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Estamos ante el nacimiento de una nueva "gesta" kirchnerista. Empezó hace sólo ochos días, cuando la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial porteña extendió la cautelar que beneficia al Grupo Clarín en la pelea judicial con el Gobierno por la Ley de Medios.
Tomó cuerpo el domingo, cuando Cristina Kirchner, desde la Plaza de Mayo, lanzó poco sutiles advertencias a la Corte Suprema de Justicia que, un día después, rechazó el per saltum planteado por el Ejecutivo nacional para dejar sin efecto la extensión de la cautelar de Clarín.
Pero fue el fallo del tribunal de Tucumán que liberó a todos los acusados en el caso Marita Verón, que tanta convulsión social despertó, lo que le dio a la Presidenta el mejor escenario para iniciar su campaña democratizadora de la Justicia, esa institución en la que anidan -según la Presidenta y sus funcionarios- todos los males de las corporaciones.
Por ahora no hay nada concreto. Sólo una idea eje muy seductora -la mentada democratización- que rápidamente puede conseguir adherentes en todo el cuerpo social. A nadie se le escapa que la Justicia argentina es lenta e ineficiente y que por eso no cumple con su principal objetivo, que es reparar las inequidades -protegiendo a los más débiles- castigando a quienes infringen la ley.
Cristina Kirchner no se detuvo en las teorías que sostienen los juristas e intelectuales de su gobierno -como el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni-, que defienden el "garantismo" en la lucha contra la delincuencia, y en cambio se animó a postular que los jueces argentinos son los culpables de la inseguridad porque cuando se captura a un malhechor, lo sueltan a las pocas horas. Se acercó peligrosamente -en pos de darle fuerza a su nueva cruzada- al diagnóstico del que parten las leyes que todo el "garantismo" argentino rechaza (como la ley que este año votó la Legislatura mendocina para reducir las salidas transitorias de los presos).
Por ahora es muy poco lo que se sabe de la democratización de la Justicia que está en la mente de la Presidenta. Lo que está más maduro es un proyecto de "juicio por jurado" para el fuero penal que tiene consenso legislativo de las fuerzas de la oposición. En varias provincias se ha avanzado en este tema, incluyendo a Mendoza donde la ex jueza de la Suprema Corte Aída Kemelmajer, fue una de sus impulsoras.
La Constitución nacional, por otra parte, prevé esta posibilidad, por lo que sólo haría falta una ley y partidas presupuestarias para instrumentar la novedad en los tribunales de todo el país. Sin dudas, esto significa más democratización dado que en este tipo de juicios es un jurado compuesto por ciudadanos elegidos del padrón electoral los que toman la decisión de condenar o no a los delincuentes luego de que un magistrado lleve adelante las audiencias escuchando a la defensa y a los acusadores (como en las películas de Hollywood).
Este primer paso -que es el que se avecina- no pareciera dejar satisfechos a los kirchneristas más combativos. Ayer, la diputada Diana Conti, la principal espada en el tema que tiene Cristina Kirchner, sostuvo que "el juicio por jurado es una deuda pendiente, pero a mi gusto eso sólo no alcanza. Es necesario avanzar hacia períodos de mandatos y debatir la elección popular de los jueces".
Y señaló que es necesario reformar la Constitución nacional para poder dar los pasos siguientes. Coincidencia o no, Conti fue la primera en plantear la necesidad de modificar la Carta Magna para habilitar a la Presidenta a su segunda reelección (usó a principios de 2011 la frase "Cristina eterna"). La necesidad de democratizar la Justicia y la urgencia K por resolver la sucesión del poder se estarían, de esta manera, maridando a la perfección en las cabezas del "cristinismo".
Esto no fue todo. Conti también pidió cambios en el Consejo de la Magistratura, organismo que quedó en la mira del Gobierno cuando el ministro de Justicia, Julio Alak, denunció penalmente a varios consejeros que se opusieron a seguir adelante con el concurso por el cual se escogería una terna para el Juzgado Federal Número 1 porteño, donde está la causa por la Ley de Medios.
La última reforma del Consejo de la Magistratura provino de una ley redactada por la propia Cristina Kirchner y fue la que redujo el número de sus integrantes y sacó a la Corte Suprema del organismo. Pese a este antecedente, Conti cree que "en el Consejo de la Magistratura, los jueces y abogados siguen teniendo influencia, en general, de carácter corporativo", señaló.
Conti tiene dentro del Frente para la Victoria al riojano Jorge Yoma como su némesis. Nadie sabe hasta cuándo este legislador será parte del oficialismo, sobre todo por la virulencia con la que salió a defender la promoción industrial y a criticar leyes clave del Ejecutivo, como la reforma de la ley de Riesgos de Trabajo.
Ayer Yoma, que preside la Comisión de Justicia de la Cámara baja, dijo que sus propios compañeros de bloque -aludió así a Conti- son los que frenan la aplicación del "juicio por jurado" porque no existía una orden de la Presidenta.
"El poder político es quien impide las transformaciones. Yo creo que es el que se resiste a perder el control político de la Justicia", redondeó Yoma y dejó en evidencia que, a diferencia de lo que sostienen los más ultras dentro del kirchnerismo, no es poco el poder que tiene la política en la Justicia, sino más bien todo lo contrario.
La democratización del Poder Judicial, que plantea "revolucionariamente" ahora el "cristinismo" busca tapar las responsabilidades del Gobierno sobre el estado de la administración de justicia. Cristina Kirchner aprobó como senadora los pliegos de gran parte de los jueces que fueron nombrados en las dos últimas décadas.
Por ejemplo, convalidó los nombramientos de cinco de siete miembros de la actual Corte: Juan Carlos Maqueda, Zaffaroni, Carmen Argibay, Elena Higthon de Nolasco y Ricardo Lorenzetti y la de todos los jueces que propusieron Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde. Fue autora -como ya dijimos- de la ley que alteró la composición del Consejo de la Magistratura, lo que le permitió al poder político tener mayor influencia en el organismo. Además, durante su primer gobierno impulsó la ley de Subrogancias, que recién vino a aplicar cuatro años después para nombrar conjueces en la Cámara Civil y Comercial porteña, que tienen la pelea judicial con Clarín como telón de fondo.
Pero no sólo eso, como presidenta, en estos cinco años, fue la encargada de elegir los pliegos de todos los magistrados avalados por el Senado pero también la responsable de que una parte importante de los juzgados vacantes, cuyos concursos en el ámbito del Consejo de la Magistratura han finalizado con éxito, sigan sin juez natural. Ejemplos claros de esta última situación son el Juzgado Federal número 3 de Mendoza y los cargos en la Cámara Federal de Mendoza, que tienen concursos finalizados y desde hace más de dos años -en el primer caso- la Presidenta no manda el pliego de ninguno de los concursantes al Senado.
El "cristinismo" está decidido a apelar una vez más a su relato refundacional planteándole a la sociedad la necesidad de democratizar las instituciones y derrocar a las corporaciones. Lo hará sin aceptar su responsabilidad en el estado de situación y apelando a la astucia discursiva que caracteriza a la Presidenta.
La indignación popular que generó el fallo absolutorio del caso Marita Verón abona el terreno para plantearle a la ciudadanía la necesidad de cambiar la Justicia, algo sobre lo que gran parte de los argentinos están de acuerdo. La oposición -que apoya el "juicio por jurados"- deberá estar atenta para que, como ya pasó con otras leyes o proyectos trascendentales, el oficialismo no aproveche un espíritu democratizador muy noble para transformarlo en el mayor combustible que tiene un proyecto de poder: los sueños de perpetuidad.