La cuestión de las autonomías provinciales ha sido la más importante razón de conflicto interno de la historia argentina. El fenómeno del “Mendoexit” prueba que la cuestión de fondo sigue irresoluta. Es cierto que, a pesar de las disputas entre las provincias, siempre existió un sentido de unidad nacional. Pero esta unidad se fracturó varias veces durante el siglo XIX y los enfrentamientos entre “centralistas” y “provincianos” o “unitarios” y “federales” actualizaron una y otra vez el problema en cuestión. Ya sea la guerra entre la “Liga de los Pueblos Libres” y Buenos Aires o la lucha entre la “Liga del Interior” y la “Liga Federal” o incluso durante la etapa rosista, la causa “sagrada” era la misma: hacer respetar las autonomías y lograr de Buenos Aires –cuyo poder político y económico era irrefutable– una política solidaria hacia el interior en materia aduanera. Los caudillos del siglo XIX supieron encarnar estas reivindicaciones y, más allá de las diferencias “de partidos”, defendieron ardientemente la autonomía de sus terruños. Aunque los caudillos federales son los más recordados por esta tarea, es también cierto que muchos otros (Pedro Molina, por ejemplo) defendían las mismas banderas desde posturas más “heterodoxas”.
Centralistas y caudillistas
Los constituyentes de 1853, siguiendo los lineamientos del Pacto Federal de 1831, pusieron fin a la discusión y a las guerras civiles al adoptar el federalismo como forma de organización del Estado. La incorporación de Buenos Aires y las “reformas” de 1860 no discutieron estas bases, más bien las perfeccionaron.
A partir de la presidencia de Mitre el gobierno nacional se dedicó a la tarea de someter los últimos resabios de “anarquía” de la época de los caudillos para reducir a las provincias al orden legal establecido por la Constitución. Si el federalismo estaba consagrado por la ley, era el Estado Nacional el que debía velar por los derechos de las provincias. Paulatinamente, los caudillos fueron reemplazados por “gobiernos de familia” y las alianzas entre las familias dominantes establecieron un orden “federal y liberal” que se perfeccionó durante el gobierno de Avellaneda. La “Liga de Gobernadores” partía de la base de que todas las provincias debían hacer causa común contra los lineamientos “porteñistas”. El genio político que cimentó este orden fue Avellaneda pero no logró que los resabios caudillistas resurgieran años después con Juárez Célman, quien quebró el orden liberal y federal establecido por sus predecesores y reorganizó el poder en torno a su propia persona.
Ya en el siglo XX, Yrigoyen utilizó la nueva base de legitimidad establecida por la Ley Sáenz Peña para imponer su poder personal a costa del orden federal establecido por los gobiernos liberales. El federalismo regresó a las etapas preconstitucionales y las provincias recurrieron a las herramientas que antes habían resultado útiles para oponerse al poder central. Por esa razón resurgieron caudillos locales –Lencinas, en Mendoza– para oponer la necesaria resistencia. La oposición conservadora y liberal se transformó también en un defensor del sistema federal ante algunas medidas que atentaban contra él.
El debate sobre la nacionalización del petróleo es un ejemplo concreto de este renacimiento de los conflictos entre el autonomismo y las políticas centralistas de la Nación.
A mediados del siglo XX los caudillos habían vuelto a la escena política y el federalismo estaba en peligro, pero aún era difícil suponer las consecuencias de este proceso de centralización. Bastaba que un líder carismático obtuviera la sumisión incondicional de la mayoría de la población para exigir “legítimamente” la obediencia de las provincias y demás grupos intermedios. Ese líder, indiscutido caudillo y árbitro de la política argentina por más de 30 años, fue Perón. Con Perón ya no era posible la “objeción federal”. Oponerse a Perón no era solo un levantamiento contra el “poder central” sino un atentado “contra el pueblo”. El peronismo consolidó un sistema jurídicamente “federal” pero políticamente “centralista”.
Constitución “centralista” de 1994
Muerto Perón se constató que las herramientas que los constituyentes de 1853 habían establecido en defensa del federalismo podían restaurar el orden armónico si el sistema democrático se consolidaba. Hace casi 40 años que la democracia se sostiene pero del federalismo originario nada quedó, sacrificado en la reforma de 1994. El proceso de “reparación nacional” que comenzó con Alfonsín se truncó con la eliminación del voto indirecto y la concesión de mayor poder al presidente. El federalismo se quedó sin defensa alguna contra el nuevo “centralismo electoralista”. Esta nueva “unidad de régimen” no se logró otorgando al ejecutivo nacional herramientas que atenten contra las autonomías, sino quitando al pueblo de las provincias el peso electoral relativo que tenían. La legitimidad de una mayoría popular concentrada en Buenos Aires permite hoy que la Nación imponga su voluntad y desoiga los reclamos regionales.
Si a esto se suma que muchos gobernadores ceden al poder central a cambio de beneficios, el caso mendocino se transforma en un llamado de atención, un “grito federal” de la ciudadanía frente a la Nación.
Zanjar las diferencias entre los estados debe contribuir a restaurar la armonía entre los gobiernos provinciales y la Nación para refundar un verdadero federalismo argentino.
*El autor es Licenciado en historia.
