La Sala 1 del STF rechazó la apelación del expresidente: Moraes, Dino y Zanin votaron por mantener la pena. La defensa prepara nuevos recursos.
El Supremo Tribunal de Brasil confirmó la condena de Jair Bolsonaro a 27 años.
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El Supremo Tribunal Federal de Brasil formó este viernes la mayoría de votos para confirmar la condena a 27 años y tres meses del expresidente Jair Bolsonaro en la acción penal por el complot golpista tras perder las elecciones de 2022, al rechazar la apelación presentada.
Hasta el momento, el ponente de la Sala Uno Alexandre de Moraes y los ministros Flávio Dino y Cristiano Zanin han votado a favor de mantener las condenas. Aún está pendiente la votación de la ministra Cármen Lúcia, informó Agencia Brasil.
El magistrado Luiz Fux no votará ya que pasó a la Segunda Sala del Tribunal tras votar a favor de la absolución de Bolsonaro.
Además de Bolsonaro, también se les denegaron las apelaciones a los siguientes ex funcionarios: el exministro y candidato a la vicepresidencia en la fórmula para 2022, Walter Braga Netto ; Almir Garnier , excomandante de la Marina; Anderson Torres , exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal; Augusto Heleno , exministro del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI); Paulo Sérgio Nogueira , exministro de Defensa; y Alexandre Ramagem , exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).
Mauro Cid, exasesor de Bolsonaro, firmó un acuerdo con la fiscalía durante las investigaciones y no apeló su condena. Ya cumple su condena en régimen abierto y le han retirado el dispositivo electrónico de vigilancia en el tobillo .
Fotografía cedida por el Supremo Tribunal Federal de Brasil que muestra al expresidente Jair Bolsonaro durante la primera audiencia este martes, en Brasilia (Brasil).
El líder ultraderechista fue hallado culpable en septiembre de haber intentado impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Los abogados alegaron “profundas injusticias” y “contradicciones” en el fallo que tiene al político de 70 años cerca de ir a la cárcel. Reclaman supuestos obstáculos para ejercer su defensa durante el juicio y buscan reducir la pena, según reportó el sitio RFI.
Hasta el momento, el juez Alexandre de Moraes, a cargo del caso, fue el primero en expresarse este viernes y rechazó todos los argumentos de la defensa.
En un extenso documento de 141 páginas al que accedió la AFP, Moraes reiteró el papel de Bolsonaro como líder de una organización criminal que, junto a varios colaboradores, conspiró para atentar contra el estado de derecho democrático.
También reafirmó la actuación del ex mandatario como instigador de los actos del 8 de enero de 2023, cuando cientos de sus seguidores asaltaron las sedes de los poderes públicos en Brasilia.
El magistrado negó la existencia de “cercenamiento de defensa”, señalando que todas las pruebas fueron puestas a disposición de los abogados. Y descartó reducir la sentencia.
“La sentencia fundamentó todas las etapas del cálculo de la pena”, escribió Moraes. El juez Flavio Dino votó poco después en el mismo sentido.
El exmandatario (2019-2022) espera la decisión en prisión domiciliaria preventiva y con prohibición de dar declaraciones públicas o usar redes sociales.
Si el resultado es desfavorable, aún cabe otra apelación, pero esta puede ser rechazada sin ser sometida a votación.
En ese caso, la condena empezaría a aplicarse y Bolsonaro podría entrar en prisión.
La Justicia notificó a Jair Bolsonaro en la Unidad de Cuidados Intensivos.
Por sus problemas de salud, la defensa puede solicitar a la corte que le permita cumplir su condena en su domicilio, tal como ocurrió con el expresidente Fernando Collor de Mello (1990-1992).
Este obtuvo en mayo prisión domiciliaria para una condena de ocho años por corrupción.
Bolsonaro sufre varias complicaciones derivadas de una puñalada en el vientre que recibió en 2018 cuando era candidato presidencial. Además fue diagnosticado recientemente con cáncer de piel, aunque las lesiones le fueron extraídas.
Tras la condena, el bolsonarismo impulsó un proyecto de ley de amnistía en el Congreso que beneficiaría al expresidente y a los participantes de los disturbios de aquel 8 de enero.
Sin embargo, la iniciativa se desinfló después de grandes protestas en varias ciudades de Brasil.
El proceso contra el mayor líder de la derecha brasileña avanza mientras Brasil y Estados Unidos recomponen su relación bilateral, tensionada precisamente por este juicio.