El lunes amaneció con un movimiento inusual en los accesos a la Universidad Nacional de Cuyo. No había filas apuradas hacia las aulas ni el murmullo habitual de comienzos de semana. En su lugar, mesas improvisadas, panfletos que cambiaban de manos y pequeños grupos conversando al sol tibio de marzo. Así comenzó en Mendoza la semana de paro docente universitario.
Entre quienes repartían volantes estaba Yamile Nazrala, secretaria adjunta de FADIUNC, que describió el inicio de la medida como parte de un conflicto que se arrastra desde hace meses y que combina reclamos salariales con la exigencia de que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.
—El paro empezó hoy lunes y es por una semana —explicó—. También los no docentes iniciaron medidas, aunque por ahora solo los lunes. Hoy hicimos una volanteada en el ingreso a la Universidad para informar cuál es la situación.
Los folletos resumían una historia legislativa accidentada: una ley aprobada por el Congreso, vetada por el Ejecutivo, ratificada nuevamente y todavía sin aplicación efectiva. Para el gremio, ese derrotero resume el núcleo del conflicto.
—Es una ley que fue votada, vetada, ratificada y que un juez ordenó cumplir. Pero tenemos un Gobierno que está acostumbrado a incumplir las leyes —sostuvo Nazrala.
La protesta no se limita a las facultades. Abarca toda la estructura educativa de la UNCuyo: jardines maternales, escuelas primarias y colegios preuniversitarios. Es, en palabras de la dirigente, un paro “de todos los niveles”.
Sin embargo, medir su alcance resulta difícil. La Universidad descuenta los días no trabajados, algo que —según el gremio— no ocurre en otras instituciones del país. Por esa razón, Fadiunc evita difundir cifras de adhesión.
—No damos porcentajes para proteger a los compañeros —señaló—, pero hoy hubo un acatamiento alto en las distintas instituciones.
El impacto económico aparece como una sombra constante sobre la protesta. En algunos sectores, especialmente en los colegios preuniversitarios, los descuentos son particularmente severos. La paradoja es evidente: quienes reclaman mejores salarios deben afrontar recortes inmediatos en sus ingresos.
—El descuento es muy fuerte. Si nos pagaran lo que corresponde, no haría falta hacer paro —afirmó.
Aun así, la escena en los accesos universitarios mostró que el conflicto no involucra solo a los docentes. Varios estudiantes se sumaron a la volanteada, en un gesto de apoyo que el gremio considera significativo.
—Muchos estudiantes saben que sus familias tampoco llegan a fin de mes y que sostener la cursada es cada vez más difícil —explicó Nazrala—. Hay un respaldo importante porque entienden que la ley no es solo salarial: incluye becas, investigación y el funcionamiento de toda la Universidad.
El reclamo apunta también a las autoridades académicas. El gremio exige que el Rectorado se pronuncie públicamente y reclame al Gobierno nacional el cumplimiento de la norma aprobada por el Congreso.
—Queremos saber cuál es la postura institucional —planteó—. La ley fue promulgada hace cinco meses y sigue sin cumplirse.
Mientras tanto, el plan de lucha se despliega como un calendario abierto. Cada jornada suma actividades distintas: asambleas, convocatorias estudiantiles, nuevas volanteadas y acciones de visibilización en los lugares de trabajo. Este lunes por la tarde, por ejemplo, estudiantes organizaron encuentros en las facultades de Arte y de Ciencias Políticas.
—Vamos definiendo día a día —dijo Nazrala—. También queremos informar a quienes no pueden adherir por miedo a los descuentos. Sabemos que perder un día de sueldo es muy duro, pero puede ser peor si se deteriora la Universidad pública.
La semana próxima traerá además actividades vinculadas a los 50 años del golpe de Estado, y el conflicto promete continuar: ya hay un nuevo paro convocado para la semana del 30 de marzo, con una evaluación prevista para el 1 de abril.
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