Los acuerdos políticos con Venezuela sostuvieron préstamos millonarios y proyectos estratégicos durante una década, pero cuando eso terminó también afectó a IMPSA.
Impsa resultó afectada por la caída de Venezuela.
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La relación comercial entre Argentina y Venezuela fue, durante la primera década del siglo XXI, uno de los ejemplos más acabados de cómo funcionaba la sociedad política entre Hugo Chávez y el matrimonio Kirchner. Impulsada por afinidades ideológicas, el financiamiento de la deuda Argentina por parte de Venezuela fue clave para desarrollar negocios efímeros que terminaron colapsando cuando cambió el contexto económico y político regional.
El punto de partida formal fue en 2004, con la firma del Convenio Integral de Cooperación Argentina–Venezuela, que dio origen a un fideicomiso bilateral para intercambiar petróleo por bienes y servicios. A partir de allí, el vínculo se aceleró: entre 2005 y 2007, Venezuela compró bonos argentinos y se multiplicaron las exportaciones, los contratos estatales y los proyectos de infraestructura, en un esquema con escasa intermediación privada y fuerte conducción política.
El pico de la relación llegó en 2008. En ese momento se firmaron contratos estratégicos en energía e infraestructura y se consolidaron obras de gran escala. El clima de negocios, apalancado por el alto precio internacional del petróleo, permitió compromisos multimillonarios y plazos ambiciosos. Sin embargo, también comenzaron a aparecer señales de fragilidad institucional.
Entre 2009 y 2010 surgieron denuncias por sobreprecios e intermediación, con el caso Antonini Wilson como símbolo de los cuestionamientos a la transparencia del vínculo. Aun así, la relación política se sostuvo. En 2011, con el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, hubo continuidad pese a las primeras señales de desaceleración comercial.
El 2012 marcó el último año pleno del modelo: se hicieron visibles los retrasos en los pagos y las dificultades financieras venezolanas. En 2013, tras la muerte de Hugo Chávez y la asunción de Nicolás Maduro, se congelaron pagos y se paralizaron proyectos con empresas argentinas. Un año después, la caída del precio del petróleo y la crisis de divisas en Venezuela terminaron de derrumbar el esquema comercial, consolidando deudas impagas y contratos inconclusos.
El derrotero del vínculo bilateral tuvo un impacto directo y profundo en la empresa mendocina IMPSA. Durante los años de mayor sintonía política, la firma fue protagonista de los grandes proyectos energéticos en Venezuela. De hecho, durante ese período, IMPSA debía proveer diez turbinas Kaplan de 223 megavatios, reguladores de potencia y diez generadores de 230 MVA, por un monto total de US$ 1.390 millones.
Al inicio, el proyecto avanzó según lo previsto. Pero en 2013, cuando la estatal venezolana Corpoelec entró en crisis y dejó de pagar lo estipulado, las obras se frenaron. Muchas de las turbinas quedaron como verdaderas reliquias industriales en los patios de IMPSA en Mendoza, visibles durante la etapa de gestión estatal de la compañía.
El corte de la cadena de pagos, junto con otras cinco obras de menor presupuesto que IMPSA desarrollaba también con Corpoelec, fue determinante para que la empresa entrara en default. Desde entonces, y hasta que se privatizó en febrero de 2025 y se vendió al Consorcio IAF —de accionistas estadounidenses—, en la compañía se mantuvieron negociaciones exploratorias para evaluar la posibilidad de retomar los trabajos.
Sin embargo, con la entrada de ARC Energy, la posibilidad de mantener negocios con Venezuela se diluyó. Debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos, la compañía ya no puede operar en ese país, aun cuando aquellos contratos siguen vigentes. El nuevo escenario geopolítico sugiere, a la luz de las declaraciones del presidente de EE. UU. Donald Trump, un posible giro que podría destrabar estos proyectos en algún momento.
La relación financiera entre Argentina y Venezuela fue clave durante todo ese período: los Kirchner reemplazaron a los organismos multilaterales tradicionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), por la figura de Hugo Chávez como principal prestamista.
Se decía en 2008 que con una simple llamada telefónica el Gobierno argentino lograba destrabar fondos que antes exigían meses de arduas negociaciones con Washington o Bruselas. Esta dinámica alcanzó su punto de inflexión en enero de 2006, cuando el país canceló su deuda total con el FMI por US$ 9.530 millones. Paradójicamente, el grueso de ese alivio fue cubierto por Venezuela, cuyas colocaciones de deuda argentina totalizaron US$ 9.241 millones desde 2005, convirtiéndose de facto en el nuevo —y único— prestamista de última instancia del kirchnerismo.
Sin embargo, esta supuesta “soberanía financiera” escondía otra realidad. Mientras que el FMI prestaba a tasas cercanas al 5,5%, Venezuela llegó a cobrar intereses que escalaron desde el 8,5% en 2005 hasta un 14,8% en su última operación; es decir, casi tres veces más caro que el crédito multilateral. El beneficio para el kirchnerismo no era el ahorro, sino la ausencia de condicionalidades.
Al no tener que rendir cuentas ante el FMI, el Gobierno gozó de una libertad absoluta para definir su política económica interna, lo que permitió mantener un dólar alto e intervenir el INDEC, entre otros temas.
El mecanismo operativo de esta alianza se basaba en la compra directa de bonos Boden por parte de Caracas, una maniobra que alimentaba un engranaje de beneficios cruzados. Venezuela no solo aseguraba influencia política regional, sino que sus bancos locales obtenían ganancias extraordinarias revendiendo esos títulos para operar en el mercado cambiario paralelo.