El expresidente Evo Morales quedó alcanzado por una nueva orden de aprehensión emitida por la Justicia boliviana en el marco de una causa impulsada por los bloqueos que afectaron al país durante 53 días.
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La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió una orden de aprehensión contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, en el marco de una investigación iniciada por los 53 días de bloqueos que afectaron al país y que derivó en una denuncia presentada por el Comité pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno.
Según el documento judicial, la medida fue dispuesta por un fiscal de la Unidad Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción, de acuerdo con información publicada por el diario La Razón y reproducida por la Agencia Noticias Argentinas.
La investigación alcanza a Evo Morales y a otras personas por presuntos delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La denuncia fue presentada a comienzos de julio por dirigentes del Comité pro Santa Cruz y posteriormente recibió el respaldo del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. Además del exmandatario, la causa también incluye al dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Marco Argollo, y al líder campesino de La Paz, Vicente Salazar.
De acuerdo con la información oficial citada en la denuncia, los 53 días de bloqueos provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos sanitarios, además de ocasionar al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 habrían perdido la vida por falta de atención médica.
El gobierno de Rodrigo Paz Pereira estimó que las pérdidas económicas derivadas de las protestas superaron los 3.000 millones de dólares.
La nueva orden de aprehensión se suma a otra vigente en una causa por presunta trata de personas. Se investiga si Morales habría mantenido una relación con una menor de edad cuando ejercía la Presidencia de Bolivia, según la acusación.
De acuerdo con la información difundida, desde 2024 el exmandatario permanece en la región del Chapare, donde cuenta con la protección de cientos de seguidores que, hasta el momento, han impedido que se concrete su detención.
