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El gobierno de Francisco Pérez transita los últimos días de su primer año dedicado por completo a una sola idea: reformar la Constitución. Monotemático, enceguecido, obsesionado con ese proyecto que se transformó en la sustancia aglutinadora de las fuerzas de todo el peronismo, parece dispuesto a avanzar aunque ello implique destruir su relación con la oposición y hasta pasar por alto la voluntad popular predominante.
Tanta insistencia con la reforma, está claro, ha ayudado al Gobierno a posicionarse en el escenario político como no había podido hacerlo en sus primeros meses, pero también, y esto es lo peligroso, a evadirse de la Mendoza real, ésa que ha cambiado poco y nada desde que comenzó la gestión, más allá de algún maquillaje disimulador.
Todos los días, varios funcionarios trabajan horas extra militando la reforma constitucional, como si estuvieran inmersos en una campaña electoral. El vicegobernador Carlos Ciurca, el ministro de Gobierno Félix González y hasta Marcelo Costa (en un terreno ajeno al del Ministerio de Hacienda), entre otros, han ocupado sus horas libres en intentar convencer a dirigentes empresarios y líderes sociales de los beneficios del proyecto.
Pero, hasta ahora, tanto entusiasmo no alcanza para atrapar a la sociedad sino todo lo contrario: el 8N y las pocas encuestas confiables que circulan lo demuestran. Igual, el oficialismo se empecina, como si una nueva Constitución fuera a cambiar la vida de golpe a 1.800.000 mendocinos.
Una ojeada a las reformas hechas en otras provincias muestra que mucho de lo que quiere incluir el Gobierno no son más que declaraciones de buenas intenciones. El mejor ejemplo es el derecho a la vivienda: un buen slogan,pero incumplible. Desde las 100 mil “soluciones habitacionales” de Bordón para acá, todos han hecho campaña con las viviendas y sin embargo hay 100 mil familias que no tienen techo propio. Una cifra que, al ritmo actual y si no se agregara una sola casa a las que faltan ahora, llevaría cincuenta años y una docena de gobernadores cubrirla.
En guerra
La obsesión del peronismo ha llevado a una redefinición de oficialismo y oposición en Mendoza: son oficialistas, sin importar el partido en el que militen, todos los que apoyan el proyecto de reforma constitucional, aunque eufemísticamente sólo digan que se debe dar la oportunidad de discutir; son opositores todos los que rechazan esa idea. A los primeros se les promete el paraíso, con obras y cargos; a los segundos, un eterno purgatorio. La exclusión de los cuatro intendentes radicales antirreformistas de la reunión con el ministro Julio De Vido, en la que se habló del plan de obras municipales que va a financiar la Nación, dejó en claro el nuevo esquema.
El Gobierno provincial primero culpó a los ausentes de no haber hecho un trámite previo pero después, con el paso de las horas, admitió la intencionalidad: no se puede invitar a quien critica a la Presidenta y su modelo, palabras más palabras menos repitieron el Gobernador y el intendente de Guaymallén, Alejandro Abraham, habitual vocero petardista del PJ. Se podría sumar un mensaje subliminal: no vamos a hacer nada para incluir a aquellos que se oponen al proyecto provincial. No importa ya que el propio Pérez dijera hace unas semanas que esas obras iban a ser “para todos y todas las mendocinas”.
Está claro que no podía haber extraños en una reunión en la que también el ministro kirchnerista iba a relanzar la idea de la re-reelección. De Vido desgranó su discurso ante sólo dos “no peronistas”. Uno, el intendente de Capital, Víctor Fayad, que desde que asumió en 2007 mantuvo la coherencia de posicionarse siempre cerca de los gobiernos nacional (con Cristina Fernández de Kirchner) y provincial (primero con Celso Jaque y ahora con Pérez). Tanto que en su partido dicen que es el primer “radical CFK”.
El otro, el demócrata sancarlino Jorge Difonso, es un caso más difícil de explicar, no sólo porque su partido siempre se opuso a cualquier retoque constitucional sino porque sus declaraciones políticas siempre fueron críticas hacia el kirchnerismo y cuando accedió a la intendencia en 2007 lo hizo con una extraña alianza con cinco candidatos presidenciales que enfrentaron a Cristina.
La postura de ambos intendentes “oficialistas” quedó en claro dos días después en el Congreso de Municipalidades, donde el tema principal fue, otra vez, la reforma. El PJ cedió a Fayad y Difonso un espacio en el cierre, al que faltaron los cuatro radicales antirreformistas.
El vínculo con la oposición, que empezó con gestos de acercamiento de Pérez hacia el
presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, fue carcormiéndose día a día desde que el Ejecutivo avanzó con su idea reformista. “Ahora estamos en el peor momento de las relaciones interpartidarias”, admite uno de los negociadores del Ejecutivo, aunque niega que el diálogo esté roto. Desde la otra vereda, un radical coincide en parte: “Es el peor momento de la relación con Pérez”. Para él, el diálogo sí está roto y se queja de las poses y el doble discurso oficial. A renglón seguido advierte: “Ahora se viene el Presupuesto y vamos a ser implacables”.
Una encuesta que terminó hace una semana Elbio Rodríguez, a pedido del radicalismo, muestra el rechazo social al plan del PJ. El 58% está en desacuerdo con autorizar la reelección del gobernador (de cualquiera, no sólo de Pérez) y un 36% la apoya; el 71% no cree que la reforma permita un mayor control a los gobernantes y el 55% cree que puede ser un globo de ensayo para avanzar con la re-re de Cristina. Por eso es allí donde focaliza su discurso la oposición.
Ese ánimo social tal vez sea la causa de un plan, muy difícil de explicar y justificar, que analizan en Casa de Gobierno para lograr la reforma y que consiste en promulgar como válida la consulta popular hecha en 2001 por el gobierno del radical Roberto Iglesias, hoy su aliado en esta cruzada, y directamente llamar a una elección de convencionales constituyentes.
Para ello debe pasar por alto dos obstáculos. El primero es legal y tiene que ver con que, desde 1989, un fallo de la Corte ubicó “la mayoría” que requiere la Constitución en su artículo 221 en la mitad más uno de los empadronados y no de los que efectivamente votaron. En aquella consulta de 2001, el sí a la reforma apenas pasó el 40% de los que fueron a votar. Tampoco alcanzaría. Pero si se descuentan los votos en blanco, los nulos y los impugnados, entonces sí llegaría. Suena demasiado amañado.
El otro obstáculo es más complicado aún de defender: la legitimidad. Once años parecen una eternidad y muy pocos de los que votaron seguramente recuerdan qué opción eligieron. Pero, además, con esta movida el Gobierno pasaría por alto la voluntad actual de los mendocinos, tanto de los que votaron aquella vez como de los miles que se sumaron durante todo ese tiempo al padrón.
A dónde vamos
Mientras la reforma es el eje oficial, los problemas están a la vuelta de la esquina. En los propios datos oficiales aparecen obstáculos que se agigantan y tienen que ver con la economía. Hasta el Indec reconoció un estancamiento de la actividad económica en setiembre.
Un estudio de una consultora local que se difundirá esta semana muestra que la actividad económica se ha “desacelerado en forma importante”. Así, Mendoza, que venía creciendo trimestralmente a un ritmo del 4 a 7%, en el primer trimestre de este año creció 2% y en el segundo y tercero directamente se estancó. Los más perjudicados son los sectores productivos y apenas se salva el rubro de servicios, como el comercio y el sector financiero. Cuando se analiza el año próximo, mientras que a nivel nacional puede haber una recuperación, para la provincia las noticias no son buenas por la pérdida de competitividad del sector exportador local.
Pero el Gobierno no habla de esto. A tono con el discurso nacional, la crisis económica es un mal externo y parece no existir. Como no existe la inflación desde que se decidió eliminar la medición local porque los números de la Dirección de Estadísticas venían dejando en evidencia la falsedad de los datos del Indec.
El riesgo es grande: cuando se apuesta a todo o nada, se puede ganar mucho o perder todo....