Las fuerzas de seguridad liberaron varios tramos de rutas bloqueadas y permitieron el ingreso de camiones con combustible hacia las zonas más afectadas por la escasez.
Integrantes de las Fuerzas Armadas desbloquean una ruta. (archivo)
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EFE Bolivia inició un proceso de normalización del transporte y el suministro de productos esenciales luego de más de seis semanas de bloqueos y protestas que afectaron distintas regiones del país. En las últimas horas, fuerzas policiales y militares desplegaron operativos para despejar caminos y permitir nuevamente la circulación vehicular.
Como resultado de estas acciones, comenzaron a ingresar camiones cisterna con combustible hacia La Paz y otras localidades que sufrían problemas de abastecimiento.
De acuerdo con información oficial, la cantidad de puntos de bloqueo se redujo de aproximadamente 50 a 31 durante el fin de semana, un día después de que entrara en vigencia el estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz.
Los principales operativos se concentraron en el corredor vial que une La Paz con Oruro, donde efectivos de seguridad y maquinaria pesada trabajaron para remover barricadas y restablecer la circulación. La reapertura de estos caminos permitió el traslado de combustible y diésel hacia La Paz y El Alto, ciudades que enfrentaban una marcada escasez de insumos básicos.
Las protestas se desarrollaron en medio de una compleja situación económica, considerada por diversos sectores como la más grave que enfrenta Bolivia en las últimas décadas. A ello se sumó el malestar generado por problemas en la distribución de combustible que afectaron a miles de vehículos.
Las movilizaciones fueron impulsadas por organizaciones campesinas, indígenas, mineras y sectores vinculados al expresidente Evo Morales, pese al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) para suspender las medidas de fuerza.
El Gobierno dispuso la prohibición de manifestaciones y ordenó garantizar la libre circulación de personas y mercaderías ante las consecuencias económicas y sociales de los bloqueos. En paralelo, el Congreso boliviano respaldó la decisión presidencial y aprobó el decreto de estado de excepción con una amplia mayoría legislativa.
La crisis dejó un saldo significativo: faltantes de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en distintas ciudades, además de al menos 16 fallecidos, trece de ellos vinculados a dificultades para recibir atención médica a tiempo debido a los cortes de rutas. Las pérdidas económicas acumuladas fueron estimadas en unos 3.000 millones de dólares.
Mientras las autoridades buscan restablecer plenamente el abastecimiento y el transporte, sectores opositores sostienen que la crisis económica y social continúa siendo uno de los principales desafíos para la administración de Paz.