Daniel Orozco tuvo una formidable oportunidad política, inimaginable al momento de descubrir su supuesta vocación de servidor público, pero cambió ese potencial por los vicios con los que la impunidad suele tentar a incautos, arribistas o simples aprovechadores.
Daniel Orozco y Janina Ortiz. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes
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La decisión de la jueza Dolores Ramón del Tribunal Penal Colegiado 1, al elevar a juicio la causa que involucra a Daniel Orozco y Janina Ortiz (así como otros ex funcionarios de Las Heras), disparó una serie de consecuencias judiciales y políticas que empiezan a poner fin a un cúmulo de controversias públicas que atravesaron a la política en general, tanto al señalar (como al defender) al ex intendente y su esposa.
La decisión de Ramón fue en línea con lo que hace más de un año había solicitado el fiscal Juan Ticheli de la Unidad de Delitos Económicos, al entender que la investigación había finalizado y que el caso debía ser ventilado en un juicio oral y público por la malversación de más de 35 millones de pesos a través de la cooperativa Manos a la obra.
La tesis de los investigadores es que se reunieron suficientes elementos para demostrar que a través de cooperativas “fantasmas” los funcionarios se apropiaron de dinero público por lo que les correspondía la imputación de peculado. Es decir, corrupción.
Sin embargo, el giro sorpresivo se produjo esta semana cuando tras conocerse la confirmación de la elevación a juicio, la estrategia de los acusados mutó ante la encerrona judicial y la casi segura condena que surge del expediente. A través de su abogado, Raúl Burela, ofrecieron la posibilidad de un juicio abreviado que implica, nada más y nada menos, que aceptar su culpabilidad a fin de recibir una condena menor y, principalmente, evitar la cárcel.
Con esa asunción de responsabilidad, que incluye además el cumplimiento de penas en suspenso de 2 y 3 años, respectivamente, se espera la decisión del Ministerio Público Fiscal que deberá aceptar la oferta de los acusados (sujeta a una futura homologación por parte de la Justicia); pero también dirimir otros aspectos como multas o la inhabilitación para ejercer cargos públicos que impacta directamente en Ortiz, quien actualmente está suspendida como legisladora provincial, y que es la más complicada ya que enfrenta -además- otra causa por coacción, en una novela low cost de cabotaje e intrigas.
Pero la consecuencia más notable de la trama reciente es que al declararse culpables los Orozco echan por tierra las abundantes (y nunca probadas) acusaciones de persecución política e injerencia judicial que ambos sembraron desde que se conoció el caso, y que por acción de su defensa -con constantes planteos- fueron dilatando una resolución como por la que por estos días se asoma. La supuesta utilización de la Justicia para dirimir asuntos partidarios parece haber sido una burda excusa para esconder las malas prácticas de la política con artilugios procesales.
Orozco se convirtió en la revelación del radicalismo al ganar en 2015 un departamento históricamente peronista como Las Heras. Su perfil de médico de pueblo, carismático y vinculado a los adultos mayores que decidía dar el paso a la política lo transformó en un intendente que logró reelegirse en 2019 y que próximo al fin de su mandato en 2023 empezó a insinuar sus intenciones de pelear por la Gobernación para suceder a Rodolfo Suárez.
Su proyección política, desde un municipio populoso, asomaba como una alternativa dentro del oficialismo que por entonces se debatía entre un regreso o no de Alfredo Cornejo.
En paralelo, los comentarios sobre manejos despóticos en la comuna, y la creciente influencia de su pareja y secretaria de Gobierno, empezaron a ser moneda corriente en los pasillos municipales. Los audios que finalmente dieron origen a la causa tras una revelación periodística se viralizaron exponiendo un manto de sospecha, con tintes mafiosos, sobre una gestión que en cada paso sólo buscaba entronizar al líder en procura de una candidatura que no fue, al menos dentro de Cambia Mendoza. Pero sí dentro de la entonces incipiente y luego fallida Unión Mendocina (LUM), entente impulsada por Omar De Marchi con el respaldo del Pro y el Partido Demócrata (PD) principalmente, pero también peronistas y radicales críticos a Cornejo como el despechado Orozco que terminó integrando la fórmula provincial con el lujanino.
Fue en el fragor de esa campaña donde todo lo que hoy la Justicia tiene probado (al punto que los acusados se declaran culpables) fue defendido como una embestida de Cornejo a quien se lo acusó de no sólo de manejar los hilos de la Justicia, sino hasta de fomentar una campaña sucia con el armado de una causa “trucha” para debilitar las chances de sus adversarios y ex socios.
Su último derrotero fue la cercanía de personajes como José Luis Ramón o incluso acompañando la candidatura de Sergio Massa tras su desastrosa gestión en el final del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Tristes estertores sin rumbo fijo alguno.
Nadie de los que entonces militaban la presencia de Orozco en dupla con De Marchi hoy se atreven a esbozar la más mínima defensa de la pareja caída en desgracia. Es como si el paso del tiempo, incapaz de diluir la culpa y las responsabilidades, sí hubiera operado como un efecto amnésico ante la evidencia de las pruebas.
Sin dudas, Orozco tuvo una formidable oportunidad política, inimaginable al momento de descubrir su supuesta vocación de servidor público. Cambió ese potencial por los vicios con los que la impunidad suele tentar a incautos, arribistas o simples aprovechadores. Se valió de su función, pero también de los necesitados de trabajo para quienes se creaban esas cooperativas, para montar una maquinaria política perversa que le permitiera tener cada vez más poder. Una especie de enceguecimiento que sólo lo hizo estrellar.
* El autor es periodista y profesor universitario.
