La mayoría de los fallecidos en Brasil pertenecían a la mayor organización criminal del país, según la Policía Civil. También confirmaron que casi 100 personas tenían “antecedentes penales significativos”.
Cuerpos tendidos en Río de Janeiro, Brasil.
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redesEl megaoperativo contra el grupo Comando Vermelho que terminó en una masacre en Brasil mantiene en vilo a la región. Ahora, la Policía Civil de Río de Janeiro publicó el perfil de 115 de las 117 personas fallecidas y determinó que “más del 95% tenían vínculos comprobados” con la organización criminal.
Así lo determinó el informe de la Defensoría General del Pueblo del Estado de Río de Janeiro. Solo dos casos arrojaron resultados no concluyentes. Además, se confirmó que el 54% de los identificados provenía de otros estados.
Por otra parte, la Policía Civil informó que 97 personas tenían “antecedentes penales significativos”. Entre los muertos, 59 tenían “órdenes de arresto pendientes”. El comunicado oficial reconoce que otros 17 “no tenían antecedentes penales”.
No obstante, según investigaciones posteriores, “12 mostraron evidencia de participación en el tráfico de personas en sus redes sociales”.
La lista cataloga a los fallecidos como “neutralizados” e indica que 62 de ellos son de otros estados: “19 de Pará, 9 de Amazonas, 12 de Bahía, 4 de Ceará, 2 de Paraíba, 1 de Maranhão, 9 de Goiás, 1 de Mato Grosso, 3 de Espírito Santo, 1 de São Paulo y 1 del Distrito Federal”.
Un informe policial indica que en Río de Janeiro hay “líderes de organizaciones criminales de 11 estados de la Federación, de cuatro de las cinco regiones del país”.
El principal objetivo de la operación, Edgar Alves de Andrade, alias “Doca”, líder del Comando Vermelho (CV), sigue prófugo seis días después del operativo policial.
Integrantes de la Policía de Río de Janeiro trasladan a un grupo de personas durante un operativo, este 28 de octubre de 2025, en Río de Janeiro (Brasil).
El Colegio de Abogados de Río de Janeiro creó un observatorio para monitorear la investigación sobre la aplicación de la ley por parte de la Policía Civil y Militar durante la Operación Contención.
El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó al gobierno de Río de Janeiro que preservara “todos los elementos materiales” relacionados con el operativo policial en las comunidades de Penha y Alemão, “tales como informes periciales y cadenas de custodia respectivas” , que garantizan la autenticidad y validez de la evidencia.
El objetivo es permitir “el ejercicio del control y la investigación” de las actuaciones policiales por parte del Ministerio Público, y debe garantizarse el acceso a esta información a la Defensoría del Pueblo del Estado de Río de Janeiro , escribió el magistrado, según Globo.com.
Moraes, relator de la ADPF de las Favelas -un proceso en el que la Corte Suprema estableció condiciones para las operaciones policiales en las favelas de Río- accedió a una solicitud de la Defensoría Pública de la Unión (DPU) realizada el jueves.
La agencia solicitó la “preservación íntegra de todas las pruebas periciales y la respectiva cadena de custodia, garantizando a la Defensoría Pública Federal la posibilidad de realizar un examen pericial contrario”, dado que a la Defensoría Pública de Río de Janeiro se le había impedido asistir en persona a los exámenes de los cuerpos.