A 12 días de la resolución del tribunal de alzada que dejó en libertad a los empresarios Cristóbal López y a su socio Fabián de Sousa, luego de un cambio de carátula en la causa en la que son investigados por la falta de pago a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de 8.000 millones de pesos por impuestos a los combustibles, la fiscalía general pidió ayer que los procesados vuelvan a prisión y, además, pidió la detención del titular de esa agencia durante el anterior gobierno, Ricardo Echegaray.
El pedido lo presentó el fiscal federal Germán Moldes a la Sala 1 de la Cámara Federal porteña, la misma que el pasado 16 de marzo liberó a los dos empresarios detenidos desde diciembre pasado, luego de cambiar la carátula de la investigación del delito penal de presunta "defraudación al Estado" por el delito tributario de también presunta "evasión impositiva".
La sentencia de la Cámara Federal porteña quedó manchada de sospechas luego de que la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, pidiera investigar ante el Consejo de la Magistratura un presunto pago de coimas.
Los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero beneficiaron a López y De Sousa con la excarcelación, al considerar que cometieron el menos grave delito de evasión por no pagarle a la AFIP 8.000 millones de pesos por el impuesto a combustibles que cobraron en su condición de propietarios de su empresa Oil Combustibles, por su venta en estaciones de servicio, dinero que debía entregarle al Estado. Esa compañía se presentó en concurso de acreedores ante la AFIP en 2016..
Pero para el fiscal Moldes, que se sumó así a un pedido en el mismo sentido que hizo la AFIP, el ex titular de esa agencia, Echegaray, jugó un papel clave en esa operación por lo que reclamó también su detención.
"El personal principal de la maniobra dilucidada en este legajo se llama Ricardo Echegaray, el antes todopoderoso jefe de la agencia recaudadora del Estado y ahora el tal vez temido custodio de secretos comprometedores. Echegaray debe seguir la suerte de López y De Sousa en lo que a cautelares personales se refiere (me refiero concretamente a la prisión preventiva que limite su libertad con el único fin de evitar la la frustración del proceso)", sostuvo Moldes.
Además, consideró que el caso reviste "notoria gravedad institucional" y que generó "indignación social y ha dado lugar a tanto cotilleo y chismorrería mediáticos", en referencia a los votos de Farah y Ballestero, contra el voto en contra del tercer integrante de la Cámara, Leopoldo Bruglia.
En síntesis, Moldes reclama que vuelvan a ser investigados por defraudación a la administración pública y que mientras tanto estén con prisión preventiva.
Según el fiscal, el titular de la AFIP "quebrantó el deber de fidelidad" sobre el cuidado de los fondos y tenía "todas las facultades, posibilidades y condiciones para desarrollar las acciones necesarias para percibir los tributos y regular los planes de facilidades a los deudores" de la agencia de recaudación.
"López y De Sousa se quedaron con dinero por cuya custodia debía velar, y luego (Echegaray) armó dentro de su estructura de actuación unos planes de tolerancia que causaron perjuicio cierto al organismo que comandaba, pero permitió que estos empresarios se dedicaran a refinanciar y ampliar ilegalmente el grupo económico que dirigían", agregó.
Incluso, fundamentó su dictamen con consideraciones políticas: "Así como (el ex ministro de Planificación hoy detenido Julio) De Vido fue el tramoyista de la obra pública estatal durante una década, Echegaray lo fue de los perdones direccionados de la AFIP en el mismo período.
El maridaje pone a la luz la existencia de una guaranga matriz corrupta como pocas veces hemos visto y cuyas consecuencias recién ahora empezamos a dilucidar.
Debemos pues duplicar la precaución y los esfuerzos porque todo ese poder, esa ingente cantidad de fondos sustraídos de las arcas del Estado, pone a estos encartados en una posición relativamente más cómoda: la facilidad de eludir el accionar de la justicia sustrayéndola por todos los medios del progreso de las investigaciones en curso".
Y concluyó: "Los tres encartados -en referencia a los dos empresarios y a Echegaray- ostentan de sobra posibilidades, razones y medios para sustraerse del accionar de la Justicia frente a la complejidad de su situación procesal".
La apelación de Moldes, al igual que la de la AFIP -querellante en la causa-, será evaluada por la misma sala de Cámara que dispuso las excarcelaciones. Es decir, será la que resolverá si el reclamo pasa o no a la Sala correspondiente de la instancia superior, Casación Penal. En caso de rechazo está la posibilidad de llegar a ese reclamo "en queja".
