La necesidad de modernizar el riego superficial y de aguas subterráneas

El autor remarca que se debe ir hacia una política de descentralización y amplia participación de los usuarios. Advierte que hay que trabajar sobre la contaminación para que el recurso sea sustentable.

Las recurrentes crisis económicas-financieras y los excesos de concentración de la riqueza, sin que disminuyan en forma notoria los índices de pobreza y desnutrición, ponen en cuestionamiento los modelos de producción, acumulación y distribución.

A ello se agregan en muchos casos el deterioro del medio ambiente y el aumento del calentamiento global.

Por otra parte, se observa un consumismo exacerbado y un estatismo sin Estado que alimenta el clientelismo y se aleja de las buenas prácticas republicanas.

Sólo un ejemplo: anualmente se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimento en el mundo mientras 1.000 millones de personas sufren hambre.

Un nuevo paradigma es necesario. Ello significa un nuevo modelo de producción, acumulación, inversión y consumo que tenga en cuenta: el uso racional de los recursos naturales, un mejor cuidado del medio ambiente, mayor equilibrio regional, justicia social distributiva y un Estado amigable y transparente.

Además, requiere un conjunto de objetivos de desarrollo sustentable que pasan por: buena gobernanza, erradicar la pobreza, inclusión social, sustentabilidad ambiental en energía, producción agrícola y urbanización

Ciudades amigables, verdes, producción con bajos índices de carbono, tecnologías eficientes y organización económica en el uso de la tierra y el agua para la producción de alimentos.

El agua

Respecto del agua, se impone la gestión integrada del recurso hídrico. Esto es, un proceso que permite la gestión coordinada del agua, la tierra y los recursos asociados dentro de los límites de una cuenca para optimizar y compartir equitativamente el resultante bienestar socioeconómico sin comprometer la salud de los ecosistemas vitales a largo plazo.

Desafío para Mendoza

El objetivo entonces es gestionar el recurso en el marco de una estrategia de desarrollo económico, de producción agroindustrial con una distribución equitativa del ingreso, con equilibrio territorial y un desarrollo urbano amigable.

Ello implica considerar el agua como un único recurso y, por tanto, se debe propender al uso conjunto del agua superficial y subterránea. En este último caso, se debe avanzar hacia una política de descentralización y amplia participación de los usuarios.

Al construir institucionalidad y empoderamiento de la comunidad de usuarios de agua subterránea se impedirá que se cometan actos reñidos con el racional uso del recurso y que favorezcan a determinados intereses económicos y del privilegio, con las consiguientes sospechas de falta de integridad.

La lucha contra la contaminación constituye un factor muy desafiante de la gestión para que el uso del recurso sea sustentable. En ese sentido, el principio tradicional de que “el que contamina paga” debe ser superado por “el que contamina invierte”.

Significa que el Estado no debe tener una actitud meramente fiscalista de multa y sanción, sino una acción preventiva en primera instancia para evitar los efectos perniciosos de la contaminación. Y fomentar que el agricultor, industrial o empresario que utiliza el recurso invierta en sistemas depuradores y en última instancia, haga un uso de las aguas residuales resguardando la salud de la población.

Aumentar la eficiencia en el uso del recurso es un objetivo primordial. Para ello, la acción público/privada es una condición básica. El Estado, con inversión pública en las redes primarias y secundarias. Las inspecciones de cauce, en las redes terciarias y cuaternarias. Y los productores, en sus propias parcelas.

Sólo se aprovecha en promedio un 30% del agua que erogan los ríos mendocinos. Un aprovechamiento eficiente permitiría aumentar significativamente las hectáreas cultivadas, con el consiguiente incremento de la producción y el empleo.

Necesitamos un instrumento de fomento de la inversión privada, especialmente de los pequeños y medianos productores.

En noviembre de 1999, en el cargo de superintendente del Departamento General de Irrigación, presentamos cuatro proyectos de leyes a la Legislatura de Mendoza en el marco del Plan Hídrico Provincial y con el objeto de avanzar hacia una política de Estado del agua en Mendoza.

Uno de ellos se refería a la promoción de la inversión privada en métodos eficientes de riego.

Es bueno, en ese sentido, ver otras experiencias interesantes.

Ley de fomento del riego en Chile

Desde 1985 rige en la República de Chile la ley 18.450 de fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje.

La Comisión Nacional de Riego subsidia hasta en un 90% a los productores y organizaciones de usuarios en obras de hasta 550 mil dólares y 1,370 millón respectivamente.

En los últimos 7 años se han visto favorecidos 6.815 proyectos con un aporte del Estado de 436 millones de dólares, que han mejorado la eficiencia del riego de 171.000 hectáreas.

El procedimiento de adjudicación ha probado ser eficiente y transparente. Trimestralmente la CNRiego llama a concurso público de proyectos que deben ser avalados por profesionales calificados.

En la selección se tiene en cuenta el aporte propio, la superficie a incorporar, el costo y el incremento de potencialidad del suelo. La propia ley establece una ponderación objetiva, evitando las arbitrariedades que pudieran cometerse en perjuicio de algunos de los postulantes. Y se favorece primordialmente al pequeño y mediano productor.

Conclusión

Un modelo mendocino en el marco de los nuevos paradigmas mundiales y de un plan estratégico de desarrollo socioeconómico exige un uso eficiente del agua en el sector agrícola.

Para ello, necesitamos avanzar en el uso conjunto de agua superficial y subterránea, el empoderamiento de las comunidades de usuarios de esta última, un nuevo enfoque en la lucha contra la contaminación alentando el uso de aguas residuales y, fundamentalmente, un poderoso instrumento de promoción y subsidio a los pequeños y medianos productores e inspecciones de cauce, para construir infraestructura y métodos que permitan la modernización del riego en Mendoza.

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