8 de diciembre de 2012 - 01:32

El negocio de ganar enemigos

Para ganar en la guerra autodeclarada contra Clarín, el Gobierno nacional decidió ponerse en contra a casi todas las instituciones del país. Un negocio nada redondo.

Habrá que reconocer al gobierno de Cristina Fernández una inmensa capacidad para hacer de lo complicado algo difícil, y de lo difícil algo imposible. Algunos definen a ese estilo como una muestra de audacia política, capaz de superar los peores escollos. Otros, como el producto de una incomprensible torpeza.

La Presidenta dio una carga excesiva de simbolismo épico al 7 de diciembre, fecha en que, según el catecismo cristinista, se pondría punto final a lo que ella definió como "la cadena del desánimo".

En el imaginario oficial, sería un golpe ejemplar a las corporaciones, que verían rodar la cabeza del Grupo Clarín y, por temor a correr la misma suerte, allanarían todos los caminos al Gobierno para producir sus transformaciones revolucionarias.

Es cierto que para hacer política se necesitan fantasías e ilusiones, pero mucho más se requiere de realismo.

En su afán de destruir a un enemigo, a Cristina no le importó sumar en esa categoría a otro poder del Estado, la Justicia, que es nada menos que el árbitro de su pelea principal. Como se sabe, pelearse con el referí no suele ser lo más aconsejable.

Idea fija

Por más que recibió un golpe anímico al corazón del relato que alimenta a la militancia, para el Gobierno y desde el punto de vista político, es más costoso el enfrentamiento con el Poder Judicial que la extensión de la cautelar de Clarín para mantener suspendidos dos artículos de la Ley de Medios hasta que haya una sentencia definitiva.

El documento que difundieron en forma conjunta representantes de la Corte Suprema, de los poderes judiciales provinciales y de asociaciones de magistrados de todo el país, no registra antecedentes históricos en el país.

Los jueces, en severos términos, rechazan los ataques y presiones del Gobierno y piden el respeto de su independencia.

Por cierto la Justicia argentina, como en muchos otros países, no es inmaculada. Hay corrupción al igual que en otras instituciones y los ejemplos sobran. Pero que se unifique un reclamo semejante sólo puede conseguirlo la actitud soberbia, autoritaria y avasalladora de un gobierno que bajo la consigna del "vamos por todo", no reconoce límites en el ejercicio del poder.

Desde las usinas propagandísticas del oficialismo se afirmó que el documento fue redactado en el seno de la Corte Suprema. No hay pruebas de que haya sido así. Pero quienes transitan pasillos y despachos de Tribunales aseguran que el texto, antes de ser difundido, con seguridad tuvo el visto bueno de la mayoría de los ministros de la Corte y ése no es un dato menor.

Como el mismo jueves 6 se anunció el fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial sobre la prórroga de la cautelar de Clarín, y de esa manera se derrumbaba la ilusión oficial de celebrar una ruidosa victoria, los habituales voceros del Gobierno no comentaron públicamente el documento de los jueces.

Prefirieron, en cambio, seguir atacándolos por considerarlos empleados de las corporaciones.
La Presidenta, desde Olivos y masticando indignación, ordenó disimular los efectos del golpe y seguir ofreciendo una imagen de fortaleza.

Redoblar la apuesta siempre fue un recurso utilizado por los Kirchner, aun en los momentos más delicados. Esta vez no fue la excepción. Esa tarde en Olivos se evaluó si en estas circunstancias sería posible aprobar una ley para que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias, del que están exceptuados, y otras medidas de apriete.

Cuentan en el cuarto piso de Tribunales que Cristina llamó por teléfono a dos miembros de la Corte Suprema y que de su boca salieron llamaradas.

El almanaque

Los capítulos judiciales sobre la Ley de Medios tendrán ahora continuidad con una fuerte participación de la Corte, acepte o no el mecanismo del per saltum planteado por el Gobierno.
La normativa no será aplicada a nadie hasta que no se resuelva el planteo de Clarín. Y hasta puede suceder que un fallo definitivo diga que los artículos cuestionados son constitucionales, pero que al momento de habilitarse su aplicación, comience a correr el período de un año para la desinversión. Una especie de empate.

El tiempo es ahora para el Gobierno un factor fundamental. Los problemas se acumulan, los conflictos se suceden, el malhumor social va en aumento y en breve comienza un año en el que deberá someterse a las urnas.

Sólo un gran triunfo en esas elecciones podría dar a Cristina la posibilidad de una re-reelección. Pero empecinada en la confrontación permanente, resta más de lo que suma.
¿Es audacia o torpeza política?

LAS MAS LEIDAS