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Aparte de obras públicas, estatizaciones, reformas económicas, modificaciones electorales, centenares de cuadros de La Cámpora estacionados en el Estado, leyes de todo tipo, tamaño y calidad y, entre muchas cosas, el billete de Evita, el kirchnerismo dejará un legado intangible, producto de su forma particular de entender las diferencias. Un adelanto de ese legado resplandeció en estos días. Es el trastrocamiento de la negociación como eje de la democracia.
Tres semanas atrás, el senador Aníbal Fernández anunciaba las reglas para el tratamiento parlamentario de la reforma judicial que, por suerte, había sido "chequeada en varios estamentos". El paquete de leyes "ya viene discutido y preparado", dijo Fernández con prosa de gerente de un local de comidas rápidas, un aviso para que los opositores no se molestaran siquiera en revisar la ortografía.
Se ve que en la Casa Rosada la planilla del chequeo no había estado en manos de alguien muy puntilloso, porque como mínimo se saltearon a Horacio Verbitsky (quizá la voz que más influyó sobre los Kirchner en materia de garantías constitucionales y derechos humanos) y a la cabeza del Poder Judicial, Ricardo Lorenzetti.
De manera improvisada, ambos tuvieron audiencias de último minuto y sus advertencias derivaron en sendos retoques de los textos de las leyes (Verbitsky alertó sobre la colisión de las cautelares restringidas con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y Lorenzetti explicó que si la reforma del Consejo de la Magistratura le quitaba a la Corte la administración del Poder Judicial, éste se paralizaría).
Lo de Verbitsky fue un problema de palacio. Desnudó sórdidas internas, no tanto por su esgrima pública con el viceministro Julián Álvarez como por el ocultamiento de los proyectos que le habían hecho Carlos Zannini, autor principal de la reforma, y la propia Cristina Fernández.
Pero lo de Lorenzetti descolocó a medio mundo, porque en la Argentina kirchnerizada ya nadie sabe si un diálogo entre los titulares del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial significa que la República está haciendo un pico de virtud o si se está canjeando en una rosca hedionda el manejo de 7.000 millones de pesos por futuras sentencias.
Esta última fue la interpretación de Lilita Carrió, motivo suficiente para que los voceros oficiales le renovaran a ella el diagnóstico de loca y la acusaran de convertir a Lorenzetti de santo en traidor en cuatro horas. Cosa que, de paso, hiciera menos grotesca la peregrinación de kirchneristas a Roma que comenzó un mes atrás la Presidenta, en el marco de la promo "Francisco joya, nunca Bergoglio".
Es probable que Carrió haya tenido algo de razón, aunque no toda. El problema es que con la cartografía de la democracia desteñida, una negociación legítima y una negociación espuria parecen igual de abominables: lo malo está en el sustantivo.
Si el Gobierno hubiera consultado su idea de reforma judicial con los miembros de la Corte y con los presidentes de la cámaras federales antes de escribir los proyectos, y si luego hubiera admitido un debate parlamentario franco y profundo con la oposición, Lorenzetti no habría tenido que enredarse en la telenovela de las cartas ni en conversaciones inoportunas con la Presidenta. Eso sí, antes de democratizar la Justicia habría que haber democratizado el Congreso.
