Foto:
"No queremos que en Mendoza los niños y jóvenes de sectores vulnerables sean los que enfrenten más dificultades para acceder a la escuela, que sean los que más repiten de grado, que sean los que más abandonen, que tengan aprendizajes más precarios que los niños de sectores más favorecidos.
Desde nuestra visión, la escuela es para todos. Pretendemos una educación de calidad inclusiva... Debemos desterrar para siempre esa mirada nostálgica que piensa en la excelencia educativa para unos pocos. La escuela es el camino de las oportunidades para nuestros niños y jóvenes, sea cual fuere su condición económica".
La cita es parte del discurso que el jueves leyó ante la Asamblea Legislativa el gobernador, Francisco Pérez, y aunque parece cargada de buenas intenciones y tiene un tono casi fundacional, es una negación de la historia educativa de la Argentina y de los logros del propio peronismo.
Una de las grandes transformaciones que permitió crecer a nuestro país hasta convertirse en potencia económica hace un siglo fue justamente la educación obligatoria y gratuita, que desde fines del siglo XIX posibilitó que niños de clases baja aprendieran a leer y escribir, buena parte de ellos hijos de inmigrantes.
Esa escuela fue la que arraigó e integró a la cultura y costumbres argentinas a aquellos inmigrantes que venían a "hacerse la América" y se terminaron quedando para siempre. En ella, los hijos de italianos, catalanes, vascos, polacos, alemanes, etc, aprendieron el castellano y luego se lo enseñaron a sus padres.
Fue entonces cuando se instaló la idea de que sólo la educación garantizaba el progreso, aunque muchos no avanzaran más allá de la primaria. Eran otros tiempos: desde muy chicos, niños y niñas de las clases baja debían trabajar para llevar el pan a la casa. Pero, en parte, esa deficiencia empezó a cambiar con el peronismo.
Tras la llegada de Juan Domingo Perón al poder, más allá del contexto y las críticas que puedan hacerse a su gestión, se profundizó aquella idea de inclusión y en Mendoza los hijos de contratistas, obreros de bodegas y cuentapropistas, que antes con suerte terminaban la primaria, accedieron a la secundaria e incluso a la universidad. Es la historia de miles de familias mendocinas que vivían en los bordes de la ciudad o en el campo a fines de los ´40.
Esas historias pareció negar el Gobernador en su discurso. Así como también desconoció que esa escuela exigente y de calidad no era para unos pocos como él dijo sino que era inclusiva, a su modo y en su tiempo. Ese estándar se mantuvo, aunque seguramente en declive por el contexto económico adverso, hasta fines de los 80'.
Fueron los 90' los que marcaron el principio de la caída de la calidad educativa. El kirchnerismo, que está por cumplir once años en el poder aunque a veces se expresa como si llevara sólo cuatro, no sólo no hizo nada para modificar esa tendencia negativa sino que parece haberla profundizado.
La "calidad inclusiva" de la que hablan Pérez y su directora general de Escuelas, María Inés Abrile de Vollmer, es la que hace que en primarias "urbano marginales" (como las llama el Gobierno) y del campo profundo mendocino, algunos chicos lleguen a quinto grado y lean con suma dificultad.
Esa escuela no iguala sino que parece acentuar las diferencias que Pérez dice querer desterrar. Esa escuela pública debería dar a esos chicos más herramientas que las recibidas en las privadas (cada vez con más alumnos) por los hijos de las clases media y alta. Sólo así podrá equilibrar y generar oportunidades.
Pero hoy se prioriza contener antes que educar. Por eso el Gobernador enfatiza en que no debe haber repetidores ni deserción. Basta hablar con docentes para enterarse de lo que pasa en el aula, muy lejos de los discursos edulcorados de algunos funcionarios y hasta supervisores militantes.
De eso no se habla
La negación educativa no fue la única de Pérez. En eso, aunque no la nombró ni una vez durante los 80 minutos que habló, demostró sus coincidencias profundas con la presidenta Cristina Fernández, más allá de su reciente acercamiento a Daniel Scioli.
La pobreza, que todos los estudios privados dan en alza; la inflación y su impacto en los bolsillos de los mendocinos y el propio Estado; la inseguridad que mata; la desaceleración de la economía y los meses duros que nos esperan.
Esos temas fundamentales, que en definitiva están relacionados y son "negativos" para el oficialismo, estuvieron ausentes, pese a que ningún balance ni plan de acción anual puede dejarlos afuera, porque se manifestarán como problemas recurrentes cada día.
Tal vez eso ocurre porque el Gobierno se maneja aún con los datos del Indec y cree que los mendocinos bajo la línea de pobreza son sólo el 1,7%, como lo marca el último dato brindado por el organismo nacional, que corresponde al primer semestre de 2013. Ni entonces, ni ahora, ese dato puede ser cierto. Por eso, ante la falta de información oficial, hay que quedarse con lo que dicen las mediciones de la Iglesia, consultoras y organizaciones sociales, que promedian un 30%.
Hace quince años, cuando la recesión ahogaba al fallido "modelo" menemista, el índice de pobreza era de 40%. Estamos mejor, pero no tanto como quieren hacernos creer, parece. Nuevamente: basta con recorrer algunas zonas del Gran Mendoza para confirmarlo, o ver cómo llegan los chicos a algunas escuelas, casi sin útiles y esperando el plato de comida que les sirven al mediodía.
Una causa de esta situación es la inflación, que desde 2007 no para de crecer y se disparó tras la devaluación de enero. Esa inflación que el mismo Estado sufre: el Gobierno pagó en marzo 248 mil pesos por cada nuevo móvil para la policía, a través de una contratación directa, cuando en setiembre le pedían por el mismo auto 179 mil pesos.
En seis meses, subieron 40% pero el Estado también la genera: la petrolera estatal YPF aumentó sus combustibles 34% en cuatro meses. El impacto en los fletes y por consiguiente en los precios de las mercaderías, es directo.
Todo esto en un contexto de parálisis económica, con una generación de empleo privado nula y el consumo en caída. Los patentamientos de 0 km, hasta el año pasado una buena noticia a la que apelaba a menudo la Presidenta para ensalzar su gestión, llevan dos meses con caídas que rondan el 35%.
Esto para el Gobierno tiene su lado positivo: la inflación parece haberse desacelerado y se ubicó en abril en "apenas" 2%. Aquel denostado enfriamiento de la economía finalmente llegó.
Un alto funcionario del Gobierno relacionó ese contexto económico difícil con un rebrote de la inseguridad en los últimos meses. Aunque sin aportar datos estadísticos, que el Ministerio oculta, dijo que ha habido un crecimiento de delitos como atracos a comercios, robos en casas y asaltos callejeros, que, cuando salen mal, terminan en asesinato, como pasó en el caso de Enrique Conte, en la Sexta Sección, y del turista neocelandés Nicholas Heyward, en el Parque.
Será por esto que el Gobernador en su discurso prefirió limitar su balance a algunos párrafos en los que habló de compra de equipamiento, más y más cámaras y una "lucha contra el narcotráfico" de resultados improbables aún, sin mención directa alguna al contexto y los últimos hechos.
La única "solución" que presentó contra la inseguridad fue un proyecto de ley para prohibir el traslado de más de una persona en motos de baja cilindrada, ésas que pudieron comprarse en cuotas miles de mendocinos a los que no les dan los ingresos para otro vehículo. En ellas viajan parejas, hermanos, padres e hijos.
Todos ellos, para el Gobierno, ahora son sospechosos de ser ?motochorros'. Tal vez hubiera sido mejor aquella idea de Víctor Fayad, de imprimir la patente en cascos y chalecos de todos los motociclistas y no sólo apuntar a algunos, justamente esos a los que la plata no les sobra. Raro en un gobierno que se autocataloga como progresista.
Es cierto, todos los gobernadores han buscado ocultar sus falencias y mostrar sus logros, por más pequeños que hayan sido. Celso Jaque nos acostumbró a tediosas enumeraciones de obras municipales en sus discursos. Pérez, en cambio, busca asombrar con números rimbombantes que, cuando son analizados en detalle, a veces devienen en ínfimos y otras, exagerados.
De todos, basta analizar uno de los primeros que enunció: en 2013 arribaron 2.900.000 turistas. Si se tiene en cuenta que, según los datos oficiales, la estadía promedio es de 5,6 días, entonces para llegar a aquel número espectacular Mendoza debería tener en forma constante 44.500 visitantes, colmando cada día las 32 mil plazas hoteleras, más los departamentos y cabañas.
Pero el fin de semana largo que termina hoy, según los datos del Ministerio de Turismo, fueron 25 mil los que eligieron la provincia para descansar. El promedio no da.