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El país atraviesa un período de transición política, que mucho se parece a una crisis pero que no lo es. Se trata de los cambios que todos los días se formulan en la ciudadanía respecto de los temas que le interesan y la apremian y también de las diferentes maniobras -que a veces se les llama estrategias- de los partidos políticos para dirimir con las armas más efectivas la Argentina post-kirchnerista.
Este “ambiente de transición” se apoderó del Congreso nacional que, en los últimos meses, ha debido sancionar leyes urgentes como la de Pago Soberano o como la que cambió la vieja Ley de Abastecimiento.
La primera le permitió al gobierno nacional depositar el pasado 30 de setiembre los dólares correspondientes al vencimiento del bono PAR en Nación Fideicomiso para escabullirse de las garras de los buitres y del juez Thomas Griesa, que no permite que se pague a los tenedores de bonos reestructurados hasta que no se pague a los holdouts (hoy no se sabe si la maniobra fue o no exitosa).
La segunda da herramientas poderosísimas a la Secretaría de Comercio para intervenir en cualquier momento del proceso económico para evitar una apropiación de la renta de los sectores más cercanos y ver si, a fuerza de garrote, logra contener la inflación que el mismo Gobierno permitió que se desbocara día a día durante los últimos siete años.
Pero también el Congreso ha debido sancionar leyes importantes y estructurales, diseñadas no sólo para sortear los obstáculos del hoy sino para organizar la vida de la sociedad durante las próximas décadas.
El principal ejemplo de estas leyes trascendentales es sin dudas el nuevo Código Civil y Comercial, que fue sancionado la semana pasada sólo con los votos del oficialismo.
Otro ejemplo, de vital importancia para Mendoza y para el resto de las provincias petroleras, es la modificación de la Ley de Hidrocarburos, que ayer fue tratada por el Senado.
Si durante los once años de kirchnerismo el Congreso fue muchas veces caracterizado como una “escribanía” esto ha sido porque la mayoría oficialista no somete a un debate real las normas, no acepta las propuestas de la oposición y vota casi todo lo enviado por la Casa Rosada sin tocar una sola coma.
Por supuesto que hay excepciones, pero este año las principales leyes sancionadas han tenido un proceso sumarísimo que impidió que se alcanzaran los consensos.
Esto no es entera responsabilidad del oficialismo, que aceptó crear una comisión bicameral para estudiar el origen de la deuda externa, un viejo pedido de la oposición, pero aun así no tuvo eco en las bancadas no K ya que igualmente rechazaron la ley de Pago Local de la deuda externa reestructurada.
El tratamiento del Código Civil y Comercial, una vez que a mitad de julio de 2012 la Presidencia lo envió al Legislativo, empezó teniendo tintes de pluralidad puesto que hasta último momento los dos partidos principales, el Frente para la Victoria y el radicalismo, esbozaron borradores con los puntos de acuerdo y hasta se pensó en sacar un solo dictamen de la comisión Bicameral que se creó a tal efecto.
Además, dicha comisión se paseó por casi todas las provincias (Mendoza fue una excepción) e hizo audiencias públicas para escuchar las voces de todos los sectores de la sociedad interesados.
Sin embargo, cuando llegó el momento de la verdad, el kirchnerismo le hizo cambios “de último momento” o “urgentes” como sacar de raíz la responsabilidad civil del Estado del nuevo Código y sancionar una ley aparte que da a los funcionarios y al Gobierno mejores condiciones a la hora de enfrentar un pleito entablado por un privado.
Pero el proyecto de ley también sufrió importantes modificaciones como consecuencia de un acuerdo de la Casa Rosada con la Iglesia Católica, a la que en principio se había ninguneado y que, tras la llegada de Jorge Bergoglio al Vaticano, empezó a tener un poder de lobby fenomenal no sólo ante el oficialismo sino también ante algunos partidos de la oposición.
Así fue como el Frente para la Victoria decidió sacar de su dictamen temas urticantes como la fecundación post-mortem y el alquiler de vientres y cambió la redacción del artículo 19, que es el que fija el inicio de la vida.
Una de las redactoras del anteproyecto de ley, la ex ministra de la Suprema Corte mendocina Aída Kemelmajer, había propuesto que el comienzo de la existencia humana contemplara dos momentos: desde la concepción en el vientre materno y para los casos de reproducción humana asistida cuando el embrión es implantado en la mujer.
En una jugada hacia la ortodoxia católica, el kirchnerismo obedeció una orden de la Casa Rosada y decidió dejar solamente el primer momento e incluso acotarlo.
“El comienzo de la existencia humana se produce con la concepción”, dice el artículo que fue sancionado, sin referirse si quiera al seno materno.
El temor de quienes lucharon durante cinco años para aprobar en 2013 la ley de Fertilización Asistida golpeó en todos los bloques porque de la lectura del artículo 19 podría colegirse que un embrión no implantado es también un ser humano y, por lo tanto, los procedimientos de reproducción humana asistida que utilizan varios embriones y los van descartando hasta que logran que uno anide en el vientre de la mujer, podrían considerarse ilegales.
Sin embargo, el kirchnerismo decidió seguir adelante y el senador Miguel Pichetto, titular del bloque K, admitió, instantes antes de la votación del Senado, que era importante que la Cámara baja revisara la media sanción.
Pero justamente esto fue lo que Cristina Fernández de Kirchner, tras reunirse hace unas semanas con el Papa, ordenó que no pasara. En concreto, exigió que la Cámara de Diputados votara todo a libro cerrado, sin tocar una coma, como se votó durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento el Código de Vélez Sársfield en 1869, como si se tratara de una ley urgente, que necesitaba tener promulgada cuanto antes, cuando en rigor entrará en vigencia en 2016.
Más de 130 diputados, que ingresaron a la Cámara baja en diciembre de 2013, no pudieron tener espacio para dar los debates correspondientes, no sólo sobre este artículo 19 sino sobre otros como aquel del cual se sacó el derecho al agua potable como un bien esencial.
Por eso fue que la oposición decidió no legitimar la sesión y retirarse del recinto y dejar en soledad al kirchnerismo que debió monologar durante seis horas. Solamente un grupo de legisladoras feministas oficialistas, como Adriana Puiggrós, Mónica Gutiérrez, Araceli Ferreyra, Mara Brawer o las aliadas Alicia Comelli y Ramona Pucheta objetaron este artículo 19 y metieron en la discusión un tema que siempre fue colindante: la despenalización del aborto.
Puiggrós y Gutiérrez fueron las más críticas ya que, a diferencia del resto que dijeron que “una cosa es el Código Civil y otra el Penal” (como la ultra kirchnerista Diana Conti) ellas señalaron que la legalización de la interrupción del embarazo implica modificar leyes civiles puesto que el proyecto presentado por más de 60 diputados prevé que los efectores públicos de salud realicen los abortos.
Por lo tanto, el artículo 19 del nuevo Código, con su declaración de que la vida humana comienza “con la concepción”, será sin dudas un obstáculo para la lucha de feministas y demás grupos que piden la despenalización.
En este escenario en el que el Congreso no tiene tiempo para debatir lo urgente, por la desesperación del Gobierno por encontrar herramientas para enfrentar los problemas económicos, ni lo importante, por los acuerdos políticos de la Casa Rosada con otros actores como el propio Papa o los gobernadores petroleros (en el caso de la Ley de Hidrocarburos), las leyes argentinas salen casi sin discusión -con un simulacro de debate, en el mejor de los casos- y por ello es dable esperar que pronto, cuando la Argentina deje atrás la transición política en la que se encuentra, el Parlamento deba nuevamente abocarse a enmendar muchos de los errores u omisiones que no fueron salvados en los trámites súper exprés que caracterizan a nuestro Poder Legislativo de la década kirchnerista.
Mario Fiore - [email protected] - Corresponsalía Buenos Aires