Regular la interrupción voluntaria del embarazo es un asunto urgente, no solo en Argentina, sino a nivel global, porque constituye un problema social, de salud y de orden público. Mundialmente se registra una tendencia a despenalizar lo relativo a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, para ser abordado como una cuestión integral de salud pública, de justicia socioeconómica y de derechos humanos (Ver Comisión GuttmacherLancet, 2018).
El aborto, al igual que el embarazo y el parto, son eventos relativos a las capacidades reproductivas y, como tales, son cotidianos en todas las sociedades. Sin embargo, impactan mayormente sobre las mujeres, por su capacidad de gestar, pero sobre todo porque tienen la mayor carga en las responsabilidades de cuidados.
Del mismo modo que hay políticas para cuidar y atender el embarazo o el parto, los estados regulan el aborto. (En Argentina es legal cuando el embarazo es producto de violación, pone en peligro la vida o afecta la salud de quien gesta). La inexistencia de estas políticas sería descabellada. Prohibir los embarazos o los partos sería no solo inconcebible, sino impracticable, ineficaz y peligroso. Con el aborto ocurre lo mismo.
Los abortos -espontáneos o provocados- ocurren, aunque la legislación sea punitiva. Una mujer que no puede continuar con un embarazo lo interrumpirá, aunque en esa decisión peligre su vida o su libertad. El peligro de morir, de tener complicaciones o de ir presas no disuade a las mujeres, sino que las arroja a la clandestinidad, donde el riesgo es inversamente proporcional a los recursos económicos y simbólicos con que cuente y donde solo se benefician quienes lucran con la desesperación.
La función del Estado es garantizar que todas las decisiones relativas a la salud sexual y reproductiva sean tomadas con autonomía y dignidad, y poner a disposición los mecanismos de acceso necesarios para ejercer esas decisiones. Es decir que debe brindar educación sexual integral, acceso a la anticoncepción, atención y acompañamiento de los embarazos, partos y maternidades, pero también debe garantizar que los abortos sean seguros, y la única forma de hacerlo es a través de la regulación y despenalización social y legal.
El aborto no es un “problema” que se pueda eliminar con legislaciones necias: es una práctica concreta que muchas experimentan, viven y significan de diferentes modos. La urgencia que vive cada mujer que necesita abortar demanda insistentemente a los poderes e instituciones estatales que aborden el tema como una cuestión política y sanitaria (y no moral). No asumir que las mujeres abortan, evadir la cuestión como si así simplemente desapareciera y pensar que, si está prohibido, quien aborta es responsable individual de sus actos, es no asumir la responsabilidad social e institucional de las fallas y la discriminación en el acceso a la salud y a la justicia en que vive la mitad de la población. No confundamos: estar en contra de la legalización del aborto es estar a favor de la clandestinidad y sus consecuencias.
* Producción y edición: Miguel Títiro
