Con el problema generado por Vale encima, el gobierno de Francisco Pérez necesita desactivar otros frentes de conflicto que puedan complicar la gestión en un año bravo en lo financiero y crucial en lo electoral. Por eso la noticia del acuerdo con el gremio docente, que aceptó ayer un 25% de aumento salarial en una sola cuota a partir de marzo, trae alivio a la administración justicialista, que ahora apuesta a que la desactivación de la discusión paritaria con el SUTE se pueda trasladar al resto de los gremios que mantienen medidas de fuerza.
Detrás de los problemas de gestión, la dirigencia peronista se debate en una interna que termina movilizando al partido, como se vio en la convocatoria del sector que lidera Ciurca con los intendentes Abraham y Miranda. Siempre hay quienes han dicho que una interna a veces se transforma en un mal necesario para un gobierno.
El de Potasio Río Colorado es un problema de difícil resolución. Lo sabe muy bien el Gobernador. Desde la oposición se hizo reflexionar al Ejecutivo sobre la tardanza (¿o desidia?) que tuvo para advertir la crisis que se comenzaba a gestar cuando Vale hizo una advertencia de los problemas que empresarialmente le generaba la situación económica argentina. Esa lentitud de reacción, tanto del gobierno local como del nacional, condujo al actual lamento por la inversión perdida, más allá de las críticas de rigor que políticamente se realizan a la minera brasileña.
Francisco Pérez ha convocado para mañana temprano a los diputados y senadores nacionales por Mendoza del radicalismo para escuchar opiniones y abrir el diálogo en la búsqueda de una salida consensuada.
El gesto es bueno, porque de algún modo mantiene vivo el diálogo que ha caracterizado, en mayor o menor medida, a la política mendocina. Pero los legisladores de la UCR ya anticiparon que no tienen muchas esperanzas en lo que se pueda resolver en ese encuentro. Consideran que la situación de la economía en el país en estos momentos desalienta la llegada de inversores, si entre las alternativas que se plantean a futuro está la posibilidad del control del Estado ante una eventual caída de la concesión de la empresa brasileña.
A través de un proyecto el senador nacional Ernesto Sanz pretende que las principales autoridades de Economía expliquen por qué el emprendimiento del sur de Malargüe pasó de ser "la inversión extranjera directa más importante de Argentina" y "un ejemplo para mostrar que la Argentina no está aislada del mundo y es un país confiable", según dichos de la presidenta Cristina Fernández, a una empresa víctima de "la inflación, el tipo de cambio y conflictos político-sindicales".
El escepticismo no es sólo de los radicales. Desde el Partido Demócrata también consideran que el gobierno local ha quedado atrapado por los desatinos del manejo económico.
Entienden que quitar la concesión a Vale generaría más desconfianza en el país y en la provincia. Se alude a la seguridad jurídica y ponen como ejemplo la controvertida forma de hacerse de la mayoría accionaria de YPF que eligió el año pasado el kirchnerismo. "Pensar en la nueva empresa provincial de energía es algo muy lejano. Hay que hablar de una inversión de 6 mil millones de dólares. Es más viable buscar que Vale se asocie o venda a otra empresa", reflexionó ayer el senador Carlos Aguinaga.
Sin dejar de admitir que la de Vale es una legítima decisión empresarial, al gobierno de Pérez le cabe ahora cuidar el mayor detalle: el problema social y laboral derivado. No hay que descartar que se enfoque hacia ello en el corto plazo. Por eso el vicegobernador Ciurca explicó en la semana que se debe tener previsto un plan de contingencia para cuando venza el plazo de la conciliación obligatoria. En el cuarto piso de la Casa de Gobierno analizaban todas las alternativas legales para que una eventual presentación judicial del gobierno de Francisco Pérez contra Vale contenga efectividad y no signifique un paso en falso.
