La presidenta del Observatorio de Falsas Denuncias alertó sobre la magnitud del fenómeno en Mendoza y el país, criticó la falta de datos oficiales y cuestionó el rol de la perspectiva de género mal aplicada en los tribunales. “Esto destruye vidas y separa a padres de sus hijos por años”, sostuvo.
En Mendoza, como en el resto del país, las falsas denuncias son un problema del que poco se habla. En diálogo con Aconcagua Radio, la abogada Patricia Anzoátegui aseguró que el problema atraviesa a todo el sistema judicial argentino. Denunció que no existen estadísticas oficiales, que los procesos se extienden por más de una década y que en muchos casos “los jueces no impulsan las causas contra quienes mienten”.
Además asdeguró que “no hay datos oficiales ni a nivel provincial ni nacional”. La presidenta del Observatorio de Falsas Denuncias explicó que, aunque existen registros de denuncias, “cuando se comprueba que fueron falsas, ese dato no aparece”.
La letrada advirtió que, en muchos casos, el daño ya está hecho: “Si la justicia actuara eficientemente y descubriera de inmediato que la denuncia es falsa, el niño no sufriría un apartamiento del padre. El problema es que los procesos duran años”. Recordó casos como el de Lomas de Zamora, donde un padre pasó una década separado de su hijo, y otros que llevan más de 14 años sin contacto.
Para Anzoátegui, existe “una metodología para prolongar los procesos” con el fin de alejar al niño del progenitor denunciado. “Esto la justicia debería detectarlo, pero no lo hace, y allí está el verdadero problema”, enfatizó.
Uno de los factores que alimenta esta situación, según la abogada, es la interpretación errónea de la perspectiva de género: “No hay que adoctrinar a quien tiene que juzgar. Lo que hay que hacer es dejarle la libertad de evaluar las pruebas y trabajar con varias hipótesis. El más débil en un proceso penal es el imputado, porque tiene el peso de la acusación de fiscalía y, a veces, de otras acusaciones más”.
También apuntó contra el sesgo instalado por algunos sectores: “Los grupos feministas radicales han instalado la idea de que todos los hombres son violadores o violentos, y eso es un error. Humanos somos todos, y los derechos humanos nos tienen que cubrir a todos por igual, sin importar el género”.
Anzoátegui no sólo señaló problemas de perspectiva, sino también de recursos: “No hay suficientes jueces, fiscales ni abogados, y muchos profesionales no están actualizados. Me ha pasado que un médico que ve niños permanentemente no sabía hacer un diagnóstico diferencial. Así es imposible llegar a la verdad”.
Sobre las cifras que maneja el Observatorio, indicó que “el 80% de los denunciantes son mujeres: madres, tías o abuelas”. Sin embargo, aclaró que también existen casos donde los hombres denuncian falsamente, aunque son menos frecuentes.
La presidenta del Observatorio cuestionó la falta de rigor científico en las pericias: “No se hacen test como el de Minnesota, que es clave en medicina forense. A veces se interpreta un dibujo infantil de manera arbitraria y lejos de la ciencia. Esto va en contra de un proceso limpio”.
En cuanto a los tipos penales, Anzoátegui afirmó que las conductas ya están previstas en la ley: “En estos casos hay calumnia, injuria y falso testimonio agravado contra el imputado. El juez, cuando ve que la persona mintió, debería abrir una causa inmediatamente. El delito existe, pero no se aplica”.
Consultada sobre el temor de algunos magistrados a fallar en contra de los colectivos, fue contundente: “La Ley Micaela adoctrinó a los tres poderes del Estado con perspectiva de género y eso provocó que muchos tengan miedo de fallar en contra. Yo he absuelto imputados y he tenido que salir custodiada del tribunal”.
Finalmente, advirtió que las falsas denuncias no sólo perjudican a los inocentes, sino también a las verdaderas víctimas: “Todos aquellos casos que terminan siendo ciertos se ven afectados por estas denuncias falsas. La justicia tiene un rol fundamental para frenar esto, y lo puede hacer si actúa con rigor y celeridad”.
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