Prometió emular la "mano dura" del presidente de El Salvador. Su país atraviesa una severa crisis en las calles por el avance del narcotráfico y la inseguridad, lejos de la fama "pacífica" de otras épocas.
Laura Fernández, nueva presidenta electa en Costa Rica
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EFE Laura Fernández, nueva presidenta electa en Costa Rica
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EFE Laura Fernández, nueva presidenta electa en Costa Rica
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EFECosta Rica amaneció este lunes con un mapa político distinto, ya que Laura Fernández, la candidata del derechista y oficialista Partido Pueblo Soberano, se impuso en las elecciones presidenciales en primera vuelta, con el 48,5 % de los votos, cuando ya se había escrutado el 88,4 % de las mesas.
La politóloga de 39 años superó con holgura el umbral del 40 % necesario para evitar el balotaje y consolidó una victoria que marca un quiebre profundo en la tradición política del país con una política que promete emular a la "mano dura" de Nayib Bukele, el mandatario salvadoreño.
Unos 3,7 millones de costarricenses participaron de los comicios, que también definieron la composición de la Asamblea Legislativa, donde Fernández contará con mayoría propia.
Según los datos preliminares del Tribunal Supremo de Elecciones, su partido obtuvo 30 de los 57 diputados, una base sólida para gobernar, aunque insuficiente para avanzar sin acuerdos en reformas estructurales que requieran dos tercios del Congreso.
La elección dejó atrás al socialdemócrata Álvaro Ramos, del histórico Partido Liberación Nacional, que alcanzó el 32,12 % de los votos. El resto de los 18 candidatos presidenciales no logró superar el 5 % de apoyo, una fragmentación que terminó de despejar el camino para el triunfo oficialista. La participación electoral llegó al 69,5 %, un nivel alto para los estándares recientes del país.
Desde una tarima montada en las afueras de un hotel de San José, Fernández celebró la victoria rodeada de militantes y habló de un “cambio profundo e irreversible”. Allí anunció su intención de fundar lo que denominó “la tercera república”, una consigna cargada de simbolismo en un país que todavía se reconoce en los consensos surgidos tras la guerra civil de 1948, cuando abolió el Ejército y redactó una nueva Constitución.
“Nos toca edificar la tercera república. El mandato que me da el pueblo soberano es claro”, dijo, mientras prometía a la oposición un gobierno de diálogo y conciliación, una definición que contrasta con el tono duro que dominó buena parte de su campaña.
Fernández asumirá el cargo el 8 de mayo, aunque evitó detallar qué implicará en términos concretos esa refundación institucional. Durante la campaña, sí adelantó su intención de reformar el Poder Judicial, revisar el funcionamiento de otras instituciones del Estado y avanzar, a largo plazo, en una reforma constitucional que permita la reelección consecutiva, hoy prohibida.
La presidenta electa construyó su figura política bajo la sombra y el respaldo explícito del actual mandatario Rodrigo Chaves, de quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación. Se presenta como su “heredera” y retoma un estilo confrontativo, con fuertes críticas al Congreso y al Poder Judicial, a los que responsabiliza por la falta de respuestas frente al avance del crimen organizado.
La inseguridad y el auge del narcotráfico fueron el eje central de su discurso. Fernández capitalizó un clima social atravesado por el miedo y el hartazgo, en un país que durante décadas se pensó a sí mismo como una excepción pacífica en Centroamérica. Hoy, Costa Rica registra una tasa récord de 17 homicidios cada 100.000 habitantes, mientras el narcotráfico convirtió sus puertos en nodos clave para la exportación de drogas hacia Estados Unidos y Europa.
En ese contexto, la candidata oficialista abrazó sin rodeos el modelo de El Salvador. No casualmente, ya la apodan la “nueva Bukele”.
Fernández prometió concluir la construcción de una megacárcel de máxima seguridad, inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador. El proyecto, bautizado Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco), tendrá capacidad para 5.100 detenidos.
Su propuesta incluye, además, estados de excepción en zonas conflictivas, un endurecimiento de penas y una revisión profunda de las garantías procesales. Para el oficialismo, los derechos individuales funcionan hoy como obstáculos que impiden combatir con eficacia al narcotráfico.
Se trata de un giro autoritario cuenta con el aval total de Rodrigo Chaves, que conserva una popularidad elevada gracias a su estilo personalista y su retórica contra las élites tradicionales. El presidente sostiene que el sistema judicial protege más a los delincuentes que a las víctimas y que el país necesita medidas extraordinarias para frenar una violencia que ya dejó de ser marginal.