El 2012 no fue un año fácil para el gobierno de Cristina Kirchner: La marcha de la economía no la acompañó como los dos años anteriores, tomó decisiones que irritaron a las clases medias y al empresariado, se aisló más políticamente al deshacerse de antiguos aliados como Hugo Moyano y de algunos otros sectores del peronismo (a los que a fin de año acusó de los saqueos y de golpistas) y tuvo que lidiar con los malos resultados de las gestiones de sus propios funcionarios en áreas sensibles como el transporte (luego del fatal accidente de Once que dejó 51 muertos) o la energía (la reestatización de YPF fue consecuencia de que durante los nueve años de gobiernos K se perdió la soberanía hidrocarburífera).
Los kirchneristas más militantes aseguran con fe ciega de que todo estaba calculado, que en la Casa Rosada sabían que el año que pasó sería "todo costo" para la Presidenta, quien está determinada a dar una batalla cultural para que el modelo K perdure en el tiempo (ponen como ejemplo la pesificación de la economía argentina a través de las restricciones de acceso al dólar, cuyo fin noble es que las divisas se vuelquen pura y exclusivamente para el crecimiento del país y no ya más para el ahorro individual). Quienes cuestionan al Gobierno lógicamente señalan un alto grado de improvisación en las más polémicas medidas de 2012.
En este contexto, en el cual las encuestas de opinión pública señalan una constante baja de la imagen presidencial, Cristina Kirchner está precisando el combustible épico que su esposo y ella comenzaron a consumir adictivamente desde 2008, cuando se enfrentaron con el campo y cuando rompieron lazos con los medios de comunicación más influyentes. En 2012, la Presidenta -que venía de ganar arrolladoramente las elecciones- pudo darle al relato oficialista grandes capítulos, logrando incluso poner a la oposición de su lado, como fueron los reclamos por las Islas Malvinas, la recuperación de YPF y el pago definitivo de los Boden.
Pero el último semestre fue especialmente complicado y el Gobierno no pudo celebrar la puesta en vigor de toda la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (el 7D) y tuvo en cambio grandes movilizaciones en contra de los sectores medios y del sindicalismo por las calles de las principales ciudades del país, que despertaron a la aletargada oposición.
Por eso, urgida de épica, la Presidenta transformó astutamente un error de su gobierno en una celebración y trató a acaparar la llegada de la Fragata Libertad a Mar del Plata (foto), luego de haber estado retenida casi tres meses en Ghana a raíz de un embargo pedido por los fondos buitres (las únicas cabezas que rodaron fueron de la Armada, no de la Cancillería o del Ministerio de Defensa, que autorizan los derroteros del barco escuela).
Puesta en escena
La dependencia de este relato épico, que toma al año 2003 como el de una refundación del país y al matrimonio Kirchner como los padres de la nueva Argentina, hace que las intervenciones públicas de la Presidenta sean cada vez más teatrales. Hay una puesta en escena en cada una de ellas y un sinnúmero de detalles que hacen emerger a la jefa de Estado como la estrella indiscutida, valiéndose obviamente de sus dotes de excepcional oradora (no estamos analizando aquí las contradicciones discursivas en las que incurrió en los últimos meses, cuando el panorama se empezó a complicar para su administración).
El artilugio de teatralizar los actos de gobierno y de presentar la vida política nacional como una guerra permanente contra todos aquellos que no apoyan al kirchnerismo es un elemento central en la pedagogía K al servicio de instaurar un cambio de paradigma político, económico (a pesar de problemas nuevos como las deficiencias en la generación de empleo o la pérdida de competitividad de las economías regionales, y el viejo lastre de la inflación) y, sobre todo, social.
Pero quienes se detienen en objetar solamente los estilos o a los medios elegidos por la Presidenta para dar su batalla -la teatralización de sus actos de gobierno, la confrontación discursiva o el escarmiento a quien ose en cuestionar, como lo hizo con el actor Ricardo Darín- pasan por alto la cuestión de fondo que es que en esta creencia en una refundación del país se confunden las personas -Néstor y Cristina- con el gobierno y éste con el propio Estado.
Dicha confusión hace que no sólo los titulares del Ejecutivo sino también funcionarios y militantes kirchneristas se apropien de valores de todos los argentinos y despojen de ellos a quienes piensan diferente. Los Derechos Humanos, principal bandera del kirchnerismo, constituyen un territorio exclusivamente oficialista. Gran parte de las organizaciones de DDHH funcionan como apéndices del Gobierno y las voces disonantes de estos sectores son acalladas sistemáticamente, aun aquellas que señalan que ninguno de los Kirchner tuvo un rol destacado en la lucha por la justicia y la memoria hasta que llegaron al poder central.
En torno a esta apropiación de luchas históricas gira la pelea que se vivió estas semanas entre los organismos de Derechos Humanos por la utilización de la ex Esma como búnker político donde es posible hasta hacer un asado. En minoría, los sectores de la izquierda más radicalizada que tienen familiares desaparecidos o han estado detenidos en ese centro clandestino durante la dictadura se manifestaron en contra. Pero el Gobierno, como lo hace siempre, supeditó estas manifestaciones de personas que llevan décadas luchando a la pelea con el Grupo Clarín por la Ley de Medios y cerró la discusión con una cadena de mensajes de la Presidenta por Twitter.
La gran batalla
Este año Cristina apuesta a que la economía reverdezca para poder así imponer su mano firme en el armado electoral. Todo el mundo sabe que la gran batalla será en la provincia de Buenos Aires porque allí está Daniel Scioli, quien aspira a ser su sucesor. En el oficialismo nadie espera ni quiere que el gobernador rompa con el Frente para la Victoria y cruce el charco pero hay quienes tienen el deber de acicatearlo para tentarlo a que se desborde.
Esperan tener un mandatario débil a la hora de negociar las listas. Pero, por otro lado, ninguna figura K cosecha los votos de Scioli, por lo que la propia Presidenta no puede permitirse perderlo. Cualquier sueño re-reeleccionista implica reformar la Constitución nacional y para ello Cristina Kirchner necesita ganar en todo el país holgadamente para controlar directamente dos tercios del Congreso o para, finalizada la elección de octubre, atraer legisladores opositores a un acuerdo reformista que le permita acceder a cuatro años más de poder.
La militancia de la reforma constitucional tendrá un claro eje: la democratización del Poder Judicial. Aunque esto dependerá, en buena medida, de cómo falle la Corte Suprema sobre la Ley de Medios. Sin dudas, será ésta la pelea más apasionante del año que se inicia.
