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La vorágine política argentina nos lleva sin descanso del 8N al 7D, de una cita "con la historia" de quienes están en contra del Gobierno nacional, a un día de "gloria y celebración" para el kirchnerismo, que también considera que su código alfanumérico será "histórico" porque ese día vence la cautelar que tiene frenada la aplicación de dos artículos de la Ley de Medios para el Grupo Clarín, el enemigo preferido que el oficialismo construyó en estos últimos cuatro años.
Pero no hay que dejarse llevar por la combustión que empuja los movimientos de uno y de otro lado a fin de no tomar dichas fechas como el fin o el comienzo de nada, por lo menos hasta que sea la Historia -con mayúscula- la que así lo reconozca.
Hagamos un análisis muy cauteloso porque hasta ahora las protestas de la clase media no provocaron autocrítica en el Gobierno y porque es muy probable que luego del 7-D la guerra judicial en torno a la Ley de Medios no se acabe sino que se bifurque y multiplique.
Los caceroleros, que primero se movilizaron el 13-S usando las redes sociales y llenaron sorpresivamente las calles de las principales ciudades del país, descubrieron que el abanico de quejas y reclamos que tenían para con el Gobierno nacional y toda la clase política incluía un vehículo novedosísimo: internet, y podían desembocar en un vehículo tradicional: la ocupación del espacio público, de manera de darle así dimensión trascendente a su malestar.
Por eso siguieron adelante y construyeron el 8-N como un gran evento a priori histórico, que desde su gestación buscó ser la mayor protesta social en contra de un gobierno que lleva casi diez años en el poder.
El 7-D no fue una fecha que el Gobierno escogió porque sí para montar su propio evento histórico. Fue la Corte Suprema la que decidió que ese día venza la cautelar que el Grupo Clarín consiguió hace casi tres años, hasta tanto la Justicia defina si los dos artículos más polémicos de la Ley de Medios son inconstitucionales o no.
La propia Presidenta lanzó una campaña mediática para instalar que ese día se aplicará finalmente toda la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, pese a que la cautelar que está en discusión es sólo para el Grupo Clarín y el resto de los grupos de medios deberían haberse acogido a cumplir enteramente la ley a fin de 2011, hace casi un año, pero el Ejecutivo se mantuvo de brazos cruzados.
Como la batalla simbólica y económica del Gobierno siempre fue contra Clarín, desde la máxima autoridad del país se estableció el 7-D como mojón, aún sabiendo que a partir de ese día la discusión judicial será por si el Grupo Clarín tiene un año -como fija el artículo 161- para desinvertir o si este plazo -como quiere Cristina- no será respetado y el Afsca actuará de oficio tomando licencias y re-licitándolas.
El escenario legal podría ser más complicado que el actual porque podrían proliferar acciones judiciales a medida que el Afsca avance. Fue por eso que el kirchnerismo sancionó en tiempo récord la reglamentación del per saltum, el instituto jurídico que le permitirá al Gobierno pedirle a la Corte Suprema que resuelva todo el conflicto judicial pasando por alto todas las instancias intermedias.
Sin embargo, es la propia Corte la que deberá resolver si acepta el per saltum, ya que no está obligada a hacerlo. Por eso las presiones brutales contra el Poder Judicial que el kirchnerismo ni siquiera se molesta en disimular.
Se trata de una apuesta a todo o nada, del triunfo de la lógica del amigo-enemigo. Esta lógica se puede ver en las movilizaciones en contra y a favor del Gobierno. Quienes apoyaron el 13-S y el 8-N y quienes adhieren al 7-D y al 10-D (primer día hábil luego del 7-D y aniversario de asunción del segundo gobierno de Cristina) aceptan esta lógica, aunque por motivos diferentes y difíciles de explicar.
Los caceroleros que coparon las calles se manifestaron cansados de que los sectores más beligerantes del Gobierno y la propia Presidenta los construyan como enemigos de su propio país, por no compartir ni aceptar muchas políticas del Ejecutivo. Un pequeño cartel que portaba entre sus dos manos un hombre reflejaba el sentir popular del 8-N: "Los vamos a juzgar". Estaba claramente dirigido a los otros, a los kirchneristas.
Del otro lado, funcionarios y militantes K aseveraron que estos sectores que salieron a protestar son ultra-conservadores y hasta tienen un ADN peligroso ligado a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la última dictadura.
Y para no salirse del relato, repiten que el millón de personas del jueves de la semana pasada tiene la cabeza lavada por los medios "monopólicos" y que luego del 7-D, cuando se desguace a la prensa conspiradora, podrán ver "la realidad".
Después del conflicto con el campo, en 2008, el kirchnerismo tuvo una enorme necesidad de sobreponerse y su inteligencia lo llevó a crear un enemigo de fuerte peso simbólico -los medios- para, en primer lugar, generar bases sólidas de adhesión y militancia que lo sostengan y, en segundo lugar, para hacer pasar enteramente toda la política por la lucha furibunda contra ese enemigo, de manera de esconder así sus errores -muchos garrafales- de gestión y hasta los problemas naturales que se anidan en el núcleo de todo proyecto político que lleva casi diez años y que pretende gobernar por mucho más tiempo aún. Todo es culpa de los medios.
El kirchnerismo necesita hoy de esta guerra contra los medios más que nunca antes porque la gestión del Gobierno nacional comienza a crujir y porque la Presidenta debió tomar medidas impopulares para salvar el único de los tres pilares del modelo que tiene aún sobrevida: el superávit comercial.
Es tema de debate entre los más férreos seguidores de Cristina cómo se construirá la política y se sostendrá el proyecto K en el poder si la Ley de Medios reduce bruscamente la incidencia de las voces de los medios críticos y si un relato único se apodera del éter, el que escriben en la Casa Rosada. Es que nadie cree, en la Argentina actual, en la fantasía de las masas adormecidas y conducidas mansamente por la autoridad política que describían los libros de comunicación política de hace cincuenta años.
El desafío para el Gobierno, que hasta ahora impulsa el "vamos por todo" para sostenerse en el poder eternamente, implica una jugada de alto riesgo: reinventarse nuevamente para poder sumar a quienes hoy excluye con beligerancia. Si no, se topará con los límites que una parte de la sociedad -huérfana de líderes políticos opositores- le está expresando con claridad.
Como dijo el diputado radical Mario Negri el miércoles en el Congreso, "si el Gobierno no lee la realidad, no quedará al borde de equivocarse en política, sino al borde de no comprender el poder y elegir cualquier camino para poder quedarse en él".