Según determinó la investigación, la Policía allanó hasta quince centros implicados en esta trama. Los empleados eran ilegales, y permitían las torturas para no perder su sustento.
La tortura de los empleados ocurrió en España.
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Una red de explotación laboral quedó al descubierto en España tras la detención de siete personas acusadas de someter a trabajadores a condiciones degradantes. Las víctimas, en su mayoría inmigrantes sin papeles, eran obligadas a cumplir objetivos de ventas bajo amenazas y castigos humillantes.
El caso generó conmoción por el tipo de sanciones que aplicaban: quienes no alcanzaban lo solicitado eran expuestos delante de sus compañeros y castigados con prácticas vejatorias, en un contexto de extrema vulnerabilidad.
Según la investigación de la Policía Nacional, los detenidos están acusados de cometer delitos constantes contra los derechos de los trabajadores, aprovechándose de la situación irregular de muchos de ellos para imponer condiciones laborales precarias.
De acuerdo a lo comentado en el programa televisivo La mirada crítica, uno de los castigos consistía en arrojarles tartas en la cara a quienes no cumplían con los objetivos de ventas, en un acto de humillación frente al resto del personal.
El periodista Dani Montero explicó que las imágenes difundidas reflejan solo una parte de lo que ocurría dentro de la organización, y advirtió que se trata de “la punta del iceberg” de una estructura más amplia.
“Muchos de los empleados no contaban con permiso de residencia en España, lo que era utilizado por los responsables para pagar salarios muy bajos y mantenerlos en condiciones laborales deficientes”, confirmó el periodista español.
Además, los centros de trabajo no tenían una ubicación fija: iban rotando para evitar ser detectados por las autoridades. La investigación determinó que al menos 15 lugares funcionaban bajo esta misma modalidad.
El sistema de castigos no solo buscaba sancionar el bajo rendimiento. También querían disciplinar a los trabajadores a través de la exposición pública, aprovechando su imposibilidad de reclamar por miedo a perder su único sustento en un país desconocido.
"Era una cuestión de humillación frente a toda la plantilla a personas que estaban en una situación de extrema vulnerabilidad y que no podían hacer valer sus derechos porque, posiblemente, el poco sueldo que estaban cobrando era lo que determinaba si podrían comer o no", concluyó.