Nada sale según lo planeado. Ésa es la cruel conclusión a la que el gobierno de Francisco Pérez se enfrentó en esta semana negra en la que no sólo vio cómo se derrumbó en sus narices una inversión de 6 mil millones de dólares de la minera Vale sino que también la interna del PJ tuvo formal declaración del inicio de las hostilidades entre el ciurquismo y los azules. Además, el recrudecimiento del reclamo gremial con la efectivización del paro de 72 horas de los maestros y la huelga de la salud y la administración pública, ha puesto piso a la conflictividad social que amenaza lo que resta del año.
Finalmente, la esperanza de revertir el otorgamiento irregular de pozos que el propio gobernador anunció como plato fuerte de su discurso vendimial, se transformó en un búmerang que arrastra ahora su antecesor, Celso Jaque (denunciado junto al entonces superintendente "azul" de Irrigación, Eduardo Frigerio) y que vuelve a repercutir no sólo en el delicadísimo equilibrio interno del oficialismo sino en una materia en la que tanto por este caso como lo que vendrá con los mineros brasileños, la Provincia está floja de papeles: la seguridad jurídica.
La sumisión es oficialista; la hipocresía, opositora. Pese a las reiteradas luces de alerta, en el Gobierno (ni qué hablar entre los empresarios) nadie se explica cómo las cosas con Vale llegaron al punto que nadie quería (o creía). Pérez demostró que su rol de intermediario o gestor nacional ha resultado insuficiente y que, en todo caso, las cuestiones de fondo por las que Vale pide parar la pelota están directamente vinculadas a un modelo económico -que Pérez acompaña, defiende y sostiene- que no sólo niega la inflación ( y con ello, el fatal impacto para el desarrollo de inversiones a largo plazo), sino que además ha establecido un cerco cambiario que hace que emprendimientos de este tipo sean -como reflejó la prensa brasileña- directamente "inviables".
Pero a fuerza de ser profundos, tal vez las causas de la debacle de hoy haya que buscarlas muchos años antes. Un referente indiscutido del sector reflexiona que lo de Vale, como antes la víctima había sido San Jorge, es fruto de "una no-política de Estado en minería" y cataloga la actuación pública como un "escandaloso fracaso" que tiene raíz en "las dudas de Cobos que permitieron la ley 7.722, en las constantes dilaciones de Carmona y en los miedos de Pérez que subordinó a sus intereses políticos personales: su candidatura. Hoy estamos pagando todos estos años de no saber qué hacer o de hacer lo que resultaba menos antipático...".
Sin embargo, y así como el oficialismo carga sus culpas, la oposición parece desgarrarse ahora las vestiduras por la minería. Incluso al extremo de querer modificar el estatuto de la empresa provincial de energía (Emesa) para incluir a la minería. Algo que -justamente- se sacó de la discusión legislativa para no generar "conflictos" y a lo que ahora se le pretende echar mano para que el Estado provincial pueda hacerse cargo -al menos mínima y simbólicamente- de un mega proyecto al que por simple lógica de escala difícilmente pueda operar.
Al respecto, algunas expresiones de dirigentes opositores pidiendo explicaciones por Vale cuando han sido funcionales (por acción u omisión) al discurso demonizador de la actividad, resultan por lo menos increíbles.
La posibilidad de que Vale tome el camino de la expropiación es otra vía peligrosa que, sin embargo, el kirchnerismo no niega y hasta incluso deja traslucir. ¿Qué significan las palabras de Pérez cuando dice que el "proyecto seguirá a como dé lugar"? ¿Cuál es el plan? ¿YPF será el "modelo" de gestión para Potasio Río Colorado? ¿Autoridad o bravuconada? Difícil es explicar lo que no se previó, o lo que se minimizó cuando no mucho tiempo antes, el propio Pérez y Cristina Fernández ponían a Vale como ejemplo del desarrollo productivo minero que el kirchnerismo alentaba.
La colimba no es la guerra. Las conferencias de prensa altisonantes en Buenos Aires no alcanzaron para tapar demasiadas dudas sobre el futuro de Vale. Punto aparte: en medio de tremendo conflicto, el renovado pedido por la re-reelección de Cristina que Pérez pronunció ante el gabinete nacional parecía destinado a una reunión privada de militantes más que a una declaración pública transmitida en vivo y en directo por los canales de noticias porteños. Lo cierto es que allí, entre esa excitación que le produce jugar de local y frente a tan calificada tribuna, Pérez no sólo se declaró "soldado de Cristina", sino que -tal como respaldó luego el ministro Julio De Vido- comenzaron a sentarse las bases para una abrupta finalización de la concesión a Vale. Sin dudas, una acción efectista pero cuya materialización no habrá de resultar tan sencilla para Mendoza ni para el gobierno nacional.
Los especialistas coinciden en que en el caso de Vale, las obligaciones a cumplir por la empresa, previstas en la legislación y en el Código Minero, para no poner en riesgo la concesión son tres: el pago de un canon, la inversión de capitales y el trabajo razonable. Si no se cumplen algunas de ellas, el Estado puede hacer "caducar" -no quitar, como se ha deslizado- la concesión.
El canon es una obligación anual de bajo costo. Aunque Vale no lo hubiera pagado, el Estado debe emplazar en 45 días para regularizar previo pago de una multa, pero no hay "quita" posible sin este plazo. La inversión está ampliamente justificada (se habla de 2 mil millones de dólares), incluso con el proceso previo y los anteriores dueños del yacimiento: Minera Tea y luego Río Tinto. En el supuesto de que esta inversión no se hubiera realizado o se la considerara insuficiente, el Estado deberá también emplazar en 30 días. Finalmente, y respecto del trabajo razonable, el artículo 225 del Código Minero establece que se considerará una paralización cuando hayan transcurrido cuatro años sin trabajar, y aún así debe haber un emplazamiento para reactivar la tarea en un plazo de seis meses.
Del fomento a la intervención. La conciliación obligatoria dictada el viernes, tras el último fracaso en las negociaciones, demuestra el apuro del Gobierno nacional por evitar que la fuga de Vale se transforme en un vendaval de cuestionamientos que principalmente involucren a Pérez por sus reiteradas sobreactuaciones sobre lo que el proyecto de Malargüe iba a significar en su zigzagueante política minera.
Apostar todas las fichas al paraguas nacional lo dejó sin margen para la diferenciación o la moderación que, por ejemplo, no lo hubieran puesto (al momento del crack) en el centro de la escena como caracterizó el influyente diario brasileño O Globo. En una editorial, definió a Pérez como un replicador del "estilo intervencionista del gobierno peronista de Cristina Fernández". Por supuesto, todo esto después de despacharse contra el clima "antinegocios" y la fenomenal "cultura política de presión" que abunda en el país.
Está claro -en especial luego de la experiencia Repsol- que una decisión extrema contra una empresa extranjera puede concretarse bajo cualquier argumento. Sin embargo, también está claro que si Pérez cree que un rayo divino pulverizará a los brasileños y dejará el campo librado para que Kicilloff despliegue alguna estrategia, eso tampoco será así. Pese a sus enojos, la minería seguirá siendo su eterno calvario. Por izquierda, por derecha o en el altar del Ciadi donde ya reposan las demandas de Saur y Electricité de France por OSM y Edemsa.
Algo se mueve. Pérez actúa como si fuera oposición: pone todos los problemas fuera de su alcance, de sus responsabilidades y -para peor- de su decisión. Una estrategia de la resignación que, fiel al mandato K, implica -siempre e indefectiblemente- culpar a los demás por todo lo que sucede.
Es de esperar que el conjunto del peronismo acompañe esta lógica aunque las fisuras, cada vez más hondas, pueden deparar sorpresas. La interna está alcanzando un grado de virulencia inédito y, por más que todos declamen su encolumnamiento, por lo bajo cuestionan la conducción política y las "libertades" que su vice Ciurca ha tenido en este tiempo. Ni siquiera en su tropa todas las estanterías parecen estar firmes.
