El debate en torno al proteccionismo y la apertura de la industria textil suele omitir una cuestión central: cómo lograr una integración al mundo eficiente y sostenible. En este contexto, resulta prioritario que cualquier esquema de apertura comercial esté acompañado por un ordenamiento del sistema tributario y una modernización del régimen laboral.
Mientras los industriales textiles y del sector de confección cuestionan la apertura, desde el oficialismo se sostiene que el elevado precio de la indumentaria responde, en buena medida, al esquema proteccionista vigente. Una evidencia que respalda este planteo es que, según datos del INDEC, el componente “prendas de vestir” del IPC aumentó 47% por encima de la inflación general entre diciembre de 2019 y noviembre de 2023.
El argumento tradicional a favor del proteccionismo es que promueve la inversión, la producción y el empleo nacional. Bajo esta lógica, limitar la competencia externa sería una política de “transición” que permitiría al sector ganar competitividad hasta que mejoren las condiciones internas. Sin embargo, la evidencia empírica sugiere una dinámica diferente.
De acuerdo con información de la Secretaría de Trabajo y de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, en 2012 el sector textil contaba con 118 mil asalariados registrados y aproximadamente 204 mil asalariados no registrados y cuentapropistas. En 2023, los asalariados registrados se redujeron a 105 mil, mientras que los no registrados y cuentapropistas ascendieron a 261 mil. Para 2025, los asalariados registrados habrían descendido a 97 mil, en tanto que los no registrados y cuentapropistas se ubicarían en torno a 248 mil.
En términos sintéticos, el sector textil se caracteriza por destruir empleo formal y expandir ocupaciones informales. Esta tendencia se mantuvo durante los años de mayor protección hasta 2023 y continúa bajo el actual esquema de mayor apertura. A ello se suma una profunda caída de las remuneraciones reales, que entre 2012 y 2025 se habrían reducido aproximadamente 31%. En consecuencia, el proteccionismo terminó traduciéndose en precios más altos para los consumidores, con un mercado laboral crecientemente informal y salarios en retroceso.
Desde el punto de vista estructural, la industria textil se organiza globalmente según la dotación relativa de factores de cada país. En las economías avanzadas, la cadena de valor se concentra en las etapas de mayor complejidad intelectual y mayor valor agregado —como el diseño—, mientras que en los países con menores salarios se localizan las etapas más intensivas en trabajo operativo —producción en telar y confección masiva—. La Argentina ocupa una posición intermedia en esta división internacional del trabajo, lo que refuerza la necesidad de adoptar una estrategia de inserción externa que favorezca la eficiencia.
En este marco, la integración al mundo será más sostenible si se acompaña de reformas que mejoren el entorno productivo interno. El IVA, por ejemplo, grava por igual al producto nacional y al importado. En cambio, tributos como Ingresos Brutos, Sellos, las tasas municipales sobre ventas y el Impuesto al Cheque afectan de manera mucho más intensa a la producción local que a las importaciones. Avanzar hacia un esquema que fortalezca el IVA y elimine impuestos altamente distorsivos constituye un paso clave para una apertura eficiente.
La modernización laboral opera en la misma dirección. Por un lado, mejora la competitividad de las empresas formales; por otro, otorga mayor seguridad jurídica a la tercerización de tareas operativas, reduciendo los incentivos a la informalidad.
En síntesis, contraponer apertura y proteccionismo puede resultar útil para la confrontación política, pero no necesariamente para encontrar soluciones estructurales. Diseñar una estrategia de integración al mundo eficiente y sostenible es un proceso más complejo, aunque indispensable si se aspira a un desarrollo productivo genuino.
*El autor es profesor de la Universidad del CEMA.