Arraigo territorial para obreros de viña, bodegas y contratistas

Hay una realidad que afecta a las provincias vitivinícolas: el éxodo de población de las zonas rurales hacia las zonas urbanas, población principalmente joven. Hasta puede decirse que se trasladan familias enteras.

Éste éxodo de jóvenes a zonas urbanas trae aparejada varias consecuencias, una es a nivel personal y humano, ya que los jóvenes sufren un desarraigo forzado por no tener en su lugar de origen las condiciones necesarias para el desarrollo de una vida en igualdad de oportunidades que otros. Falta de terrenos donde vivir, falta de viviendas, o en su caso viviendas sin los servicios esenciales (agua, luz, gas, etc...) o zonas alejadas de salas de primeros auxilios, plazas, centros deportivos, educacionales, etc...

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Y la otra consecuencia es el despoblamiento paulatino que se va produciendo en las zonas rurales productivas, principalmente en la vitivinícola, ocasionando graves afectaciones en la cadena productiva.

Desde el inicio de la cadena, en la más compleja y de mayor esfuerzo como lo son las tareas culturales de la viña: poda, desbrote, desyuyado, despampanado, colocación de herbicidas y riego. Familias enteras que anteriormente se dedicaban a estas tareas, ahora por falta de condiciones habitacionales y de oportunidades en las zonas rurales, deben trasladarse a las zonas urbanas. Ya desde ahí, se hace muy difícil retornar para realizar los trabajos que antes hacían, por el costo y además por una cuestión cultural que se va perdiendo de a poco, al distanciarse de las zonas de cultivo. Esto genera grandes impactos sociales y económicos.

En las tareas ya de bodega pasa lo mismo, al encontrarse las bodegas también en las zonas rurales cercanas a los cultivos. Este impacto hace que las economías regionales se vayan afectando, modificándose y uniformándose en las economías urbanas, perdiéndose de esta forma no sólo las tradiciones, sino también miles de fuentes de trabajo, complicando a los pequeños y medianos productores, que además también sus hijos sufren ese desarraigo forzoso hacia las zonas urbanas poniendo en riesgo la empresa familiar de viñas y bodegas.

En Mendoza, específicamente en el departamento de San Martin, hay distritos productores de uva y vino, distritos con grandes plantaciones de vid y con bodegas que no tienen barrios. Ni siquiera un barrio donde la gente que trabaja en dichas fincas y bodegas pueda vivir.

Esto sucede principalmente en El Ramblón, El Divisadero, y Alto Salvador. Los obreros que trabajan en las fincas y en las bodegas, deben trasladarse todos los días a su lugar de trabajo ubicado a varios kilómetros.

En épocas de crisis, cuando los aumentos de salarios no van de la mano de la suba de precios (por inflación o políticas de gobierno), el trabajador de viña es el primer afectado, debiendo abandonar su trabajo por los costos y esfuerzo que genera, buscando oportunidades en la zona urbana.

Objetivo

En forma conjunta con Miguel Montaña, se ha elaborado el presente proyecto, el cual apunta a garantizar la permanencia de los jóvenes, las familias y todo aquel que viva en las zonas rurales. Evitar el desarraigo forzado. Que familias enteras de obreros y pequeños y medianos productores puedan vivir en el lugar que eligieron, en el lugar de donde son originarios con todas las oportunidades y condiciones que podrían existir en las zonas urbanas.

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Generando soluciones habitacionales, satisfaciendo todas las clases de demandas de vivienda, facilitando la tenencia de la tierra y mejorando los servicios habitacionales existentes. También desarrollar espacios educativos, de esparcimiento, deportivos, y de salud.

Su implementación implica “Programas de políticas inclusivas” para evitar el desarraigo, la “Generación de soluciones habitacionales” para obreros con terrenos en la zona vía líneas de crédito por intermedio de sus bonos de sueldo o líneas de subsidios; también para obreros sin terrenos en la zona y con situación laboral regularizada mediante un plan de reorganización territorial, donde los obreros puedan acceder a terrenos donados, cedidos o facilitados por sus dueños, quienes tendrán beneficios directos y mediante líneas de créditos para la construcción de viviendas y para obreros sin terreno y con situación laboral irregular mediante programas de regularización registral para los empleadores, con planes de moratorias, quitas, descuentos. También se incluye a los Pequeños y medianos productores. El IPV es parte fundamental en este programa.

Para finalizar, también se encuentra previsto un “Plan de reorganización territorial” donde los tenedores de terrenos en zonas rurales puedan legitimar sus títulos y se generen conglomerados, barrios chicos, donde sus habitantes puedan desarrollarse con las mismas condiciones y oportunidades que en las zonas urbanas, garantizando el accesos a viviendas con los servicios esenciales (luz, agua, gas, etc…) y cerca de centros de salud, centros deportivos y de esparcimiento.

*El autor es abogado. Especialista en Derecho de Trabajo y Seguridad Social