La jueza federal Angel Kelley ordenó este viernes a la administración de Donald Trump la restauración inmediata de todos los carteles informativos modificados o eliminados en los parques nacionales. El fallo dio un plazo hasta el 3 de julio para revertir los cambios que buscaron suavizar narrativas sobre masacres y ciencia climática.
Alan Spears, director de la Asociación de Conservación de Parques Nacionales, calificó la decisión como un paso contra la censura histórica. Durante el último año, el Servicio de Parques Nacionales retiró al menos 45 carteles por una directiva del Poder Ejecutivo. Entre ellos figuraba una placa en el Parque Nacional Grand Teton que documentaba el papel de un explorador en el asesinato de 173 miembros de la tribu Piegan Blackfeet.
¿Qué carteles fueron eliminados de los parques nacionales?
El conflicto escaló cuando el gobierno implementó la orden "Restaurando la Verdad y la Cordura en la Historia Americana". Esta directiva buscó eliminar contenidos públicos que dispararan críticas contra figuras del pasado estadounidense. En el Monumento Nacional Fort Sumter, los visitantes dejaron de ver las advertencias sobre cómo el aumento del nivel del mar amenazaba con inundar los muros históricos y la plaza de armas.
Los carteles sobre la esclavitud en Filadelfia también quedaron bajo vigilancia tras los cambios reportados en 2025. El patrón mostró que las remociones apuntaron sistemáticamente a contenidos vinculados al cambio climático y a episodios violentos de la historia indígena estadounidense.
La jueza calificó a los parques como "la mayor aula de América"
La jueza Kelley subrayó que el Estado tiene la responsabilidad de presentar la historia completa, no solo fragmentos favorecidos. En su fallo de 63 páginas, bloqueó futuros cambios y criticó la difusión de "medias verdades" bajo el argumento de promover la dignidad nacional. La sentencia obligó a que los textos originales regresen a sus pedestales antes del próximo aniversario de la nación.
Desde el Departamento del Interior, los portavoces tildaron a Kelley de "jueza activista" y sugirieron una posible apelación. Las organizaciones civiles que demandaron en febrero argumentaron que alterar los carteles equivalía a borrar la memoria del paisaje público.