Dalmiro Garay fue elegido por tercera vez consecutiva al frente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia y reconoció en alguna entrevista periodística que de alguna manera se dio lo que muchas especulaciones marcaban.
Dalmiro Garay buscará cumplir con su cometido durante los dos años que tiene por delante como presidente de la Corte: que lo logrado en cuanto a reformas se mantenga sin alteraciones.
Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza.
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Los Andes Dalmiro Garay fue elegido por tercera vez consecutiva al frente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia y reconoció en alguna entrevista periodística que de alguna manera se dio lo que muchas especulaciones marcaban.
Existía la posibilidad de reelección, que refleja, según su apreciación, un poco la necesidad que tienen en el máximo tribunal de generar acuerdos que garanticen, a su vez, seguridad jurídica, tranquilidad institucional y ejercer el rol de juez de cada uno con serenidad. Esa es su muy razonable mirada.
Hubo alguna puja previa que hizo que más de un postulante, tanto del lado del sector “cornejista” como del “peronista”, apareciera con apetencias de llegar al lugar más alto, pero los números de la elección, para la que votan entre los mismos miembros, resultaron contundentes a favor de Garay. Asunto cerrado una vez más.
Relativizó el doctor Garay la consideración existente de pertenencia o identificación partidaria de cada uno de los miembros del máximo tribunal. Sin embargo, debe reconocer el presidente supremo reelecto que muchas veces resulta inevitable dicha especulación en virtud de los antecedentes de las personas llamadas a formar parte del máximo tribunal.
Esto de ninguna manera debería conducir a las habituales especulaciones que salen a relucir, porque, en definitiva, el funcionamiento por salas que tiene la máxima jerarquía judicial provincial tiende a atemperar muchas de las posibles inclinaciones partidarias o a ahuyentar suspicacias. Y sobran antecedentes jurídicos entre la mayoría de los supremos, de uno a otro lado de la infernal grieta.
En esta oportunidad hubo sólo dos votos en contra de Garay, provenientes de Mario Adaro y de José Valerio, justamente los dos jueces que pretendían generar una alternancia en la conducción del Poder Judicial.
Adaro aparecía a priori con más complicaciones porque tiene una clara identificación partidaria previa. Era ministro de Gobierno de una gestión justicialista y también saltó a la Corte, como Garay, ante la primera vacante que se produjo. La diferencia tal vez radique en que quien lo propuso para el cargo, el entonces gobernador Celso Jaque, no tenía en aquel momento el manejo político que sí ostenta Cornejo desde que asumió por primera vez.
Valerio, en cambio, puesto en ese lugar también por Cornejo en fecha cercana a la de Garay, pese a su prédica a favor del cambio de aire en la cumbre judicial, evidentemente no pudo competir contra el respeto y encolumnamiento del resto, entre los que hay que incluir la a los filoperonistas Palermo y Gómez, que formaron parte del quinteto de votos institucionalista que se impuso. Y se terminaron repartiendo, también con el voto de los integrantes de la Corte, las dos vicepresidencias que completan la conducción del máximo tribunal.
Cornejo no ocultaba desde su primera asunción al frente del Ejecutivo provincial su deseo de priorizar la marcha de su gobierno apuntando, en gran medida, al ordenamiento de la Justicia.
A mediados de 2018 aprovechó el anuncio de la jubilación de Alejandro Pérez Hualde, destacado jurista que transitó varios años en el máximo tribunal (desde los tiempos gubernamentales de su impulsor, Julio Cobos), para nominar en ese puesto a quien fuera ya por entonces su gran intérprete político, el ministro de Gobierno Dalmiro Garay.
Garay combate contra la definición de cornejista de la primera hora que muchos políticos y analistas le atribuyen. Por eso también ante el periodismo y tras ser confirmado otra vez para presidir la Corte, aclaró que a Alfredo Cornejo lo conoció cuando le ofrecieron ser ministro de su gobierno, en 2015, y nunca antes había ni siquiera trabajado con él.
Sin embargo, ya en aquella época Cornejo despejaba algunas dudas y explicaba por qué había elegido a este abogado no político para hacerse cargo, justamente, del área de gobierno más política de todas. Definía por entonces a Garay como “un estratega jurídico en la defensa del Estado y siempre al lado del interés público. Ha liderado las reformas más ambiciosas”. “Desprenderme de Garay como ministro de Gobierno ha significado una gran pérdida. Pero estoy convencido de que será un gran aporte para el Estado mendocino y para el Poder Judicial…”. Eso sostenía el Gobernador luego de enviar a Garay a la Justicia.
Como ministro de Gobierno, Garay fue quien, a través de distintas reformas puestas en marcha, fue el por entonces mejor intérprete del concepto de gestión pública de Cornejo, en especial en los sectores a los que éste eligió en su momento como prioritarios para recibir las transformaciones: el de los influyentes y combativos gremios de estatales y también del Poder Judicial, en el cual la gestión cornejista ponía en marcha una profunda reforma.
Muy especialmente, Garay, como ministro de Cornejo, fue quien le dio forma a la mayoría de los proyectos que movilizaron, Legislatura mediante, cambios importantes en el funcionamiento de la Justicia, aspecto que el jefe radical hizo público en aquellos tiempos cuando anunció la nominación de su ministro para ir a la Suprema Corte.
Garay, de aspecto calmo y modos amables, no evitó, ya en funciones en la Corte, poner el foco en el objetivo político que le impuso el jefe del Poder Ejecutivo al que perteneció, como hoja de ruta para ejercer en lo más alto de la justicia local.
El polifuncional abogado pasaría a ser custodio y garante a la vez de la “revolución” en la Justicia que se había impuesto Cornejo como promesa de campaña y al asumir en diciembre de 2015, con modificaciones de distinta índole que permitieran mejorar el sistema, sobre todo agilizando las causas. Mendoza era por entonces una de las provincias del país con mayor lentitud en la tramitación de asuntos que llegaban a los despachos judiciales.
Por lo tanto, Garay buscará cumplir con su cometido durante los dos años que tiene por delante como presidente de la Corte: que lo logrado en cuanto a reformas se mantenga sin alteraciones. Y como dijo en alguna entrevista reciente, no tener miedo a decir que se hace política (en la justicia), pero no "política partidaria”. Gran desafío.
* El autor es periodista. [email protected]