En pocos días se habrá de conmemorar medio siglo del último golpe militar. No se sabe bien el detalle del programa oficial pero lo cierto es que los debates prometen extenderse a lo largo del año por la importancia del acontecimiento en las reflexiones sobre el pasado y el presente nacional. No puede ser menos en tanto la última dictadura acunó los peores demonios en torno a la desaparición forzada de personas y el montaje del sistema de violencia estatal que dejó heridas difíciles de suturar. Pero los debates no se regirán solo en torno al alcance del terrorismo estatal. 1976 también condensa otras tragedias argentinas: en particular, los efectos de la crisis social y económica que la precedió y precipitó la conformación de la coalición golpista que puso término al dividido gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Allí prevalece el recuerdo de la estampida de precios y la caída de salarios que licuó las bases de apoyo del gobierno en las filas de los sindicatos peronistas. También arranca el quiebre de la estructura económica de corte industrial y mercado internista que fue seguida a lo largo de cinco décadas de planes de estabilización económica frustrados, la devaluación imparable de la moneda nacional, ciclos inflacionarios endémicos, la progresiva pérdida de trabajadores formales, el aumento creciente de trabajo informal, la irrupción de “nuevos pobres” y la conformación de bolsones de pobreza e indigencia desesperantes. La sociedad móvil, la del ascenso social por medio del ahorro familiar y de la educación pública, la Argentina de clases medias extendidas que distinguió al país entre las sociedades latinoamericanas, llegaría a su fin. A la vez, las reflexiones en torno a 1976 habrán de considerar su herencia en el sistema de partidos políticos no sólo en lo que atañe a las agrupaciones que surtieron de cuadros al gobierno militar, sino por el impacto del golpe en los realineamientos partidarios que bascularon entre la resistencia o el consentimiento. Otras problemáticas seguramente formaran parte de los balances de aquel momento crucial: el papel de los familiares de las víctimas de la represión en la denuncia pública sobre la violación de derechos humanos fundamentales, el rol de la justicia y los profesionales del derecho en el silencio o la defensa de garantías individuales, el desempeño de la Iglesia católica y otras confesiones religiosas y el accionar público (o clandestino) de intelectuales inquietos por el devenir del desarrollo, la democracia y la cultura argentina durante los años de plomo.
Pero también, el debate público (y académico) estará dinamizado por nuevos hallazgos sobre cómo gobernaron los dictadores. Un libro reciente, publicado por Alejandro Bonvecchi y Emilia Simison, analiza la manera en que el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” tuvo que compartir poder con las facciones de la coalición golpista en la represión y en la toma de decisiones de política pública. Esa fórmula de poder compartido no sólo moldeó los resultados, sino que caracterizó la trayectoria misma del régimen distinguiendo la dictadura argentina en el concierto de los gobiernos autoritarios del Cono sur. Lo hacen mediante la consulta de diversas fuentes de información, y en particular, con los archivos de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, las Actas de la Junta Militar y el Boletín Oficial. Su importancia reside en que permiten entender y evaluar lo ocurrido porque se trata de documentos creados y diseñados para circular dentro del gobierno y de las cúpulas militares, con el propósito de informar a sus miembros sobre las actividades del Poder Ejecutivo o del Legislativo. Es decir, se trata de fuentes de primera mano que demuestran el funcionamiento interno del núcleo duro del Proceso.
De su lectura emergen importantes enseñanzas. Una de ellas consiste en que los militares gobernaron “por reglas que ellos mismos se impusieron para compartir el poder y la responsabilidad sobre las políticas públicas, en general, y en particular sobre la política represiva”. No se trata de subestimar el papel de las ideologías contrainsurgentes en las que abrevaron los militares argentinos porque no eran muy distintas de las que impregnaban a las Fuerzas Armadas de Brasil, Chile o Uruguay sino en la escala y proporciones que adquirió la represión a raíz del faccionalismo interno y la incidencia de los sectores más duros. Otra novedad desdice la idea que el programa económico fue impuesto por el equipo del ministro Martínez de Hoz cuando en realidad su diseño provino de facciones rivales ligados a los altos mandos militares. La tercera novedad problematiza la idea de que la dictadura se constituyó en “agente del gran capital” aplicando políticas en su beneficio en tanto la evidencia demuestra que sus intereses fueron bloqueados por el lobby de empresas de diversos sectores.
El libro también pone en cuestión la idea de que el colapso del régimen militar fue consecuencia de la derrota en Malvinas. En su lugar los autores interpretan que su fin no fue ajeno a las “reglas que se habían impuesto para gobernar”. Es decir, a los efectos del poder compartido en torno a la guerra del Atlántico sur y la transición democrática porque se realizó bajo condiciones contrarias a las preferencias de las facciones. El análisis de los “efectos del poder compartido” de la última dictadura concluye con la comparación de los regímenes autoritarios de Brasil, Chile y España a los efectos de mostrar la singularidad argentina. Para ello, se facilita al lector un “Anexo documental” con el propósito de brindar estadísticas descriptivas sobre el funcionamiento de los ministerios, de la Comisión de Asesoramiento Legislativo y del lobby de los empresarios en ambas esferas institucionales. Con ello Bonvecchi y Simison no sólo fundamentan sus conclusiones. También incitan a formular nuevas hipótesis o conjeturas sobre el funcionamiento del último régimen militar despojándolo de enfoques que suelen priorizar el accionar de los presidentes de facto.
* La autora es historiadora del CONICET.
