Tras el contundente 53,7% que La Libertad Avanza (LLA) y Cambia Mendoza (CM) obtuvieron el 26 de octubre, el Gobierno apuesta muy fuerte a capitalizar esa victoria plebiscitaria que ratificó su gestión y el rumbo general de la Provincia.
Todavía resuenan entre los asistentes a Argentina Minning el estudio realizado por la consultora Poliarquía sobre la percepción social de la minería en Mendoza. La serie histórica del informe revela un crecimiento del 27% en la aceptación en 2021 a un rango entre el 40 y el 46% en 2025.
El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Malargüe, Celso Jaque, firmaron tres convenios.
Foto:
Prensa Gobierno de Mendoza Tras el contundente 53,7% que La Libertad Avanza (LLA) y Cambia Mendoza (CM) obtuvieron el 26 de octubre, el Gobierno apuesta muy fuerte a capitalizar esa victoria plebiscitaria que ratificó su gestión y el rumbo general de la Provincia.
Alfredo Cornejo supo apalancarse siempre en el contexto nacional para justificar condicionamientos locales, o incluso forzar alianzas, bajo la excusa macroeconómica de ser el camino adecuado para brindar las condiciones del crecimiento.
Así lo planteó durante este año y si la suposición de que las campañas no son más que la explicitación de un contrato electoral que se ratifica con el voto, bien puede asegurarse que los mendocinos -mayoritariamente- renovaron con creces (por ende, satisfechos) la suscripción con el proceso que lidera el gobernador.
No pasaron inadvertidos los análisis respecto del caudal electoral (menos del 20%) obtenido por candidatos o partidos que son firmes detractores de la minería como Jorge Difonso o la izquierda, pero también algunos dirigentes del Partido Verde (PV). Mucho menos, el resultado de Uspallata donde el oficialismo se impuso con claridad. Fue una manera elíptica de decir que la discusión -al menos en el terreno del acompañamiento popular- estaba saldada.
En su segundo mandato, Cornejo ha sido explícito y constante en su prédica minera como factor económico con capacidad de ampliar la matriz productiva, pero también incorporar otro sector a su portafolio clásico de oportunidades: agroindustria, hidrocarburos, turismo, principalmente. Y no dudó en este tiempo en dar los pasos necesarios para crear las condiciones después de un puñado de experiencias fallidas que van desde la salida de Vale (ahora nuevamente con incumplimientos) al frustrado intento de modificación de la ley 7.722, pasando por las innumerables dilaciones que sufrió la explotación de cobre del Proyecto San Jorge (PSJ).
Así, más allá de su incorporación a la denominada Mesa del Cobre junto a otras provincias argentinas, pero también su presencia en foros internacionales y el hito que supuso el discurso en la apertura de sesiones del 1 de mayo donde el mandatario escenificó el futuro inmediato que imaginaba: la coexistencia de la tradicional industria vitivinícola con la explotación de los recursos naturales que ofrece la Cordillera de los Andes: el vino y el cobre como una fusión de la historia y el presente con el futuro, un puente entre mundos que miradas interesadas quisieron hacer aparecer como incompatibles.
Un derrotero coronado con la llegada en 2024 de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), principal centro financiero mundial de la industria, y el road show de este año que se sumó a la reciente concreción aquí, tras 17 años de ausencia (“tiempo perdido” dicen los promineros) de la feria Argentina Minning 2025 que terminó de expresar la voluntad de convertir a Mendoza en un polo con impacto regional.
La primera decisión trascendente fue la no modificación de la ley 7.722, casi como una cláusula de garantía de paz social capaz de asegurar que todos los desarrollos debían ser posibles con la legislación vigente, en línea con lo que los ambientalistas tanto defienden. A ello se sumó la modificación del Código Minero, una adecuación aquí sí de los procesos y las condiciones para poseer, prospectar, explorar y explotar yacimientos, incluyendo la responsabilidad empresaria y ambiental, evitando la especulación inmobiliaria y generando mejores condiciones que favorezcan emprendimientos.
La creación de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) fue una prueba piloto en un laboratorio de condiciones controladas. Un departamento con tradición minera que pudiera aceptar sin mayores condicionamientos el desembarco de geólogos y especialistas en busca de minerales. Pero también, la apertura hacia el respaldo opositor al ser conducido por el peronismo, en la figura del ex gobernador Celso Jaque, aliado clave en este impulso.
En paralelo, el proceso del ahora remozado PSJ Cobre Mendocino, con el reinicio de su propuesta en busca de la evaluación técnica a cargo de organismos sectoriales especializados que -tras una multitudinaria audiencia pública- derivó en la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que días atrás, luego del éxito electoral, y con la rúbrica de Cornejo llegó a la Legislatura para su ratificación.
Pero consciente que las batallas de esta índole se deben dar a fondo, el gobernador no sólo ha contemplado los tiempos de la ejecución de su plan, sino la dimensión de la apuesta.
Junto con PSJ, envió también a la Legislatura una iniciativa para considerar las regalías mineras y las necesarias compensaciones tanto para los municipios involucrados como para reparar eventuales daños ambientales, pero, además, 27 nuevas autorizaciones en Malargüe (un MDMO II) y para otros minerales, además del cobre, como el litio con el proyecto Don Luis.
La avanzada se dio en sintonía con la presencia de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre en Abu Dabi donde Mendoza también busca nuevos mercados para su petróleo y la minería. Como se advierte, una acción coordinada, en diversos frentes y con múltiples actores en pos de forzar un escenario sólo cristalizable desde la convicción y el liderazgo político.
Esta semana, la Legislatura empezó a analizar una ley provincial de regalías que atienda otra demanda extendida como prejuicio sobre el accionar minero respecto del rédito de las empresas, pero también un Fondo de Compensación Ambiental que apunta a estimular a las poblaciones involucradas, así como otro que repare posibles situaciones de alto impacto que también generan desconfianza y no son exclusivas de la minería.
Este proceso, incluye el análisis de la DIA de San Jorge, comenzó el jueves y prevé que antes de fin de año podría tener tratamiento en el recinto para lograr además el acompañamiento mayoritario tanto del oficialismo como de algunos votos de la oposición, lo que podría validar aún más un proceso que puede significar una bisagra trascendental para Mendoza.
Todavía resuenan entre los asistentes a Argentina Minning el estudio realizado por la consultora Poliarquía sobre la percepción social de la minería en Mendoza. Ernesto Cussianovich dio cuenta del avance en la tolerancia de la actividad, aunque poniendo de manifiesto un equilibrio que evite “sobresaltos” entre la explotación y la sustentabilidad de un entorno valorado por los mendocinos. La serie histórica del informe revela un crecimiento del 27% en la aceptación en 2021 a un rango entre el 40 y el 46% en 2025.
Hacerlo bien es el imperativo. La coexistencia de actividades su camino, los controles y la transparencia pueden tornar efectivo el crédito que en este asunto (demanda de empleo mediante -64%-) las urnas también parecen haber dado un claro indicio.
* El autor es periodista y profesor universitario.