El presidente de Uruguay firmó el decreto reglamentario de "Ley de Muerte Digna", sancionado en octubre de 2025.
Uruguay reglamentó la ley de eutanasia.
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El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó este miércoles el decreto reglamentario que regula la eutanasia, denominado “muerte digna”, que fue aprobado en el Senado en octubre de 2025. De esta manera, Uruguay se convirtió en el tercer país de la región y undécimo en el mundo en legalizar la eutanasia activa, que se da cuando un médico induce a la muerte de un paciente en casos de extrema gravedad.
“Firmé el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha”, detalló Orsi en posteo en sus redes sociales. Asimismo, consideró que “la dignidad humana está en el centro de las decisiones mas complejas”
El mandatario señaló que firmó la ley de eutanasia “tras una conversación profunda, con raíces filosóficas, éticas y también personales, donde conviven distintas miradas, creencias y sensibilidades. Uruguay sigue construyendo acuerdo en los temas que más importan”.
"Hace 6 meses avanzamos en garantizar los cuidados paliativos, porque acompañar, aliviar y cuidar es parte esencial de cualquier decisión en este terreno", declaró.
Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, la Ley de Muerte Digna fue aprobada en el Senado, con el respaldo del oficialismo y parte de la oposición. Tras la aprobación de la misma redacción que tuvo luz verde en Diputados dos meses antes, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en regular la eutanasia por ley. Si bien Colombia y Ecuador despenalizaron hace años el procedimiento, fue a través de fallos de sus cortes constitucionales.
El informe detalla que la ley aprobada habilita la eutanasia a personas mayores de edad, “psíquicamente aptas”, que cursen la “etapa terminal de una patología incurable e irreversible”, o padezcan por ello sufrimientos “insoportables”, con “grave y progresivo deterioro” de su calidad de vida.
Cada caso será analizado por un equipo multidisciplinario en los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, con informes médicos y psicológicos, y la voluntad del paciente podrá revocarse en cualquier momento.