En un libro reciente, Los Tres Poderes, coordinado por Laura Cucchi y Eduardo Zimmerman, se pasa revista a la formación y desempeño de los poderes públicos nacionales entre el siglo XIX y XX. Allí gravitan las enseñanzas de Douglass North, quien compartió el Nobel de Economía con Robert Fogel en 1993 porque demostró cómo las instituciones humanas y las estructuras organizacionales influyen en los resultados económicos y sociales. Los hallazgos de North tuvieron enorme impacto no solo en el mundo económico sino también en la gobernanza de las agencias de desarrollo a escala planetaria. También están presentes las reflexiones sobre el derrotero de las democracias republicanas latinoamericanas que atribuyen la debilidad institucional al desapego de las normas, reglas o de la ley convirtiéndolas en piedra de toque de sus cavilaciones o de los excesos de interpretativismo como subraya Andrés Rosler. Pero el libro no se contenta con analizar el plexo constitucional o sus andamiajes legales, sino que presta atención a las decisiones propias de los actores públicos como inductores de cambios institucionales que incluyen grandes conflictos y otros menos evidentes.
Dicha clave de lectura trae a la colación la firme voluntad del expresidente Raúl Alfonsín y de sus asesores jurídicos, Carlos Nino y Jaime Malamud Goti, para refundar las bases de la convivencia democrática mediante el proceso de decisiones políticas que gravitaron en el Juicio a los comandantes de las juntas de la última dictadura militar por su responsabilidad en la violación de derechos humanos. Tales decisiones fueron correlativas a los procesos judiciales instrumentados por el elenco de magistrados que, con convicciones profundas sobre el horror padecido, la constitución nacional en la mano y las pruebas reunidas por la CONADEP y los testimonios de sobrevivientes y familiares denunciantes, instalaron un antes y un después en la vida histórica argentina e irradió debates sobre la justicia transicional a nivel global.
El Poder Judicial de la Nación honró a los camaristas de aquel momento argentino a cuarenta años de un juicio histórico que consolidó la democracia y traccionó a favor del fin del factor militar en la vida pública del país. Lo hizo en el recinto de la Sala de los Pasos Perdidos del Palacio de Tribunales donde se dictó la sentencia en una ceremonia encabezada por los Jueces de la Corte, centenares de magistrados, funcionarios y familiares de los homenajeados. En sus discursos, los jueces de la Corte destacaron que el fallo constituía una pieza jurídica “impecable” construida en un contexto aún inestable cuyo valor residía en que había roto el cerco de la impunidad porque demostró, como subrayó Horacio Rosatti, que “era posible juzgar crímenes atroces desde la legalidad y sin renunciar al Estado de Derecho”. En cambio, las palabras pronunciadas por el Dr. Jorge Valerga Araoz hicieron hincapié en que se trataba de una “respuesta ética y jurídica” necesaria frente a la “magnitud probatoria del expediente representada por miles de habeas corpus, reclamos internacionales y la documentación reunida sobre los centros clandestinos de detención”.
El valor de la prueba como requisito de verdad y justicia quedó consagrado en el “Nunca Más”, pronunciado por el fiscal Julio C. Strassera al concluir su alegato, y quedaría impreso en letras de molde en la publicación de la introducción del informe de la CONADEP que venía reuniendo pruebas de los “hechos” desde su creación. En esa función, el papel de Graciela Fernández Meijide fue fundamental porque ofició de secretaria de denuncias en virtud de la tenaz y paciente labor desarrollada en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos donde después de presenciar el secuestro de su propio hijo, había promovido el registro de los desaparecidos cuyos familiares o amigos habían denunciado ante la justicia en medio de la desesperación por saber su paradero, la censura y la información tergiversada provista por el gobierno militar.
El informe de la CONADEP arrojó la cifra de 8961 víctimas del terrorismo estatal que estuvo lejos de codificar una versión acordada sobre el pasado, sino que estimuló debates e intensas polémicas en torno a la magnitud de la victimización causada por la dictadura. Pensar las cifras del “sistema de desaparición forzada”, los 30000 desaparecidos, constituyó el interrogante del sociólogo Emilio Crenzel quien encaró una robusta investigación con el propósito de problematizar las miradas totalizadoras que se construyeron a lo largo de la era democrática: la que atribuía a la sociedad haber ignorado o desconocido la magnitud de los hechos propia de los años ochenta; la que la interpretó como cómplice acuñada durante la década menemista a raíz de los indultos presidenciales a los comandantes y líderes montoneros; y la política de memoria estatal del kirchnerismo que borró de un plumazo lo actuado por Alfonsín y las organizaciones, se apropió de la agenda de los derechos humanos, atribuyó a la figura de un pueblo imaginario la condena al factor militar y eximio al peronismo de la tragedia. En su lugar, Crenzel se preguntó qué sabía la sociedad mientras la represión clandestina se ponía en marcha para lo cual revisó archivos, testimonios y documentos de los familiares de desaparecidos, organismos de derechos humanos, exiliados y de las propias organizaciones armadas para reconstruir la manera en que se fue construyendo la “cifra” que sigue generando controversias que, a su juicio, debe considerar los detenidos desaparecidos que continúan en tal condición, los que estuvieron cautivos en centros clandestinos y fueron liberados, los presos políticos, los que vivieron el exilio interno, los cesanteados y lo que aún resta saber sobre los pesares humanos de los años de plomo.
* La autora es historiadora del CONICET.
