasaron a cirugía”. Hoy la menor se recupera tras recibir el alta médica.
Durante la conferencia de prensa que la ministra Rus ofreció en Guaymallén, la funcionaria señaló que estas investigaciones están directamente vinculadas con el fortalecimiento de los controles penitenciarios y con la detección de maniobras de extorsión y comercialización de drogas dentro de los complejos carcelarios.
En ese sentido, informó que durante los primeros meses del año se secuestraron 1.557 teléfonos celulares en las cárceles provinciales y que actualmente se registran, en promedio, 46 novedades mensuales producto de las requisas y controles realizados.
Rus explicó que estos resultados están vinculados a la implementación de las denominadas requisas FORMA, una modalidad que reemplazó el esquema rutinario de controles dentro de los establecimientos penitenciarios. El sistema se realiza mediante equipos especiales que llevan adelante procedimientos sorpresivos y aleatorios, sin informar previamente los sectores donde se desarrollarán los operativos.
Además, detalló que esta metodología se aplica en las 22 unidades penitenciarias de la provincia, con especial énfasis en los complejos de Luján, Boulogne Sur Mer y San Felipe.
Paralelamente, el Gobierno provincial avanza en la incorporación de tecnología para reforzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios. Entre las medidas previstas se encuentra la adquisición de un body scan, que permitirá optimizar el control de las personas que ingresan a los penales, agilizar el acceso de las visitas y mejorar la capacidad de detección.
A estas acciones se suma la incorporación, el año pasado, de cámaras de vigilancia para fortalecer los controles y mejorar los mecanismos de supervisión.
Como resultado de estos procedimientos, se secuestraron cerca de 3.700 gramos de cocaína y aproximadamente 9.000 gramos de marihuana.
Finalmente, Rus reafirmó que el objetivo es desarticular la comercialización de drogas dentro de los establecimientos penitenciarios y las conexiones que operan hacia el exterior, en una estrategia que se desarrolla en coordinación con el Ministerio Público Fiscal de la Nación.