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En el mes de diciembre del año pasado se leía en un diario local: "Después de diez (10) años de idas y vueltas, de estar cajoneada en la Legislatura, finalmente en 2009 se aprobó la ley (de Ordenamiento Territorial). Pero para ponerla en marcha se está elaborando un plan, que el gobierno se comprometió a lanzar en mayo del próximo año".
Ya estamos en mayo de ese "próximo año" y hasta el momento, no se ha dado a conocer dicho plan. El Ejecutivo y el Legislativo provinciales, además de haber tenido cajoneada la puesta en marcha de la legislación, siguen a los codazos y jugando a las escondidas.
¿El motivo? Bien lo sabemos: el tema de la posesión y del uso de la tierra con sus recursos es la más antigua -y actual- codicia por la que pueblos y naciones no han hesitado en matar y destruir. En nuestra provincia nadie ignora quiénes son los personajes y cuáles son los intereses que "atan" a los gobernantes para que aquella ley, de por sí bastante permisiva, aún no se aplique.
Desde distintos ámbitos, y desde hace mucho tiempo, se viene insistiendo y trabajando para concientizar sobre la importancia del agua para Mendoza y sobre la crisis hídrica que cada año se acentúa. En ese contexto es de suma importancia delimitar las áreas destinadas a los cultivos en tierra y a la ganadería.
A su vez, indicar definitivamente las áreas habilitadas para la construcción de viviendas e industrias. Todo ello para que los accidentes naturales (lluvias, terremotos, inundaciones y otros) y la irresponsabilidad de gobiernos y habitantes no hagan que lloremos sobre la leche derramada cuando ocurran situaciones de catástrofe que pudieron, y debieron, ser prevenidas y/o evitadas.
El pedemonte
Basta con darse una vueltita por el oeste godoicruceño y capitalino para que se prenda la luz de alarma al comprobar de qué forma y manera se están "bajando" cerros, eliminando cauces aluvionales y erradicando vegetación nativa a fin de construir barrios, la mayoría de ellos implementados por el IPV.
El pedemonte todo debería pertenecer a la comunidad provincial, por lo que ese territorio es y por lo que significa; al igual que los cerros, los ríos, los lagos, los arroyos, la fauna y la flora de nuestra provincia. Lamentablemente no es así.
En casos, parecería que todo aquello es "tierra de nadie", aunque algunos vivillos, amparados por la inacción y, a veces, por la complicidad de funcionarios, dicen ser sus dueños utilizando títulos territoriales ilegítimos o sobrepuestos o aun sin ellos. Acontece, también, que muchos de esos terrenos se comercializan al margen de toda legislación, como nos acabamos de enterar que ha ocurrido en el departamento Las Heras.
Los entendidos en el uso de suelos, desaconsejan totalmente que se sigan construyendo casas y barrios en el pedemonte. Y, sin embargo?
El perilago del dique Potrerillos
Otro ejemplo, malo, del dejar hacer y del dejar pasar de los sucesivos gobiernos provinciales es lo relacionado con la utilización, actual y futura, de las márgenes del lago de Potrerillos.
Ciertamente existe una legislación que protege y declara de bien público todo aquel perímetro. Pero, ¿esa normativa se está cumpliendo? Muchos tenemos sobradas dudas sobre que ello acontezca al observar cómo, paciente y perseverantemente, algunos ya están usufructuando de los bienes de ese perilago.
¿Deberemos aguardar a que suceda allí lo que en sectores de Blanco Encalada donde, para acceder a las márgenes del río Mendoza se debe abonar un canon a quienes se consideran propietarios de esas márgenes? ¿O resignarnos a lo que sucede en la playas de nuestro mar argentino donde existen "playas privadas" para gente que puede pagarlas, siendo que, por legislación, todas las playas argentinas son de uso público?
Los barrios cerrados o privados
Después de la provincia de Buenos Aires, Mendoza es la que exhibe la mayor cantidad de barrios privados ya habitados, en ejecución o en proyecto. La proliferación constante y creciente de estos barrios, según las encuestas, obedece a la búsqueda de tranquilidad y de seguridad por parte de sus moradores.
Tranquilidad y seguridad que son accesibles sólo para un pequeño grupo de personas o familias que, generalmente, gozan de una alta o medio alta capacidad económica.
Existen muchos y fundamentados estudios sociológicos publicados que no acuerdan con este tipo de emprendimientos, sobre todo por la progresiva cantidad de los mismos. Los argumentos aportados señalan:
* La Constitución Nacional declara como derecho propio de los ciudadanos el libre tránsito por toda la geografía nacional en aquellos espacios de "uso público", como son los caminos, las rutas, los parques, las calles y las veredas.
* Los barrios privados han nacido, han crecido y se están multiplicando sin que exista legislación específica alguna (nacional, provincial o comunal) que los ampare o que los habilite.
* La privatización de la seguridad en los barrios cerrados -así como en otros sitios- aparece como una respuesta al fracaso del Estado en la provisión de ese servicio, cuestionando y desafiando el monopolio del uso legítimo de la fuerza que el Estado poseía anteriormente.
* Con intencionalidad o sin ella, estos barrios están provocando una verdadera y profunda "segregación social" y van carcomiendo toda política de inclusión social que se desee poner en práctica. Esos emprendimientos van generando una mirada de superioridad para con el resto, lo que vuelve muy difícil la relación con el distinto.
* Son barrios que detentan la cualidad de "privados" a los fines de impedir la libre circulación de personas y/o vehículos, pero son "públicos" a la hora de demandar los servicios públicos a los que tienen derecho los habitantes de otros barrios en los pueblos y ciudades (energía eléctrica, agua y saneamiento, gas domiciliario, teléfono, recolección de residuos, etc.).
* Una de las paradojas de los barrios cerrados es que, a la vez que promueven la desregulación por parte del Estado en lo que a su hábitat se refiere, impulsan la hiperregulación dentro de los límites del barrio.
* A fin de mantener sus grandes extensiones verdes, los barrios privados quitan capacidad hídrica al resto de la población, aun si utilizaran agua desde perforaciones; al tiempo que, para los consumos familiares provocan -especialmente en el verano- la escasez del servicio en los barrios más antiguos y más humildes.
Quiero creer que el correcto ordenamiento territorial es considerado fundamental, por ciudadanos y gobernantes, para el presente y el futuro de nuestra provincia.
Esperemos que no tengamos que esperar otros diez años.
