Aunque no sea novedosa la pulsión del kirchnerismo en devastar a la justicia independiente para lograr la sumisión de todo magistrado que no le garantice impunidad, ahora, ¡vuelven a la carga!
Parecería una ficción -no lo es- que, en diciembre del 2019, cuando Cristina Fernández de Kirchner declaró por primera vez como imputada en un juicio oral ante los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF2) tuvo dos expresiones que la marcan a fuego acerca de cuáles son sus sentimientos hacia la justicia.
En una parte de los alegatos, expresó: “A mí me absolvió la historia”. Sobre el final acosó a los jueces: “¿Preguntas? Preguntas van a tener que contestar ustedes”.
Además de un desprecio irritante hacia el Tribunal Federal, de imputada-juzgada se transformó en juzgadora de los jueces de la Nación. La manía de grandeza de la Sra. Vicepresidente se despliega una vez más, con magna intensidad, en tales expresiones ante el TOF2.
La historia no le tiene guardado ningún lugar de reconocimiento absolutorio. La recordará por haber enhebrado el discurso del odio que tanto daño ha provocado. En particular, odio a la justicia independiente a la que de un modo sistemático trata de dañar.
Desde el año 2006 en que Néstor Kirchner impulsó la reforma del Consejo de la Magistratura, a través de la ley N° 26080, que les dio predominio a los miembros del gobierno, comenzando así la persecución contra los magistrados que “molestaran” al poder K.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 16 de diciembre del 2021, en los autos caratulados “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/EN -ley 26080-dto 816/99 y otro/s proceso/s de conocimiento”, anuló la reforma del Consejo de la Magistratura impulsado por Néstor Kirchner.
Sostiene el fallo que esa ley es inconstitucional y exhorta al Congreso a sancionar una nueva ley, modificatoria de la impulsada por el ex presidente, que redujo el número de consejeros de 20 a 13, dejando en manos del presidente de la nación -por vía indirecta- el poder de veto.
La referida ley excluyó al presidente de la Corte Suprema, quien ejercía la presidencia del Consejo de la Magistratura, y entre otros estragos, rompió «el equilibrio de la representación», contrariando el art. 114 de la C.N.
Del equilibrio inicial, se mutó a un manejo absoluto por parte de un gobierno que comenzaba a mostrar su afanosa vocación por debilitar la división de poderes.
Con motivo de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Fernández arremetió contra la corte, los acusó de ser “cómplices del poder económico” y pidió “modificar el funcionamiento y la integración de la C.S.J.N.”.
En el Senado de la Nación ya hubo declaraciones preocupantes, que se suman al discurso de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa. ¡Son de alta gravedad porque atacan directamente a la Corte Nacional y a sus integrantes!
La senadora Fernández Sagasti, anticipó el tratamiento de un proyecto de Consejo de la Magistratura, con críticas al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la reforma del Consejo en el 2006. “Lo que hizo la Corte es inédito. Roza el golpe institucional”, dijo. ¡Todo lo contrario Senadora! Fernández Sagasti, fiel escudera de CFK, es quien, con esas temerarias declaraciones, ¡pone en peligro a las instituciones republicanas!
El pueblo de la nación debe saber sobre estas maniobras que llevan adelante para destruir a uno de los pilares básicos de la división de poderes.
Desde la Red de Entidades por la Justicia Independiente en la Argentina (REJIA) -que integra IAED, Mendoza- se ha señalado la necesidad de que el nuevo Consejo de la Magistratura tenga los suficientes equilibrios en sus diversos estamentos que lo integran.
La nueva ley debe restituir en la presidencia del organismo a quien ejerza la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como garantía inexorable de un funcionamiento independiente ante eventuales presiones políticas.
Debe recordarse que entre sus funciones se encuentra la conformación del Jurado de enjuiciamiento, que acusa a los jueces y eventualmente puede destituirlos.
Tal organismo es la herramienta de presión desde la mencionada pérdida de los equilibrios estamentales provocada por la ley 26080 y ha funcionado como espada de Damocles para disciplinar y/o castigar a los jueces independientes.
Ante los inminentes debates parlamentarios sobre la nueva ley que regule al Consejo de la Magistratura, debemos estar atentos y proactivos, tanto ciudadanos como la oposición republicana.
