El ruido del tero y el silencio del poder

Porque lo tratan de malo;

El gaucho Martin Fierro, José Hernández.

La columna de Jaime Correas, publicada días atrás por este mismo medio, en respuesta a la opinión del exgobernador Arturo Lafalla sobre “El rey desnudo” recurre a una metáfora tan conocida como eficaz: el “tero”, ese pájaro que grita lejos del nido para desviar la atención. El recurso literario es atractivo, incluso seductor en su simplicidad. ¡Que menos esperar de la excelsa pluma de Jaime correas! Pero encierra un riesgo: cuando la metáfora reemplaza al argumento, la discusión pública se empobrece. Porque en materia institucional, no alcanza con sugerir intenciones; hay que responder razones.

El problema central del planteo de Correas no es su tono ni su posicionamiento, legítimos en cualquier debate democrático, sino la estrategia argumental que adopta. En lugar de confrontar el contenido de las críticas, desplaza el eje hacia quienes las formulan: sus trayectorias, sus supuestas contradicciones, sus antecedentes políticos. Es decir, incurre en lo que en lógica y en derecho se conoce como argumento ad hominem.

No se trata de una objeción menor ni de una fineza académica. El ad hominem es una de las falacias más antiguas y persistentes: consiste en invalidar una afirmación no por su falsedad o debilidad, sino por características -reales o atribuidas- de quien la emite. Es un atajo retórico que evita la discusión sustantiva. Y, en el campo institucional, es particularmente problemático, porque desvía la atención de lo verdaderamente relevante: los hechos y las estructuras de poder.

La tradición republicana, desde sus orígenes, ha sido clara en este punto. Domingo Faustino Sarmiento lo expresó con una contundencia inigualable: “las ideas no se matan”. La frase no es solo una consigna histórica; es una advertencia permanente. Las ideas no pueden ser eliminadas mediante la descalificación personal, ni neutralizadas mediante el descrédito del mensajero. Si una crítica existe y persiste, la única forma de enfrentarla es respondiéndola en el plano de las razones.

Pero hay algo más profundo aún. La discusión que Correas intenta relativizar no es una disputa coyuntural ni un intercambio de opiniones aisladas. Es una cuestión estructural: la relación entre el poder político y los límites que la Constitución le impone. Y allí es inevitable volver a Montesquieu, quien en El espíritu de las leyes formuló una de las observaciones más lúcidas sobre la naturaleza del poder: “todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él; llega hasta que encuentra límites”.

Esta afirmación no responde a una visión pesimista del ser humano, sino a una constatación histórica y empírica. El poder, por su propia dinámica, tiende a expandirse. Y precisamente por eso las repúblicas modernas se construyen sobre la base de límites, controles y equilibrios. No como un gesto de desconfianza abstracta, sino como una arquitectura institucional diseñada para contener esa tendencia.

Cuando se plantean dudas o críticas sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, o sobre la eventual existencia de mecanismos de disciplinamiento político, no se está “gritando como un tero”. Se está participando de ese debate esencial sobre los límites del poder. Y ese debate no puede ser descalificado sin afectar el corazón mismo de la cultura republicana.

En ese sentido, el voto pronunciado del juez Valerio en el caso del juez Sarmiento adquiere una relevancia que excede largamente el expediente concreto. Allí se advierte, con una claridad poco frecuente, que en contextos de predominio político sostenido puede generarse una dinámica orientada a silenciar o condicionar voces disidentes, incluso dentro del propio Poder Judicial. No mediante actos abiertamente coercitivos, sino a través de mecanismos más sutiles: presiones indirectas o configuraciones institucionales que desalientan el disenso.

Esa observación no es un exabrupto ni una sobreactuación. Es una descripción de una lógica que la teoría política y constitucional reconoce desde hace siglos: cuando el poder se concentra, los márgenes de autonomía tienden a reducirse. Y cuando esos márgenes se reducen, la calidad institucional se resiente, aun cuando las formas democráticas se mantengan intactas.

Aquí es donde la columna de Correas muestra su mayor insuficiencia. Porque al concentrarse en desacreditar a quienes critican, evita responder la pregunta fundamental: ¿existen hoy en Mendoza mecanismos efectivos de control y límites al poder, o estamos ante un proceso, gradual, pero persistente, de concentración?

La cuestión no es menor, ni puede resolverse con apelaciones retóricas. Luigi Ferrajoli ha señalado que la validez del poder en un Estado constitucional no se agota en su origen democrático, sino que depende de su sujeción a límites y garantías: el poder es legítimo en la medida en que está jurídicamente limitado. Desde esta perspectiva, la democracia no es solo un procedimiento de elección, sino un sistema de vínculos y restricciones que impiden su degradación en mera mayoría sin controles.

En el caso de Mendoza, el oficialismo ha logrado instalar una narrativa de orden, eficiencia y equilibrio fiscal. Esa narrativa puede tener fundamentos en determinados indicadores. Pero convive, al mismo tiempo, con deficiencias que no pueden ser ignoradas: reclamos sostenidos del sector productivo -25 cámaras empresariales le enviaron una carta al gobernador alertándolo- por la presión impositiva, cuestionamientos sobre la asignación del gasto público -incluyendo prioridades que parecen responder más a la coyuntura política que a necesidades estructurales como la infraestructura hídrica-. Más una creciente percepción de que ciertas decisiones institucionales responden a una lógica de consolidación hegemónica del poder que han sido señalas por diversos actores de la vida pública de Mendoza.

Nada de esto se responde señalando incoherencias personales ni apelando a metáforas descalificadoras. Nada de esto se resuelve reduciendo el debate a una cuestión de estilos o intenciones.

Tal vez, entonces, la figura del tero deba ser revisitada. Porque el verdadero problema no es que existan voces que advierten sobre posibles desvíos. El verdadero problema sería que esas voces dejaran de existir o fueran sistemáticamente deslegitimadas. En una República, el disenso no es un ruido molesto: es un mecanismo esencial de control.

Volver a Domingo Faustino Sarmiento, a Montesquieu y a Luigi Ferrajoli no es un ejercicio erudito ni ornamental. Es recordar que las tensiones que hoy se discuten en Mendoza forman parte de una tradición más amplia, en la que el poder siempre ha intentado expandirse y las instituciones han debido contenerlo.

De modo que el problema no es el volumen de las críticas, sino la voluntad de escucharlas. Cuando el poder opta por desacreditarlas en lugar de enfrentarlas, no está ganando una discusión: está achicando el espacio donde esa discusión puede darse. Y cada vez que ese espacio se reduce, lo que retrocede no es una posición política, sino la propia calidad de la vida republicana.

* El autor es abogado y consultor político.