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Las discusiones paritarias en Mendoza están mostrando una realidad: el gobierno ofrece un porcentaje que no conforma a los sindicalistas. Cuanto más les ofrecen más se enojan ya que ellos responden a una lógica, y es que al ser un año electoral debería ser el apropiado para hacer diferencias (por eso algunos piden el 50% de aumento) mientras el gobierno no tiene cómo conseguir recursos.
El problema de esta discusión es que los sindicalistas no han dicho cuánto quieren y esto responde a la lógica antes señalada (lo que más se pueda). En realidad, y en el caso de los docentes, el gobierno ha llegado al 26,5% (15 + 10) y difícilmente pueda estirarse más, ya que los números no le cierran.
No hay que olvidar que en áreas como seguridad, salud, justicia y educación se produce un crecimiento vegetativo de los empleados, conforme al crecimiento de la población que requiere servicios y, por lo tanto, hay aumentos presupuestarios aunque no hubiese aumentos de sueldos porque crece la planta de trabajadores.
Lo cierto es que el crecimiento del presupuesto ha sido muy grande en los últimos dos años, no obstante lo cual también han crecido los déficits y, con ello, el endeudamiento. Este aumento del 26% promedio que el gobierno está dispuesto a ofrecer a sus empleados sólo puede pagarse con más endeudamiento o con paralización de obras públicas.
Los ingresos de coparticipación han mejorado ya que a nivel nacional crecen más los impuestos ligados al desempeño de la economía, que son coparticipables, que aquellos vinculados con las retenciones a las exportaciones, que están cayendo. Esto también explica los problemas de financiamiento del Estado nacional.
Según datos de la consultora Economía & Regiones, durante febrero de 2013, Mendoza recibió un 38% más de fondos coparticipables en comparación con el mismo mes del año anterior, aunque cayó un 25% la transferencia correspondiente al Fondo Solidario, constituido con retenciones a las exportaciones de soja.
En el aumento de la masa que se reparte a las provincias, han incidido el aumento del impuesto a las ganancias de las personas físicas (sobre todo de trabajadores en relación de dependencia), el IVA/importaciones y los aranceles de importación (por aumentos de aranceles y mayores importaciones). El IVA/consumo interno creció un 27%, casi en línea con la inflación, mostrando que en el segundo mes del año el crecimiento neto de la economía fue casi nulo.
No sabemos hasta dónde llegará la puja. El gobierno pronto dirá “me planto” y los sindicalistas tendrán que mostrar su juego. Lo cierto es que los recursos del Estado no sólo son para personal y este gobierno ya excedió un límite razonable del 55% del presupuesto para estos fines. No tendría sentido ni sería perdonable que se endeuden para pagar mayores sueldos.
