A pesar de que el Estado autorizó los pagos durante años, el Tribunal Superior de las Islas Canarias dictaminó que el dinero debe ser reintegrado íntegramente.
El Estado retiró esta pensión a la viuda.
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El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias condenó a una viuda a devolver 18.123,24 euros por haber acumulado durante años su pensión de viudedad con una jubilación no contributiva. La sentencia confirma que, aunque el sistema autorizó inicialmente los cobros, el cruce de datos posterior determinó que ambas prestaciones eran legalmente incompatibles.
La beneficiaria ya percibía una pensión de reforma no contributiva cuando se le otorgó la prestación de viudedad. Durante años, la propia Administración validó y registró internamente estos pagos, sugiriendo que existía una compatibilidad plena entre ambos ingresos. No obstante, una revisión posterior del encuadramiento jurídico por parte de los servicios públicos calificó los montos como cobros indebidos.
El conflicto escaló hasta el Tribunal Superior de Justicia en 2026, exponiendo las consecuencias de las revisiones administrativas tardías. El sistema detectó que las prestaciones tenían la misma finalidad de garantizar una renta mínima a la misma persona, lo cual las vuelve incompatibles en los sistemas previdenciarios europeos. La administración consideró que los pagos no debieron coexistir y procedió a la reclamación de la deuda.
Uno de los puntos determinantes del proceso judicial fue la inasistencia de la mujer a la primera audiencia en el Tribunal Social. Al no comparecer, la decisión inicial se basó únicamente en la documentación presentada por la Administración. Durante la etapa de recurso, la defensa intentó invocar la doctrina Cakarevic del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que protege la confianza legítima del ciudadano frente a errores del Estado.
Sin embargo, el Tribunal Superior consideró que este argumento era una "cuestión nueva". Al no haber sido presentado en la instancia original, resultó inadmisible para el fallo final. La resolución judicial deja en claro que el desconocimiento de las reglas de acumulación o la validación inicial por parte de funcionarios no garantiza la seguridad jurídica de los ingresos percibidos. El aumento de controles automatizados hace que estas detecciones de supuestas incompatibilidades sean cada vez más frecuentes.
