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En sólo una semana, el presidente nicaragüense Daniel Ortega consolidó la reputación autoritaria de su gobierno al allanar oficinas de algunos de los pocos disidentes que quedaban y expulsar a observadores internacionales que documentaban los abusos de su gobierno.
Las redadas contra las más prominentes organizaciones no gubernamentales del país y el allanamiento de las oficinas de medios noticiosos independientes –Confidencial y 100% Noticias– enviaron un claro mensaje: de que nadie estaba a salvo de operativos contra disidentes luego de una ola de protestas que iban cada vez más dirigidas a derrocar al presidente.
Al menos 325 personas murieron desde que comenzaron las protestas a mediados de abril y fueron sofocadas de modo violento. Unas 565 personas fueron encarceladas, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que también fue allanado.
Muchas de estas personas fueron acusadas de terrorismo, cargos que conllevan sentencias de décadas de cárcel.
"Todos los nicaragüenses estamos expuestos a que nos fabriquen cargos de leyes que ellos han fabricado para eso", dijo el fundador de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, frente a la corte de Managua.
Chamorro administró durante años el periódico sandinista La Barricada y su madre Violeta Barrios de Chamorro fue inicialmente parte de la junta sandinista de gobierno cuando el sandinismo llegó al poder. Pero ella luego abandonó el sandinismo y se lanzó a la presidencia, derrotando a Ortega en 1990.
La vicepresidenta Rosario Murillo –esposa de Ortega y también controla las comunicaciones del gobierno– rechazó un pedido de entrevista con ella u Ortega. Pero la semana pasada hizo indirecta a Chamorro y otros "traidores" en un evento con la policía.
La nueva ola de operativos de mano dura comenzó hace más de una semana, cuando legisladores leales a Ortega anularon el estatus legal a nueve organizaciones, argumentando que ellos apoyan lo que el gobierno calificó de conato de golpe de Estado, una referencia a las manifestaciones.
La policía allanó las oficinas de los grupos el 13 de diciembre por la noche, incautando computadoras y muchos documentos. Regresaron la siguiente noche y ocuparon las instalaciones.
Se pudo ver a policías con rifles viendo televisión en las oficinas de Confidencial, mientras que el personal del medio mantenía el sitio web actualizado desde cuartos de hotel, sus casas y un lugar secreto donde reorganizaron su sala de redacción.
Ortega pensó que él podía tener el control a través de partidos políticos, pero este movimiento de oposición derivó de la sociedad civil.
Cuando Chamorro fue a la sede de la policía el 15 de diciembre para averiguar qué orden avalaba el allanamiento, policías antimotines lo sacaron a él y sus trabajadores a empujones y al menos uno de sus reporteros resultó lastimado.