El máximo tribunal de Estados Unidos sostuvo que los estados no pueden prohibir las terapias de conversión en menores y se ampara en la Primera Enmienda. La decisión generó rechazo de organismos internacionales y grupos LGTBI.
Manifestación LGTB. (ilustrativa)
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PixabayEl Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que los estados no pueden prohibir las terapias de conversión destinadas a modificar la orientación sexual o identidad de género de menores, una práctica ampliamente cuestionada por organismos internacionales y la comunidad científica.
El fallo de este martes, adoptado por ocho votos a favor y uno en contra, se basó en la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión y religión. En ese marco, el juez Neil Gorsuch sostuvo que “la Primera Enmienda constituye un escudo contra cualquier intento de imponer la ortodoxia en el pensamiento o la expresión en este país”.
La decisión judicial surge a partir de una normativa de Colorado, que desde 2019 prohíbe a profesionales de la salud mental aplicar tratamientos orientados a cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona.
Si bien el fallo no anula directamente esa ley, sí establece un precedente que podría influir en tribunales inferiores, que deberán revisar casos similares bajo este nuevo criterio.
Las terapias de conversión son consideradas como prácticas peligrosas por organismos como la ONU, que las ha calificado como una forma de tortura. Diversas investigaciones científicas advierten que no son efectivas y pueden generar graves consecuencias en la salud mental, especialmente en jóvenes.
En ese contexto, organizaciones como el Proyecto Trevor calificaron la decisión como un “trágico paso atrás”, al considerar que expone a menores a prácticas dañinas. En contrapartida, grupos conservadores y religiosos celebraron el fallo.
Desde First Liberty Institute sostuvieron que no se debe “censurar” la libertad de los profesionales, defendiendo el derecho a ofrecer este tipo de intervenciones.
De esta manera, el pronunciamiento del máximo tribunal vuelve a poner en el centro del debate el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de derechos individuales, especialmente en el caso de menores.
Mientras algunos sectores lo interpretan como una defensa de garantías constitucionales, otros advierten que el fallo podría debilitar la protección de jóvenes LGTBI frente a prácticas consideradas perjudiciales.