Cincuenta años atrás Los Andes titulaba su edición del 24 de marzo: “Parece ya inevitable el pronunciamiento militar”. Con ello, anunciaba lo que mantenía en vilo a la ciudadanía desde semanas atrás: la inminente irrupción de los militares en la vida pública nacional ante el descalabro económico que carcomía los salarios de las familias de clases medias y obreras, y el recrudecimiento de la violencia armada protagonizada por organizaciones guerrilleras y las políticas represivas instrumentadas por el gobierno peronista que, después de la muerte de su líder, había quedado en manos de su viuda y de la temible facción liderada por López Rega que sumergió al país en el capítulo más oscuro de su historia reciente.
El gobierno provincial no estaba al margen de la lucha entre la derecha y la izquierda peronista. La mayoría electoral obtenida en 1973 que había dado el triunfo a la fórmula encabezada por Alberto Martínez Baca y Carlos Mendoza resultó estéril para gobernar: la rivalidad entre antiguos y nuevos dirigentes en la Legislatura y los municipios, las discusiones de política pública para remontar la crisis del sector vitivinícola y frutícola, el rol desempeñado por jóvenes abogados y sindicalistas en el área de gobierno, salud y educación que despertó la furia de grupos tradicionalistas, y el juicio político al gobernador por sospechas de corrupción en la empresa estatal Giol dejaron como saldo tres intervenciones federales que estuvieron lejos de recomponer el equilibrio entre las facciones. A su vez, el clima de violencia había permeado la sociedad y al mismo Estado provincial. Entre 1974 y 1975 los atentados y secuestros de personas se habían hecho frecuentes haciendo patente los términos de la radicalización entre las organizaciones armadas de izquierda, la represión ilegal a cargo del Comando Anticomunista Mendoza – la filial de la Triple A- y el accionar del Comando Moralizador Pío XII. Las universidades y otras reparticiones estatales fueron epicentro de amenazas, cesantías y detenciones sin proceso. Justamente, el 20 de marzo, dos jóvenes militantes fueron acribillados y sus cadáveres mutilados fueron arrojados en una calle de la periferia de la ciudad.
El macabro hallazgo se convirtió en preludio de la sistemática violación de derechos humanos que siguió al golpe del 76. El alcance y escala de la represión no tardó en despertar denuncias por parte de organizaciones de familiares de las víctimas, y organismos internacionales por las que el presidente de facto, el general Jorge Rafael Videla, respondió a un periodista que los desaparecidos y los detenidos sin proceso eran “una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido”.
Los militares invocaron la tradición occidental y cristiana para fundamentar su estatuto de gobierno, formaron juntas integradas por los comandantes de las FFAA para evitar personalismos, crearon una Comisión de Asesoramiento Legislativo e intervinieron las provincias. En el reparto de jurisdicciones, Mendoza quedó bajo el control de gobernadores-interventores de la Aeronáutica secundados por dirigentes del partido demócrata que ocuparon cargos en la administración o en delegaciones del exterior. La militarización alcanzó incluso los directorios de empresas públicas y privadas. La actividad partidaria y sindical fue suprimida mientras la censura se adueñaba de los medios de comunicación y la vida cultural por lo que periodistas y artistas padecieron torturas y exilios. La política represiva se evidenció en la detención de casi trescientos presos políticos, la inacción de la justicia ante el reclamo de abogados defensores de garantías constitucionales, el montaje de centros clandestinos de detención y tormentos, la apropiación de niños y de bienes, y la desaparición de 160 personas cuyas edades oscilaban entre 20 y 40 años. Las universidades nacionales y los organismos científicos fueron escenario y artífices de la profundización del terror estatal: a la expulsión o “prescindencia” de profesores se sumó el control ideológico y personal que resultó correlativa a la clausura de carreras acusadas de promover “ideas subversivas al ser nacional”, y el desmantelamiento de bibliotecas, planes de estudio y programas de extensión reformistas.
Entretanto, la economía provincial exhibió desequilibrios a raíz de la crisis vitivinícola acechada por la drástica caída del consumo de vinos a favor de la cerveza, y el impacto negativo del accionar empresarial y financiero de la firma Greco Hnos. en el entramado de pequeños y medianos viticultores, y bodegueros trasladistas por los que el gobierno provincial junto con San Juan apeló al gobierno nacional quien dispuso la quiebra de la entidad financiera dejando secuelas difíciles de remontar.
El panorama provincial cambió en 1982. A fines de marzo la CGT convocó a una marcha en rechazo del régimen militar que selló la muerte de Benedicto Ortíz. Pero el malestar social, gremial y político se diluyó a los pocos días frente a las manifestaciones de apoyo popular a los dictadores a raíz del desembarco de tropas argentinas en Malvinas. Lo que siguió es bien sabido. La derrota en la guerra del Atlántico sur precipitó el fin de la dictadura y el llamado a elecciones. La apertura política revitalizó la actividad partidaria de la UCR y del PJ en detrimento del PD por su colaboración con los dictadores. Mientras los radicales limaron diferencias internas y se encolumnaron tras el liderazgo de Raúl Alfonsín, la galaxia peronista carecía de unificación partidaria y de liderazgos nacionales capaces de competir con el candidato radical. A esa altura, el discurso de Alfonsín había conseguido interpelar al electorado nutrido por juventudes expectantes de refundar la democracia republicana y dejar atrás la pesada herencia del autoritarismo y el factor militar que latía desde 1930 en la vida pública del país. Una democracia recuperada hace 40 años, un tanto maltrecha no solo en las formas sino en indicadores de inclusión social y bienestar humano, aunque dejó a la vista con el Nunca Más la fuerza de la constitución y la justicia para “restablecer la condición de ciudadanos de las víctimas de la violencia”, como subraya Malamud Goti.
* La autora es historiadora. Conicet y UNCuyo.
