La información pasó casi inadvertida en la vorágine diaria de conflictos, reclamos, denuncias y accidentes que forman parte del menú habitual de los medios. Una valoración que da cuenta de la consideración social que la educación tiene, pero también de su escasa presencia en la agenda política. La presentación de las metas educativas 2026-2027 debería haber sido analizada como la posibilidad de esperanza más concreta para la solución de muchos de los problemas que aquejan a Mendoza, pero también al país.
Aunque lejos de llorar por lo que no fue, es más productivo enfocarse en el potencial transformador de vidas e historias si lo planificado, efectivamente, se cumple. Porque la educación sigue siendo la herramienta más decisiva para revertir presentes o acaso la sucesión de pasados infructuosos de varias generaciones.
Esta semana, Alfredo Cornejo, el ministro del área, Tadeo García Zalazar junto a la ONG Argentinos por la Educación (ArgXEdu) con su director ejecutivo, Víctor Volman, expusieron un compendio de medidas que apuntan a sostener algunos avances producidos en este tiempo, pero también a forzar al sistema a mejorar su performance. Todo un desafío por lo que supone para el sector público elevar la vara, pero también por lo que esto implica en términos de determinar una política pública y sostenerla en el tiempo.
Auditoría externa
ArgXEdu se define como “una organización plural, independiente y federal que trabaja para mejorar la educación argentina”, cuya “misión es contribuir a transformar la educación a través de datos, acuerdos y campañas”. Remarcan su “independencia político-partidaria” y si bien Mendoza adhirió en 2023 al Compromiso por la Educación que impulsa en todo el país, la ratificación de ese pacto y el establecimiento de nuevas metas debería ser suficiente motivo de atención.
Estamos hablando de un compromiso que obliga anualmente a presentar metas auditables de aprendizaje e indicadores de gestión que -como se sostuvo en el encuentro- deben superar el planteo de “buenas intenciones”. Con eso no alcanza ni sirve, aunque sea políticamente muy tentador.
En especial después de la difusión de los últimos resultados de las pruebas PISA, donde si bien Mendoza tuvo un desempeño superior al promedio nacional en Ciencias y Matemáticas, quedó por debajo en Lectura, lo que significa toda una señal de alerta en la adquisición de esta habilidad básica y su capacidad posterior para otros desarrollos cognitivos.
Está claro que no se puede reducir el desempeño escolar individual, ni colectivo, mucho menos de un sistema, a un ránking de puntos que ordena a mejores y peores en un listado, pero es una fotografía con suficientes elementos de análisis que también sirve para la toma de decisiones.
Declaración jurada
Así, Mendoza hizo públicas sus intenciones respecto de avances específicos (con una mejora adicional del 2% respecto al año pasado) que apunta a lograr mejores indicadores en “alfabetización inicial y avanzada, Matemáticas, tiempo escolar efectivo, sistema de información, alerta temprana y financiamiento”. Es decir, un análisis transversal más allá de la siempre imprescindible revisión de los contenidos y las recurrentes polémicas en torno de las condiciones laborales de maestros y profesores que habrá que propender a mejorar según la prioridad establecida en el presupuesto provincial.
Así las metas comprometidas abarcan mejoras en las competencias lingüísticas para el 100% de los alumnos de Nivel Inicial, un mejor estándar (70%) de “desempeño medio o avanzado” en fluidez y comprensión lectora para el primer ciclo, y del 75% para segundo y tercer ciclo. En secundaria, la pauta establecida es más modesta (60%) para el desempeño medio o avanzado.
En el caso de Matemáticas, se pretende que el 85% de los chicos de sala de 5 tengan un “desempeño adecuado en nociones básicas”. Porcentaje que en primaria aspira alcanzar el 70% en tercer grado y 60 en quinto. En el secundario, 55% en primer año y 40% en tercero. Como se advierte, a medida que avanzan los niveles, disminuye la meta, lo cual supone una seria preocupación condicionante para adolescentes y jóvenes próximos a terminar su instrucción obligatoria, y en muchos casos, a las puertas de su inserción laboral o la continuidad de estudios superiores (en el mejor de los casos).
La exposición de objetivos también contempla la capacitación docente, el cumplimiento de los 190 días de clase, el tiempo escolar y la asistencia, y la emisión de al menos dos informes anuales del Sistema de Alerta Temprana (SAT), para que las escuelas secundarias intervengan en el caso de estudiantes en situación de riesgo.
Pero especialmente, y no es algo menor, la Provincia se compromete a “mantener entre el 28 y el 30% del presupuesto total” a la Educación. Un porcentaje alcanzado en 2014 que luego fue descendiendo acorde a un proceso casi generalizado en todo país y que en 2025 llegó casi al 25%.
Coyuntura política
La presentación del compromiso supone -además- una verdadera plataforma de exposición para García Zalazar en cuanto su equipo pregona los indicadores y la experiencia de gestión como elemento distintivo a la hora de la definición de las candidaturas para el año próximo, y en especial el de la sucesión de Cornejo.
En la puja cuerpo a cuerpo del oficialismo, a Tadeo le suma la posibilidad de diferenciarse eficientemente con temas tan trascendentes como los educativos, pero le resta -justamente- lo que marcamos al comienzo de esta columna: la escasa importancia que, más allá de lo declamativo, la dirigencia (¿tal vez la sociedad?) también le asigna.
Probablemente, la próxima discusión del proyecto de Presupuesto 2027 sea capaz de concretar con su porcentaje destinado a educación la meta más palpable. Obviamente, no es la única.
* El autor es periodista y profesor universitario.
