La medicina avanza a pasos gigantes. Si no se articulan respuestas técnicas y políticas la innovación beneficiosa para la salud humana corre el riesgo de convertirse en privilegio. Hay que decidir si estos novedosos medicamentos serán un bien compartido o un lujo para pocos.
Los medicamentos de alto precio extraen recursos económicos en los sistemas de salud: pocos pacientes, gastos enormes y decisiones que definen quién accede. La innovación choca con la capacidad de pago de los servicios públicos, las prepagas y obras sociales, el PAMI, pacientes y familiares.
Pacientes relatan esperas administrativas largas y, en muchos casos, acciones judiciales para conseguir un fármaco que puede marcar la diferencia entre vivir o morir. La judicialización, aunque a menudo favorable al paciente, es lenta y desigual: quien tiene recursos y asesoría legal, suele obtener el remedio antes que quien no lo hace.
El desarrollo de estos medicamentos disruptivos fue el núcleo de la estrategia de las grandes farmacéuticas que cambió el mercado: en lugar de financiar programas de investigación interna, las farmacéuticas optan por comprar pequeñas biotecnológicas que diseñan productos prometedores, donde la incertidumbre y el riesgo implican la posibilidad de fracaso con millones de dólares en pérdidas. Esta dinámica acelera la llegada de nuevas terapias, pero también concentra poder de mercado y facilita mantener precios elevados mediante acuerdos comerciales, y extensiones de exclusividad y patentes.
En los últimos años, fármacos oncológicos, biológicos y terapias para enfermedades raras dejaron de ser un problema terapéutico para convertirse en un dilema social. Benefician a un grupo reducido de pacientes, pero su precio por tratamiento puede consumir una porción desproporcionada del presupuesto de prestadores de salud y del Estado. Un estudio del CONICET, publicado en octubre de 2022, señala que una fracción mínima de pacientes concentra una parte muy importante del gasto en medicamentos de precio alto con cifras que alarman a gestores y economistas de la salud.
La comunicación empuja la demanda. Primero se informa y persuade a los médicos, que son un factor importante y crítico en la adopción. Luego, amplía su cobertura en medios y redes sociales lo que aumenta la visibilidad de los tratamientos novedosos, generando expectativa en pacientes desesperados. El caso Ozempic para la obesidad y la diabetes mostró cómo las ventas se dispararon cuando la marca se instaló en la conversación pública a través del marketing.
La historia reciente de la industria farmacéutica ayuda a entender esta situación. A finales del siglo XX, los primeros biotecnológicos recombinantes marcaron el inicio del cambio: su precio era muy superior al de las terapias tradicionales y obligó a los sistemas de salud a replantear presupuestos. Epogen, lanzado por Amgen en 1989, fue el primer medicamento moderno de altísimo costo que trastornó al mercado. Pero fue a comienzos del siglo XXI cuando llegó el verdadero punto de quiebre entre el antes y el después. Un medicamento de Novartis dirigido contra la leucemia mieloide crónica demostró que una terapia altamente efectiva podía venderse a precio inimaginable en ese momento. Su éxito empujó a la industria hacia modelos de negocios centrados en nichos. Desde entonces, la combinación de innovación, patentes, y precios con alto valor y ganancia, se convirtió en la regla de diferenciación competitiva. Estas tecnologías están entrando rápidamente y su impacto económico es enorme. En la reciente Conferencia de Salud de J.P. Morgan, el simposio de inversión más grande de la industria, se adelantó la avalancha de nuevos medicamentos de precio alto que se espera en el corto y mediano plazo; una alerta temprana del efecto sobre la economía de la salud. Las farmacéuticas que lideran están entre las diez más grande del mundo. Facturaron en 2024, en conjunto, más de 550 mil millones de dólares, aproximadamente.
La amenaza a la economía de la salud proviene de múltiples direcciones. En el corto y mediano plazo, las terapias celulares y génicas (CART, edición genética), los anticuerpos antiamiloide para Alzheimer y los agonistas GLP1 para obesidad y diabetes son los que más preocupan por su elevado costo por paciente. Los cambios demográficos, con mayor expectativa de vida y menor natalidad; la informalidad y nuevas reglas que se vienen en la relación laboral, incluyendo, en la perspectiva, la pobreza, restarán ingresos a todo el sistema, sobresaliendo la crisis de las obras sociales y el incremento de pacientes que recurren a la salud pública porque también las prepagas se encarecen y pierden afiliados.
Pero no todo es pesimismo. Los biosimilares y genéricos biológicos ofrece una vía de ahorro, con más razón si tienen menor costo como los de la India. Sin embargo, esas soluciones requieren coordinación, capacidad técnica para evaluar costoefectividad, seguimiento de la calidad, y analizar resultados en el paciente. Además, de voluntad política para implementarlas. ¿Qué se puede hacer? Establecer acuerdos de riesgo compartido con laboratorios; garantizar criterios clínicos claros en la prescripción, y diseñar fondos de protección para pacientes que eviten la ruina económica por un tratamiento. En este sentido, la Superintendencia de Servicios de Salud de Argentina aprobó la plataforma SIGMAC como sistema oficial y obligatorio para la administración, monitoreo, validación y trazabilidad de los programas vinculados a medicamentos de alto costo.
La medicina avanza a pasos gigantes. Si no se articulan respuestas técnicas y políticas la innovación beneficiosa para la salud humana corre el riesgo de convertirse en privilegio. En este escenario, la promesa de curar podría terminar por quebrar la capacidad colectiva de acceder al bienestar. Hay que decidir si estos novedosos medicamentos serán un bien compartido o un lujo para pocos.
* El autor es especialista en Inteligencia Estratégica y Desarrollo de Negocios - heraclito.com