El expresidente de Bolivia no se presentó al juicio en su contra por “trata agravada de personas”. Según la fiscalía, hay más de 170 pruebas que lo vinculan en un relación con una niña, con quien habría tenido una hija.
Evo Morales en "lrebeldía", según la Justicia.
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La Justicia de Bolivia declaró en rebeldía al expresidente Evo Morales luego de que no se presentara a la audiencia inicial del juicio en su contra por una causa de trata agravada de personas. El tribunal dispuso además una orden de captura, arraigo migratorio y restricciones judiciales en su contra.
La fiscalía sostiene que reunió más de 170 pruebas dentro del expediente que investiga una presunta relación del exmandatario con una adolescente, con quien habría tenido una hija. Morales permanece actualmente en la región boliviana del Chapare, según confirmaron medios locales.
La audiencia se realizó en el Tribunal Primero de Sentencia de Tarija y estuvo encabezada por el juez Carlos Oblitas. Allí, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Luis Esteban Ortiz, indicó que se habían cumplido las formalidades necesarias para iniciar el proceso judicial.
Tras la declaratoria de rebeldía, el tribunal emitió una orden de captura contra el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), quien se encuentra actualmente en la región cocalera del Chapare.
La fiscalía investiga la presunta relación de Morales con una adolescente con la que habría tenido una hija, un caso que el expresidente no ha negado públicamente, pero que sus abogados califican de montaje, agrega la información.
El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, informó que el Ministerio Público cuenta con una base sólida para el proceso. “Se han logrado recolectar más de 170 pruebas en contra del exmandatario que sustentan la acusación de trata agravada”, aseguró Mogro.
Por su parte, el equipo jurídico de Morales, encabezado por el exprocurador Wilfredo Chávez, justificó la ausencia de su cliente alegando fallas en el procedimiento de notificación. Chávez afirmó que el proceso es una “persecución política” diseñada para desviar la atención de la crisis económica y los conflictos sociales que atraviesa el país bajo la administración de Rodrigo Paz.
En la misma línea, el abogado Nelson Cox sostuvo que el tribunal no está respetando los estándares internacionales, reiterando que la causa es una instrumentalización de la justicia que inició en 2024 bajo el gobierno de Luis Arce y que continúa en la actualidad.