Entre 2015 y 2019, la gestión del por entonces presidente Mauricio Macri pretendía que los servicios públicos, básicos y esenciales fueran considerados un bien de mercado. Fue entonces que me puse la frazada al hombro para defender los derechos de los usuarios y consumidores en el Congreso de la Nación.
Hoy, parado sobre los mismos principios de aquel momento, pero como diputado provincial, junto con el director nacional de Defensa de los Consumidores -y mi amigo personal- Alejandro Pérez Hazaña, el ministro de Economía, Sergio Massa, y la senadora Anabel Fernández Sagasti impulsamos un proyecto de ley que piensa en la protección integral de los usuarios y consumidores. El objetivo que nos hemos propuesto no es poca cosa: lograr la sanción de un “código” que - sin sorpresas ni retrocesos - piense en el bienestar y en condiciones de vida digna para todas las personas.
Me gustaría empezar por hacer un repaso en nuestra legislación al respecto. Allá, por el año 1993 se sancionó la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor; acto seguido en la reforma de la Constitución del año 1994 se incluyó expresamente los derechos de las y los consumidores en el artículo 42 y su faceta colectiva en el artículo 43. Esto significó un gran avance en la protección legal de las y los consumidores en Argentina. Como también lo fue la incorporación al ordenamiento nacional de los instrumentos de derechos humanos y su vinculación con los derechos de consumidores y usuarios, al tomarse en consideración el “costado humano” de las relaciones de consumo y los bienes esenciales en ellas involucrados.
Sin embargo, las leyes vigentes hoy en nuestro país y los proyectos legislativos en la materia conocidos hasta ahora, tienen una mirada parcial de los problemas que enfrentamos como consumidores y consumidoras en la actualidad. Sólo se ocupan de los problemas que se dan en el mercado y que afectan a personas que acceden a éste, sin prestar atención al reclamo insatisfecho de efectiva justicia social y acceso a derechos de todas las personas, incluso de los que no tienen acceso a esos bienes, muchos esenciales. Acá es donde quiero detenerme: todo trabajador es un consumidor en sí mismo en lo que respecta a servicios básicos e indispensables de los cuales son usuarios, como lo es el agua, la luz, el gas, cloacas, etc. Es necesario que todos y todas, y sobre todo el Estado, hagamos propia la siguiente concepción: los servicios públicos no son un bien de mercado.
La presentación y la puesta en debate de este proyecto, es un hito importante porque de una vez por todas los usuarios y consumidores vamos a tener una herramienta que va a permitir el ejercicio del derecho con la protección del orden público, sin ningún tipo de interpretación por parte de funcionarios o por parte de aquellos que nos proveen los productos y los servicios a cada una de las familias argentinas.
No podemos naturalizar que no existan condenas penales para los directivos de empresas que lucran con estafas y fraudes masivos; que circulen en el mercado productos peligrosos para la salud; que muchos organismos públicos de defensa del consumidor carezcan de autonomía y recursos. Tampoco podemos tolerar que grandes sectores de la población no puedan acceder a los servicios públicos o a otros bienes esenciales; que un juicio sumarísimo demore varios años; que una acción colectiva no tenga un trámite claro y rápido o que se fomente el endeudamiento de las familias sin darles educación financiera. Todas estas cuestiones, y muchas otras, deben cuestionarse y repensarse. Es urgente proponer soluciones a todas esas situaciones que hasta ahora son moneda corriente.
El proyecto presenta un verdadero cambio de paradigma para superar aquella realidad producto del modelo mercantilista y liberal que predomina en nuestra legislación. Se proyecta una norma con identidad propia cuyos contenidos persiguen una tutela a la altura de los enormes desafíos a los que nos enfrenta la sociedad de consumo actual, además de que sea acorde a nuestra idiosincrasia y realidades, sin fórmulas importadas alejadas de las necesidades y carencias de las y los consumidores argentinos.
Necesitamos normas y políticas públicas que no se agoten en la coyuntura. Y necesitamos, por sobre todo, una legislación integral, que no sólo mire la actividad económica de las personas en el mercado, sino que piense soluciones transversales que aseguren para el futuro y para toda la población, el acceso y disfrute de los servicios públicos y a otros bienes y servicios esenciales.
*El autor es diputado provincial
