Tras 14 horas de intenso debate, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó en la madrugada de este miércoles el proyecto de ley que despenaliza la muerte asistida bajo determinadas condiciones.
Ahora el proyecto pasará a una comisión del Senado para su análisis. Todo apunta a que será ley.
Tras 14 horas de intenso debate, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó en la madrugada de este miércoles el proyecto de ley que despenaliza la muerte asistida bajo determinadas condiciones.
La iniciativa que tiene el nombre de "Muerte Digna" fue impulsada por el oficialista Frente Amplio. Obtuvo 64 votos a favor y 29 en contra con el apoyo de legisladores de la oposición. Ahora, la propuesta pasará a una comisión del Senado para su análisis.
El texto establece que podrán acceder a la eutanasia personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que atraviesen la etapa terminal de una enfermedad incurable y padezcan “sufrimientos insoportables”. El procedimiento exigirá instancias previas y la manifestación por escrito de la voluntad del paciente, en presencia de testigos.
“Es un proyecto de ley garantista, seguro, protector de los derechos de las personas que garantizan la eutanasia y de todos los involucrados en el procedimiento”, afirmó el diputado frenteamplista Luis Gallo. Su par Federico Preve destacó que la norma devolvería a Uruguay el papel de “referente de derechos” a nivel internacional, recordando otros avances como el voto femenino, matrimonio igualitario y la regulación del cannabis.
Desde el Partido Nacional, el diputado Andrés Grezzi criticó la propuesta, señalando que “ya existen herramientas legales y médicas para asegurar un final de vida sin dolor, sin adelantar la muerte”.
Actualmente, los cuidados paliativos están reglamentados en el país, pero el Código Penal sanciona con prisión a quien ayude a cometer suicidio. Según una encuesta de la consultora Cifra, el 62% de los uruguayos respalda la legalización de la eutanasia, mientras que un 24% se opone. De aprobarse en el Senado, Uruguay se sumaría a países como Colombia y Canadá, donde la práctica es legal y regulada.