Cuasimonedas: la experiencia del lencinismo y las “Letras de Tesorería” en Mendoza

Días atrás, el presidente Milei salió a cuestionar las declaraciones de los gobernadores de Buenos Aires y La Rioja relativas a la intención de estos mandatarios de emitir cuasimonedas en sus respectivas provincias, para garantizarse fondos con los cuales hacer frente a diversos gastos. Si bien no se opuso formalmente, el primer mandatario advirtió que las mismas constituirían una suerte de estafa a sus tenedores, en virtud de la probable pérdida de valor a la que se verían sometidas tales emisiones -por su rechazo de plano o su aceptación condicionada por parte del mercado-, advirtiendo incluso que podrían caer bajo el flagelo de la inflación.

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¿Qué puede enseñarnos la historia al respecto? Más allá de la experiencia que tuvo lugar en el marco de la crisis de 2001, donde se respetó mayormente el valor nominal de los billetes, es posible remontarse unas cuantas décadas más atrás para conocer un caso donde sí se registró el fenómeno de la desvalorización vaticinado por Milei: el de los gobiernos lencinistas en Mendoza.

Hace cien años, la provincia se vio empapelada por bonos que circularon como moneda fiduciaria, llamados “Letras de Tesorería”. Las primeras emisiones tuvieron lugar a fines del siglo XIX, pero luego fueron prohibidas por el gobierno nacional. Sin embargo, volvieron a aparecer en 1914 debido a la crisis económica generada por la Primera Guerra Mundial y luego, con fuerza, desde mayo de 1918. En algunos casos se apeló a leyes provinciales que las autorizaban para fines específicos –como el fomento del cooperativismo-, pero mayormente se esgrimieron como justificativos la falta de recursos del erario provincial y la insuficiente dotación de circulante legal (el llamado “peso moneda nacional”) en la plaza local, o bien, la carestía de monedas de níquel, que predominaban en las compras minoristas.

Los responsables de la última tanda de emisiones fueron los primeros gobernadores radicales en la provincia (José Néstor Lencinas y su hijo Carlos Washington), quienes buscaron apuntalar las condiciones de vida de los sectores populares y erigieron la redistribución del ingreso como norte de su acción en materia económica. A la postre, sin embargo, tales objetivos se vieron afectados por la fuerte desvalorización de las letras, que llegaron a recibirse (para mediados de 1924) al 40% de su valor nominal, con grave perjuicio para quienes eran tenedores de esos billetes.

Conforme señalan los historiadores Rodolfo Richard-Jorba y Patricia Barrio, la depreciación afectó principalmente los ingresos de los sectores populares, que cobraban sus salarios en letras y operaban en el comercio minorista con ellas. A partir de tal constatación, el primer autor advierte una fragrante contradicción entre la retórica de los gobiernos lencinistas y sus logros efectivos de su política en materia social. Otro dato relevante es que el propio gobierno provincial padeció complicaciones fiscales al verse afectados los ingresos a las arcas provinciales, en virtud de trasladarse el problema monetario al plano tributario.

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Si bien la situación no fue exclusiva del escenario mendocino –hubo emisiones equivalentes en San Juan y en Jujuy, lo que dio lugar a diversos intentos del Ministerio de Hacienda nacional y a la presentación de proyectos de ley en el Congreso para regular la cuestión-, la problemática fue una de las causales de la intervención federal que desplazó a Carlos W. Lencinas del poder en octubre de 1924. De hecho, el interventor nombrado por el presidente Alvear –el santafesino Enrique Mosca- recibió como mandato específico en la ley de intervención la tarea de solucionar la crisis generada por las letras, pudiendo afectar parte del presupuesto provincial para ello.

La crisis no se desató de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de una serie de factores concatenados con descuidos y argucias del propio gobierno lencinista en materia fiscal, que se fueron agravando con el tiempo y colocaron a la provincia en un callejón sin salida. Hacia 1923 se constataba una emisión incontrolada que, junto a la superposición de canjes de nuevos billetes que supuestamente venían a reemplazar a los anteriores (ya deteriorados por la mala calidad del papel) y a algunas falsificaciones -que no fueron adecuadamente perseguidas por el gobierno de entonces- desató una crisis de alcance local de singulares características, con una alta inflación local que afectó a las cuasimonedas, en un contexto que contrastaba con la economía nacional, que se mostraba recuperada y pujante.

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El gobierno de Lencinas no supo dar respuesta a tiempo y buscó utilizar políticamente el problema a su favor. Al respecto, responsabilizó a bodegueros, industriales y comerciantes por la depreciación, acusándolos de enriquecerse a costa del pueblo. La denuncia dio lugar a una suerte de “guerra” entre el joven mandatario y los sectores productivos: mientras el primero tildó a los empresarios de especuladores e intentó obtener más fondos elevando impuestos al vino, los industriales y comerciantes señalaron que el gobierno era el único responsable de la mala administración y acusaron a Lencinas de querer cargar el peso de la crisis sobre sus espaldas. Entidades como la Unión Comercio, Industria y Producción, el Centro de Almaceneros Minoristas o el Centro Vitivinícola Nacional dieron batalla en diversos frentes para deslindar responsabilidades respecto de la crítica situación y barajaron drásticas medidas, entre ellas un lockout comercial.

También quedaron en el ojo de la tormenta los bancos locales y algunas filiales de empresas y comercios de orden nacional, que comenzaron a cobrar comisiones por el cambio de letras por pesos nacionales, cada vez más difíciles de conseguir, o bien dispusieron recargos por operaciones comerciales con letras. Respecto de esto, la prensa señaló que se cumplía en Mendoza una de las leyes no escritas en materia monetaria: la moneda “mala” desplaza a la “buena” y la brecha se agrava irremediablemente. Para agosto de 1923 se empezó a percibir el encarecimiento de bienes de consumo básicos -o bien, su faltante-, siendo el más grave el caso de la carne.

Amén de la constitucionalidad de las emisiones, de la dimensión política coyuntural y de las particularidades de la “salud” de las cuentas públicas en los escenarios locales, la reaparición de las cuasimonedas como expresión de deseo de algunos gobernadores provinciales representa una señal de alerta sobre las dificultades que pueden generarse en el comercio y la vida cotidiana de la gente común con este tipo de medidas extraordinarias si no existe un marco regulatorio claro y un control estricto sobre su destino y forma de retiro.

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Al respecto, el ejemplo del lencinismo muestra a las claras cómo las buenas intenciones y la retórica pueden quedar en la nada -e incluso se puede afectar duramente las condiciones de vida de los sectores populares- si no se obra en la materia con pericia, sensatez y responsabilidad –tanto política como fiscal-. Una mala praxis en la materia puede fácilmente convertir a las emisiones en un “salvavidas de plomo”, con impacto negativo duradero en la sociedad, la economía y la propia estabilidad del sistema político.

* Barrio, P. (1918). Finanzas públicas y vitivinicultura durante el lencinismo. Mendoza, 1923-1928. Folía Histórica del Nordeste, (31), pp. 1-26.

* Richard-Jorba, R. (2020). El movimiento obrero en Mendoza. En: P. Barrio y F. R. Vázquez (Coord.), Políticas, industrias y servicios en Mendoza (1918-1943), (pp. 29-77). TeseoPress.

* El autor es historiador. UNCuyo. Conicet.