De no modificarse la postura del PJ en el Senado, el principal bloque opositor deberá -otra vez- hacer malabares en el debate legislativo para decir que no se opone a la minería, pero -sin embargo- votar en contra, como lo confirmó días atrás la presidenta del bloque, Adriana Cano.
Emir Félix, acompañado por Marisa Uceda y Matías Stevanato, los dos candidatos que lo acompañaron en el frente Fuerza Justicialista Mendoza.
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Daniel Caballero / Los Andes El 26 de octubre el peronismo de Mendoza celebró un resultado electoral que, pese a la caída por 25 puntos frente al acuerdo entre Javier Milei y Alfredo Cornejo, logró recuperar 10 puntos respecto de los comicios de 2023. Un paso indispensable para dotar de competitividad a un partido que acumula una década de derrotas, y que le permite renovar sus esperanzas de cara al 2027 cuando -otra vez- esté en juego la Gobernación.
El dato del escrutinio definitivo, sin embargo, no logró dejar atrás un proceso muy conflictivo, plagado de amenazas de ruptura, en particular por las diferencias acumuladas entre el sector de “los intendentes” (hoy mayoritario bajo la conducción del ahora diputado nacional electo Emir Félix) y el cristinismo de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.
Sin demasiada autocrítica, mucho menos pases de factura a cielo abierto ante una nueva declinación en las urnas, la interna quedó en estado latente y por estos días incluso recrudece arrojando dudas sobre eventuales triunfos por venir.
La polémica votación en la Legislatura del proyecto PSJ Cobre Mendocino dejó demasiados interrogantes que ponen en discusión el proyecto que el peronismo quiere para el futuro de Mendoza, si como todo indica, el martes los senadores repiten el rechazo casi culposo que el PJ dio en Diputados con impulso de La Cámpora.
Pero esa no es la única razón de controversia, sino la que aflora en estos días con el armado de cara a las elecciones desdobladas de febrero, donde otra vez las rispideces entre uno y otro bando exponen las heridas que nunca se cerraron. Con un agravante, ese desorden se traslada a territorios propios: Maipú, San Rafael, Santa Rosa y La Paz, donde el riesgo es mayor.
De no modificarse la postura del PJ en el Senado, el principal bloque opositor deberá -otra vez- hacer malabares en el debate legislativo para decir que no se opone a la minería, pero -sin embargo- votar en contra, como lo confirmó días atrás la presidenta del bloque, Adriana Cano.
Dará así un duro revés a la estrategia oficial de blindar políticamente un cambio rotundo en la matriz productiva, pero también de enviar una señal contundente a la sociedad, y en especial a los inversores internacionales que miran con lupa cada paso de lo que sucede en Mendoza con esta situación.
Durante la semana, el propio gobernador le reclamó al peronismo un cambio que lo haga abandonar esa posición “ambigua, confusa, difusa…”, porque entiende -con razón- que la decisión de hacer minería en la provincia “debe ser una política de Estado”.
El peronismo parece no haber entendido que la ratificación legislativa que la ley 7.722 exige es una instancia absolutamente política, no científica (aunque sus objeciones se funden en observaciones técnicas). Para ello, ya fue todo un extenso proceso participativo en el que intervinieron organismos específicos de diversa índole y la comunidad a través de la audiencia pública.
El problema es que, con su negativa, el peronismo habilita un severo golpe sobre el principal talón de Aquiles que los sectores empresarios advierten en la 7.722: la seguridad jurídica. ¿De qué sirve tener el aval de técnicos, especialistas y distintas instancias públicas, si después por la razón que sea, los legisladores pueden rechazar un proyecto minero? Por ejemplo, una disputa intrapartidaria.
Con la proa puesta en febrero para los comicios de los departamentos que desdoblaron, el PJ sabe que se juega una parada difícil. En particular porque deberá convencer a los vecinos que votaron a La Libertad Avanza (LLA) + Cambia Mendoza (CM) que ahora elijan a Fuerza Justicialista (FJ), incluso en aquellos municipios de larga tradición peronista como Maipú o San Rafael.
La decisión de evitar mecanismos participativos para la selección de los candidatos, como una elección interna o algún congreso, avivó los planteos del kirchnerismo. Será el Consejo Provincial que integran sólo 8 personas (con obvia mayoría de los Félix y sus socios: 6 a 2) quienes decidirán las listas de concejales peronistas.
Si bien el argumento de la estrechez de los tiempos del calendario es la principal razón para no concretar una interna tiene validez, eso no impidió a los K poner el grito en el cielo, pues -dicen- que incluso están dispuestos a buscar una fórmula de unidad como la de octubre, y hasta respetar el criterio de los intendentes para las listas que se deben presentar el 3 de enero ante la Justicia Electoral. Una decisión que abre un nuevo clima de quiebre.
Más allá de las razones de unos y otros, queda expuesta la falta de diálogo hacia el interior de un partido que necesita más que nunca cohesión y unidad para sostener lo que ya tiene y no retroceder más en la Legislatura y los concejos deliberantes.
A imagen y semejanza del proceso de debate que el PJ también atraviesa a nivel nacional, urge el sinceramiento de la dirigencia y la adecuación de los dogmas partidarios a la realidad de este tiempo. Con una doctrina con capacidad de interpretar el mundo del trabajo y la Argentina industrial de mediados del siglo XX, el desafío del peronismo es tener la misma sintonía con las complejidades de este siglo XXI híper tecnológico.
Una tensión que parece resolverse cuando al peronismo le toca liderar procesos políticos, aunque siempre tropiece con una lógica proteccionista y corporativa que atenta contra sus gestiones, o al menos la evaluación histórica que de ellas se hace.
En cambio, en rol opositor, luce desorientado y contradictorio, preso de viejos eslóganes que parecen alejarlo de las demandas ciudadanas, en especial de las nuevas generaciones. Algo de esto se observa en el país y también en Mendoza.
Para ser una real oposición, imprescindible en el funcionamiento del andamiaje republicano y por ende, del sistema democrático, no sólo hay que parecer. Claro, eso es una responsabilidad mayor que excede al mero hecho de votar en contra de la agenda de desarrollo provincial.
* El autor es periodista y profesor universitario.