Este año la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) ha cumplido 80 años y hace dos semanas y media, la Asamblea Universitaria, máximo órgano de la institución, aprobó la paridad de género en cargos electivos.
La casa de altos estudios entendió que ha predominado históricamente una relación desigual entre los géneros respecto a la adscripción de determinados roles sociales y ocupación de los lugares de poder y de toma de decisiones.
Ha sido, sin duda, un hecho histórico de envergadura para la comunidad universitaria porque avanza en la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos.
Pero también este acontecimiento es un hecho político y cultural, porque esta reforma estatutaria implica, por un lado, la expresión de un consenso político amplio entre las distintas fuerzas políticas y entre todos los claustros universitarios; y por otro, es el reflejo de los cambios sociales y culturales que vienen sucediendo en la región y en nuestro país particularmente.
Cada avance institucional que implique reconocimientos de derechos y/o ampliación de derechos, es siempre el resultado de un devenir histórico de luchas y de organización de los movimientos sociales, que son quienes en realidad fuerzan las estructuras conservadoras o anacrónicas y presionan sobre los sistemas educativos, sobre las prácticas y las lógicas de funcionamiento de las instituciones para que éstas se actualicen y sean también propulsoras de transformaciones sociales.
En este caso, las organizaciones de mujeres y los movimientos feministas son las que hacen posible que una universidad nacional pueda darse el debate sobre la inequidad y la desigualdad de género al interior de sus claustros.
Lo mismo puede decirse sobre el protocolo de intervención institucional ante denuncias por situaciones de violencias sexistas en el ámbito de la UNCuyo, protocolo que se piensa desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales como herramienta de abordaje a partir de la necesidad de visibilizar la violencia contra las mujeres y personas LGTTTIBQ y proteger a quienes la han sufrido en su lugar de trabajo y de estudio.
Este protocolo aprobado por unanimidad en el Consejo Superior, fue posible si se piensa en el contexto más amplio de cambios culturales que se van imponiendo a partir de la implementación de marcos normativos internacionales (como la CEDAW y la Convención de Belén Do Pará) y nacionales fundamentales para el reconocimiento y ampliación de derechos como la ley 26.150/06 que crea el Programa de Educación Sexual Integral, la ley 26.485/09 de Protección integral de la mujer, la ley 26.618/10 de Matrimonio igualitario, la ley 26.743/12 de Identidad de género.
En este mismo sentido, es que el Consejo Directivo de la FCPyS aprobó establecer baños sin distinción de género, adecuando así el uso del espacio público a criterios de inclusión y no discriminación.
La universidad no es una isla. No podemos pensarla por fuera del contexto que la produce como tampoco podemos pensarlas por fuera de las condiciones sociales de producción de conocimiento.
Quiero decir con esto, que las universidades nacionales tienen la responsabilidad social y el compromiso ético de hacer lugar a los debates sociales, políticos y culturales que atraviesan el campo social.
Que la Universidad tiene la obligación de generar políticas integrales que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos reconocidos.
Que la Universidad debe ser caja de resonancia de los cambios sociales, pero también debe ser un actor social que participe activamente en la disputa de sentido y producción de ese cambio social y cultural, generando conocimiento y dispositivos pedagógicos para la construcción y formación de sujetos protagonistas de su propia y colectiva historia.
